(CNN) – La Cámara de Representantes de EE.UU. votará este martes sobre la posibilidad de destituir al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Es la primera vez en 150 años que los legisladores podrían tomar la inusual medida de destituir a un funcionario del gabinete.
Los republicanos de la Cámara de Representantes afirman que Mayorkas ha cometido graves delitos y faltas por su manejo de la frontera sur, aunque varios expertos constitucionales han dicho que la evidencia no alcanza para respaldar esas afirmaciones.
Incluso si Mayorkas es acusado en la Cámara Baja, es muy poco probable que también lo sea en un Senado controlado por los demócratas. Los demócratas del Senado todavía están sopesando cómo responder en caso de que se vote la acusación: seguir adelante con un juicio o desestimarlo rápidamente dada su opinión de que es descaradamente político.
El intento de juicio político se produce cuando los republicanos de la Cámara de Representantes se enfrentan a una presión cada vez mayor por parte de su base para responsabilizar a la administración Biden sobre un tema clave de campaña: la frontera.
Pero los republicanos solo pueden perder tres votos de su estrecha mayoría si todos los legisladores están presentes, y un puñado de ellos aún no han indicado cómo planean votar. El representante republicano Ken Buck, de Colorado, anunció en un artículo de opinión que no votaría la acusación a Mayorkas.
El líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Tom Emmer, dijo a CNN el lunes que confía en que los republicanos tengan los votos para acusar a Mayorkas.
“Estamos reuniendo los votos republicanos”, dijo Emmer. “Estoy seguro de que lo vamos a aprobar”.
Solo un funcionario del gabinete ha sido acusado anteriormente en la historia de Estados Unidos: el secretario de Guerra, William Belknap, en 1876.
El presidente de la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Mark Green, de Tennessee, quien ha liderado el intento de juicio político, se ha estado reuniendo con algunos de los restantes republicanos que se resisten en el período previo a la votación, según fuentes del Partido Republicano.
Mientras que los republicanos en la Cámara Baja argumentan que el remedio para solucionar la crisis en la frontera sur es impugnar a Mayorkas y presionar al presidente Joe Biden para que adopte más medidas ejecutivas, sus homólogos en el Senado han trabajado con sus colegas demócratas para revelar un acuerdo fronterizo que introduzca una serie de cambios largamente esperados a la ley de inmigración. Pero el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, declaró que el acuerdo en el Senado estaba “muerto al llegar” después de que se publicara el texto, el domingo por la noche.
Si bien los republicanos han estado investigando el manejo de la frontera por parte de Mayorkas desde que recuperaron la mayoría en la Cámara de Representantes, el impulso de un rápido juicio político contra el secretario cobró fuerza el mes pasado cuando los republicanos clave de los distritos indecisos expresaron predisposición a la idea en medio de un reciente aumento de los cruces de inmigrantes en la frontera sur.
Green ha argumentado que la “negativa deliberada y sistemática a cumplir la ley” y el “abuso de confianza pública” de Mayorkas constituyen delitos graves y faltas. Green afirmó que Mayorkas se ha “extralimitado voluntariamente” en sus facultades de libertad condicional, se ha “negado a cumplir” los mandatos de detención y ha mentido al afirmar que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) tiene el “control operativo” de la frontera. Citó al juez de la Corte Suprema Samuel Alito, quien dijo que el Congreso podía “emplear las armas de la guerra entre poderes”, incluida la destitución, a la luz de la sentencia del Tribunal Supremo según la cual los estados no podían impugnar la ley federal de inmigración.
Pero una variedad de juristas han echado agua fría sobre los argumentos legales que los republicanos están utilizando para apoyar su esfuerzo de impeachment.
Alan Dershowitz, quien representó al expresidente Donald Trump en su primer juicio político, dijo que los republicanos de la Cámara de Representantes no tienen pruebas para acusar a Mayorkas.
“Independientemente de lo que Mayorkas haya hecho o no, no ha cometido soborno, traición ni delitos ni faltas graves”, escribió Dershowitz en un artículo de opinión.
El exsecretario del DHS, Michael Chertoff, que sirvió bajo el gobierno del presidente republicano George W. Bush, el experto en derecho constitucional Jonathan Turley, que ha sido llamado por los republicanos para actuar como testigo en las audiencias, y 25 profesores de Derecho han escrito sobre por qué los republicanos no han presentado pruebas contra Mayorkas que alcancen el nivel para un proceso de destitución.
Mayorkas envió una carta a los republicanos de la Cámara de Representantes para defender su trayectoria en el servicio público.
“Mi inclinación por la aplicación de la ley me fue inculcada por mis padres, quienes me trajeron a este país para escapar del comunismo de Cuba y permitirme las libertades y oportunidades que brinda nuestra democracia”, dijo Mayorkas.
Mayorkas escribió que “los problemas con nuestro sistema de inmigración fallido y obsoleto no son nuevos” y pidió al Congreso que ayude a brindar una solución legislativa a esta “cuestión históricamente divisiva”. También elogió al grupo bipartidista de senadores con el que ha trabajado por su disposición a dejar de lado sus diferencias para tratar de encontrar soluciones en la frontera.
El Departamento de Seguridad Nacional también criticó a los republicanos de la Cámara de Representantes por la próxima votación de la comisión, calificándola de “farsa” y de “distracción de otras prioridades vitales de seguridad nacional”.
En un memorando, el DHS criticó la investigación de juicio político, argumentando que no hay delitos ni faltas graves, que la investigación estaba “predeterminada desde el principio” y que el proceso es “cínico e hipócrita”.
En respuesta a los republicanos que culpan a Mayorkas por el aumento en los cruces fronterizos, el memorando del DHS afirma: “Esta administración ha deportado, devuelto o expulsado a más migrantes en tres años que la administración anterior en cuatro años”.
Al abordar la afirmación de que Mayorkas no ha logrado mantener el control operativo sobre la frontera, el DHS dijo que, según la forma en que la ley define el control operativo, “ninguna administración ha tenido jamás control operativo”.
Los demócratas de la Comisión de Seguridad Nacional han criticado repetidamente a sus colegas republicanos por sus esfuerzos para destituir a Mayorkas y han publicado un informe calificando los intentos del Partido Republicano como “una farsa”.
Mientras tanto, la Casa Blanca emitió un comunicado calificando la resolución para acusar a Mayorkas como “un acto de represalia política inconstitucional y sin precedentes que no haría nada para resolver los desafíos que enfrenta nuestra nación para asegurar la frontera”.
En lugar de iniciar formalmente una investigación de juicio político con una votación en la Cámara de Representantes, el intento del Partido Republicano para acusar a Mayorkas se ha llevado a cabo unilateralmente a través de la Comisión de Seguridad Nacional, a diferencia de la Comisión Judicial de la Cámara, donde normalmente se originan los artículos de juicio político, aunque no es un requisito constitucional.
En la fase de investigación, los republicanos de la Comisión de Seguridad Nacional celebraron 10 audiencias, publicaron cinco informes provisionales y realizaron 11 entrevistas transcritas con agentes actuales y anteriores de la Patrulla Fronteriza. Pero desde que se inició la investigación, el panel liderado por el Partido Republicano ha celebrado solo dos audiencias y ha decidido seguir adelante con los artículos de juicio político sin darle al secretario la oportunidad de testificar.
Los republicanos invitaron a Mayorkas a testificar en una audiencia de juicio político el 18 de enero, pero el secretario del DHS dijo que recibiría a miembros del gabinete mexicano para discutir la vigilancia fronteriza y pidió trabajar con la Comisión para programar una fecha diferente, según una carta obtenida por CNN.
Lauren Fox, de CNN, contribuyó a este informe.