(CNN) – El oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se acercó más a la postulación del presidente Nicolás Maduro para las elecciones de este año, al señalar este lunes que los militantes que participaron en asambleas consultivas quieren que él sea su candidato.
El PSUV dijo en un comunicado que más de 4,2 millones de personas que formaron parte de estos ejercicios se pronunciaron “de manera unitaria” para que Maduro sea su candidato presidencial en los comicios convocados para el 28 de julio.
La formalización de la candidatura de Maduro se daría el próximo viernes 15 de marzo, en un encuentro anunciado por el PSUV desde la semana pasada.
Desde enero, líderes del PSUV han adelantado la postulación de Maduro. A finales de ese mes, el diputado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, se refirió a Maduro como “nuestro candidato”.
Y este lunes, el primer vicepresidente del partido, Diosdado Cabello, se pronunció en el mismo sentido. “Las bases del PSUV decidieron, Nicolás Maduro candidato presidencial”, dijo Cabello en un mensaje en su cuenta en la red social X, antes Twitter.
En las elecciones de este año, Maduro buscaría su tercer mandato presidencial. El primero comenzó en abril de 2013, semanas después de la muerte del presidente Hugo Chávez, y el segundo inició en enero de 2019 luego de que Maduro ganó los comicios de 2018, que una coalición de partidos de oposición rechazó.
El 5 de marzo, después de que el Consejo Nacional Electoral anunció la fecha de las votaciones, Maduro dijo durante un acto público: “Estoy seguro que el pueblo volverá a dar su batalla y volverá a conquistar una gran victoria”.
Del lado de la oposición, la líder María Corina Machado, ganadora de las primarias realizadas en octubre, acusa al Gobierno de Maduro de haber promovido una inhabilitación en su contra para impedirle competir. Para Machado, el Ejecutivo no quiere que esté en la boleta porque teme ser derrotado en una contienda libre.
Machado fue inhabilitada en 2015 por la Contraloría General de Venezuela, que determinó sancionarla argumentando irregularidades administrativas en las declaraciones juradas sobre su patrimonio y un posible vínculo con presuntos actos de corrupción atribuidos al exdiputado opositor Juan Guaidó. El 26 de enero pasado, el Tribunal Supremo de Justicia ratificó la inhabilitación.