(CNN Español) – Tras años de tensiones, protestas y negociaciones estancadas, en medio de una situación económica muy deteriorada y complicada aún más por la pandemia de covid-19, el gobierno de Venezuela y la oposición intentará por quinta vez llegar a una solución para la crisis política mediante un diálogo, esta vez en México.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, confirmó la semana pasada que su país sería sede de esta mesa de diálogo en el que también participará Noruega como mediador.
Este miércoles el diputado venezolano Tomás Guanipa, secretario general del partido Primero Justicia, indicó en su cuenta de Twitter que había sido designado como uno de los enviados por la oposición y que los diálogos comenzarían el viernes 13 de agosto. También formarán parte de la comitiva Luis Emilio Rondón, del partido Un Nuevo Tiempo, y el abogado constitucionalista Gerardo Blyde, entre otros.
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela elegida en 2020, será enviado Plenipotenciario del Gobierno de Venezuela, de acuerdo a la cadena estatal VTV.
El cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ya había adelantado a finales de julio que “estaba todo listo” para el comienzo de las negociaciones en México.
Alejandro Velasco, profesor de Historia en la Universidad de Nueva York, dijo a CNN que no recuerda un proceso de negociaciones en los que una de las partes llegara con tan poco poder. “La oposición entra sin coordinación, con agenda incierta, divisiones internas, con un golfo entre lo que sucede dentro y fuera del país”, dijo.
“El gobierno en Venezuela se siente muy cómodo en el poder, ha sobrevivido a dos años y medio de tensiones y a una pandemia que en cierto sentido lo ha favorecido, ya que Venezuela no ha figurado en las ayudas de EE.UU.”, señaló.
Para Michael McCarthy, presidente ejecutivo de la consultora Caracas Wire LLC y profesor adjunto en la Universidad George Washington, la falta de unidad de la oposición marca este proceso de diálogo a diferencia de instancias anteriores. “Hay por lo menos tres grupos políticos en Venezuela: el régimen de Maduro, un sector oposición encabezado por Guaidó, y un tercer grupo que no están alineados con ninguno, y que también esté interesado en lograr acuerdos”, dijo a CNN.
Cómo se llegó a esta situación en Venezuela
Los gobiernos de México y Uruguay habían propuesto ya en 2019 la creación de una mesa de diálogo entre gobierno y oposición, postura que fue rápidamente aceptada por Maduro.
El dirigente opositor Juan Guaidó, en cambio, dijo entonces que la oposición “nunca más” se iba a prestar “para un falso diálogo”.
El llamado de ambos países tuvo lugar luego de que el Grupo de Lima —que nuclea a los principales países de América Latina y que ha manifestado su oposición al gobierno de Maduro— aceptara también, como Estados Unidos y la Unión Europea, la legitimidad de Guaidó como presidente interino de Venezuela.
Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela elegida en 2015, fue proclamado presidente interino de Venezuela en enero de 2019 por la oposición (y reconocido así por decenas de países). Para ello, invocó el artículo 233 de la Constitución, además de acusar un presunto “abandono del cargo” e “incumplimiento de deberes constitucionales”, lo que generó la situación anómala de dos presidentes reclamando legitimidad, ambos con apoyo internacional.
El gobierno de Maduro ha rechazado la legitimidad de la Asamblea Nacional controlada por la oposición, y el 21 de enero de 2019 el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, controlado por Maduro, dictaminó que esa Asamblea era inválida.
Guaidó reaccionó en un tuit publicado desde la cuenta de la Asamblea Nacional a la decisión del Tribunal diciendo que la Asamblea “es reconocida por los ciudadanos en los Cabildos Abiertos” y que “se mantiene muy firme en las decisiones tomadas”.
El papel de México y Uruguay
México y Uruguay se mantuvieron al margen del reconocimiento al gobierno de Guaidó y llamaron al diálogo en 2019. Argentina, que había formado parte del Grupo de Lima durante la presidencia de Mauricio Macri, tras el cambio de gobierno, anunció en 2021 su retiro del grupo y considera que las acciones sobre Venezuela “no han conducido a nada”.
El 30 de abril de 2019 Guaidó y el dirigente opositor Leopoldo López iniciaron un levantamiento militar, denominado “Operación Libertad”, con el fin de sacar del poder a Maduro. Tras dos días de caos e incertidumbre, el intento finalmente fracasó, a pesar de Estados Unidos señaló que Maduro estuvo a punto de abandonar el país y que había sido disuadido de hacerlo por Rusia.
Meses después oposición y gobierno aceptaron la invitación de Noruega para dialogar en la ciudad de Oslo, pero las negociaciones terminaron sin acuerdo, según anunció Guaidó.
Un bloque opositor formado por 27 partidos acordó no participar en las elecciones parlamentarias que el gobierno de Maduro convocó para renovar por completo la Asamblea Nacional, y justificó el boicot denunciado irregularidades y advirtiendo que serían fraudulentos.
La Asamblea Nacional liderada por Guaidó organizó una consulta nacional paralela entre el 7 y el 12 de diciembre, cuyo principal objetivo fue demostrar el rechazo a la votación del 6 de diciembre. Como consecuencia de la elección del 6, el oficialismo tomó el control de la Asamblea Nacional, aunque Guaidó retuvo el reconocimiento como presidente interino de Venezuela de parte de Estados Unidos, la Unión Europea y diversos países, que a su vez le negaron legtimidad a la Asamblea de Maduro.
A comienzos de mayo de 2021 Guaidó planteó al gobierno de Maduro un “Acuerdo de Salvación Nacional”, que incluía el inicio de un proceso de diálogo con el objetivo de convocar elecciones libres.
Tras proponer el acuerdo, Guaidó mencionó la posibilidad de que una delegación de Noruega, que en 2019 había facilitado el diálogo entre las partes, acompañara de nuevo el proceso. Aunque destacó que sería necesario contar con otros “garantes”.
Maduro aseguró en ese momento estar de acuerdo con el llamado, y en junio anunció la llegada a su país de una delegación del Noruega para facilitar los diálogos con la oposición.
CNN se comunicó tanto con el equipo de prensa de Guaidó como con la Cancillería de Noruega, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.
“Es muy temprano para saber que hay muchos obstáculos en la vía todavía, y este es un acuerdo parcial, que no busca cambiar el gobierno sino competir mejor con Maduro”, destacó McCarthy.
Qué podrían negociar la oposición y el gobierno
Para Velasco a la oposición le queda una sola carta: la influencia que aún mantiene con Estados Unidos, que sigue siendo su aliado más importante. “Es lo que quiere el gobierno venezolano, que no ve a la oposición como un adversario sino como un proxy de EE.UU.”, dijo.
En estos diálogos no se negociará nada de política doméstica sino del rol del gobierno venezolano en la comunidad internacional, señala Velasco.
McCarthy señaló, en cambio, que la oposición busca en esta instancia “mostrar su capacidad de seguir una hoja de ruta más pragmática” para responder así a un nuevo ambiente internacional, marcado por la llegada en enero de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos y su mensaje e que el cambio debe llegar por la vía de la lucha pacífica.
“En términos más concretos la oposición busca mejorar la situación de los derechos políticos en el país para poder competir por el poder de mejor manera, tanto por la vía electoral como por las movilizaciones políticas y sociales, porque en este momento la situación de los derechos políticos es realmente alarmante”, dijo.
Maduro y la búsqueda de legitimidad
Velasco consideró que el gobierno de Venezuela, por su parte, busca dos cosas: “Primero, aplastar del todo a la oposición y a su cabeza, Guaidó, dejando en claro que su aventura ya no tiene poder fáctico. Y segundo, obtener el reconocimiento de su propia legitimidad fáctica, el acceso a ayuda humanitaria y a activos congelados”.
“¿Qué exige EE.UU.? Condiciones electorales y en ese sentido sí hay una relación entre las elecciones que se aproximan”, dijo, agregando que de todas maneras el gobierno venezolano “no tiene ningún tipo de urgencia” y que “pueden estar ahí sentados con comodidad hasta cuando quieran”.
“¿Y qué podría salir? Una especie de quid pro quo, más ayuda humanitaria, más vacunas, a cambio de apertura del registro electoral”, consideró.
McCarthy también destacó que Maduro está “obsesionado” con lograr el el reconocimiento internacional, tanto en América Latina como en otras partes de mundo, y a través de la mesa de diálogo puede mostrarse como la persona que maneja el poder.
“En términos concretos, Maduro está interesado en buscar una situación internacional diferente con respecto a la presión económica de las sanciones, dirigidas más que todo por EE.UU.”, dijo.
Antecedentes sin resultados
El gobierno de Nicolás Maduro y la oposición mantuvieron hasta el momento cinco rondas de negociaciones para intentar llegar a una salida a la crisis política.
Maduro, elegido presidente por primera vez en 2013, fue luego reelegido en 2018 en comicios cuestionados por la oposición y una parte de la comunidad internacional, que desconocieron los resultados por haber sido convocadas por una autoridad ilegítima, sin la participación de todos los actores políticos venezolanos, sin observación internacional y sin garantías.
Maduro, que obtuvo el 47% de los votos con una participación del 46% —según datos oficiales—, dijo en cambio que el pueblo votó de manera “libre y transparente”.
El Grupo de Lima, el Parlamento Europeo, la Organización de Estados Americanos (OEA) y numerosos países tampoco reconocieron la legitimidad del proceso. Mientras que en la región Cuba, El Salvador, Nicaragua y Bolivia, así como China y Rusia, le dieron el reconocimiento a Maduro como presidente de Venezuela.
Gobierno y oposición se reunieron por primera vez en 2014, tras las masivas protestas que se saldaron con 43 muertos y el arresto del dirigente opositor Leopoldo López (del partido Voluntad Popular). Luego hubo intentos en 2016, 2017, 2018 y 2019, sin que ninguno de estos procesos de diálogo dieran resultados.
La situación actual en Venezuela
Gobernada desde 1999 por el chavismo —primero por el ya fallecido Hugo Chávez y luego Maduro—, la situación económica, social y política en Venezuela se ha estado deteriorando en la última década, de la mano de la caída en el precio del petróleo, principal producto de exportación del país.
De acuerdo con un estudio de la Universidad Católica Andrés Bello, en 2020 registraba una pobreza del 80%, en medio de fallas en el suministro de agua y electricidad, y faltantes de productos.
Mientras que proyecciones del Fondo Monetario Internacional esperaban en 2021 una inflación del 5.500%, y una caída del PIB del 10%, lo cual se suma a caídas anteriores del 30% (2020), 35% (2019) y 19,6% (2018).
Estas duras condiciones económicas, sumadas a la crisis social y la persecuciones políticas y violaciones de derechos humanos denunciadas por Human Rights Watch y la ONU, han provocado un éxodo de venezolanos, calculado hasta la fecha en 5,4 millones de personas, de acuerdo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
El gobierno de Venezuela ha negado estas acusaciones sobre presuntas violaciones de Derechos Humanos. El canciller Jorge Arreaza, dijo en 2020 que el informe presentado por una misión de la ONU estaba “plagado de falsedades” y elaborado “sin rigor”.
“No debemos esperar nada (de los diálogos) a corto plazo. La catástrofe venezolana seguirá a pesar de lo que pase en México”, dijo Velasco.