Internacional
Árabe
ANÁLISIS | Los inminentes juicios a Trump lanzan a los jueces a una vorágine electoral
(CNN) -- Los jueces están siendo forzados a una situación sin precedentes y peligrosa en medio de una campaña presidencial ya tempestuosa debido a la creciente acritud sobre los juicios penales contra Donald Trump.
Los fiscales que presionan para acelerar los juicios y los intentos del equipo de defensa del expresidente de retrasar sus días en la corte hasta después de las elecciones de noviembre de 2024 configuran una serie de decisiones críticas para los juristas en casos altamente politizados.
Y una ominosa supuesta amenaza a un juez federal revelada este miércoles por la noche mostró lo peligrosa que podría llegar a ser la colisión del Poder Judicial y la política de campaña en una temporada electoral única que probablemente contará con múltiples juicios al candidato del Partido Republicano que va al frente.
Una mujer de Texas fue acusada de amenazar en un mensaje de voz con matar a la jueza Tanya Chutkan, que supervisa el juicio federal en Washington por el intento de Trump de anular las elecciones de 2020 y que ya ha visto reforzada su seguridad en el tribunal.
Abigail Jo Shry llamó al despacho de la jueza el 5 de agosto y dejó un mensaje en el que amenazaba con "matar a cualquiera que fuera a por el expresidente Trump", según una denuncia penal. Tres días después, Shry admitió ante agentes especiales del Departamento de Seguridad Nacional que había hecho la llamada al despacho de Chutkan, pero que "no tenía planes de viajar a Washington o Houston para llevar a cabo nada de lo que declaró", según la denuncia.
A principios de esta semana, tras las supuestas acciones detalladas en la denuncia, Trump criticó a Chutkan, nombrada por Obama, como "altamente partidista" y "muy parcial e injusta" en su red social Truth. La publicación se produjo después de una audiencia la semana pasada en la que la jueza advirtió de que no se podía permitir que las tácticas utilizadas en las campañas influyeran en el caso.
Las sorprendentes cuatro acusaciones penales contra el expresidente están preparando el escenario para una campaña como ninguna otra, ya que los fiscales compiten por incluir sus juicios en un calendario de 2024 repleto de concursos de candidaturas y otros rituales de un año electoral.
La fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, por ejemplo, pidió este miércoles que el juicio comience en Georgia el 4 de marzo para su caso contra el expresidente y 18 codemandados acusados de una vasta conspiración para anular las elecciones de 2020 en el crítico estado indeciso.
Esa fecha cae justo un día antes del Supermartes, uno de los momentos más críticos de las primarias republicanas. Su solicitud se produjo después de que el fiscal especial Jack Smith presionara agresivamente para que el juicio comenzara el 2 de enero en su caso federal relacionado con el esfuerzo de subversión electoral de Trump, que sería solo dos semanas antes de las primeras asambleas electorales del Partido Republicano en Iowa.
Ambas fechas se encuentran entre las más cruciales del calendario de nominación republicana y contribuirán en gran medida a demostrar si el expresidente puede convertir su fuerte ventaja en las encuestas en su tercera nominación consecutiva del Partido Republicano. Dados los retrasos inherentes a los grandes casos judiciales y la competencia entre ellos por los puestos en el calendario, parece poco probable que Willis y Smith consigan las fechas de juicio que preferirían, especialmente cuando el equipo de Trump presionará para que se celebren más tarde.
El sistema judicial funciona según su propio calendario y procedimientos, no según un calendario político. Pero cualquier juicio que finalmente se celebre interferirá indudablemente con el tiempo que consume la campaña presidencial. Y aunque podría decirse que Trump se ha buscado su propio destino con su intento nunca visto de desmantelar la democracia estadounidense, un calendario de juicios abarrotado que choque con su calendario de campaña ayudará a Trump a argumentar ante sus partidarios que el sistema judicial está armado contra él.
Es casi seguro que afirme falsamente que la administración Biden y el Poder Judicial están conspirando para perjudicar su campaña. De hecho, Trump y sus aliados ya están enmarcando las cuatro acusaciones contra él como un ejemplo de interferencia electoral.
El equipo legal de Trump, por su parte, está utilizando el tumulto político provocado por el período previo al juicio para argumentar que los procedimientos deben retrasarse hasta después de las próximas elecciones. Anteriormente solicitaron a la jueza Aileen Cannon, la persona designada por Trump que preside el caso de los documentos clasificados en Florida, que hiciera precisamente eso, argumentando que no puede recibir un trato justo durante una campaña política y que, efectivamente, está demasiado ocupado tanto para asistir a los tribunales como para presentarse a las elecciones presidenciales. Cannon, sin embargo, fijó mayo para el juicio, aunque parece probable que se retrase después de que Smith presentara cargos adicionales en el caso contra Trump y dos coacusados.
Los agresivos gambitos iniciales de Willis y Smith pueden ser ofertas tempranas diseñadas para asegurar que si no consiguen su primera opción de fechas, al menos puedan conseguir juicios antes de noviembre de 2024, incluso si los jueces creen que se necesita más tiempo para que la defensa se prepare.
Expresidente de EE.UU., Donald Trump.
Los fiscales de Smith lo admitieron implícitamente al argumentar en el caso federal de subversión electoral que había un interés nacional superior en evitar retrasos innecesarios, dada la identidad de los acusados. "Una fecha para el juicio el 2 de enero reivindicaría el gran interés del público en un juicio rápido, un interés garantizado por la Constitución y la ley federal en todos los casos, pero de particular importancia en este caso, en el que el acusado, un expresidente, está acusado de conspirar para anular los resultados legítimos de las elecciones presidenciales de 2020", dijo la Fiscalía en una presentación ante el tribunal.
Se espera que Chutkan anuncie la fecha del juicio a finales de este mes.
Cuestiones espinosas que deben abordar los jueces
Las fatídicas decisiones que deberán tomar los jueces van mucho más allá de cuándo se celebren los juicios. Incluyen hasta qué punto Trump puede hacer comentarios sobre los casos en los que está implicado, cuánto tiempo se le permitirá atacar verbalmente a jueces y fiscales en las redes sociales y en mitines, y cómo puede referirse a posibles testigos. Se trata de un posible campo de minas legal porque entra en cuestiones sobre los derechos de libertad de expresión del expresidente amparados por la Primera Enmienda como candidato y las medidas necesarias para proteger un juicio justo.
Chutkan ya se enfrentó a esta cuestión en su primera vista, la semana pasada. Se trata de juicios que, con toda seguridad, tendrán lugar en medio de una atención mediática masiva y de las incesantes afirmaciones de Trump de que está siendo tratado injustamente como parte de una caza de brujas política, por lo que cada paso que dé cada juez será observado de cerca. Dada la vehemente creencia de los partidarios de Trump de que está siendo tratado injustamente, el riesgo es que el poder judicial salga, a los ojos de millones de estadounidenses, tan vapuleado como muchas otras instituciones de rendición de cuentas que Trump ha difamado.
La solicitud de Willis de una fecha para el juicio en marzo sorprendió a algunos observadores, simplemente por el número de coacusados en su caso, que está siendo procesado bajo una ley de crimen organizado que permite una narrativa de una supuesta conspiración sofisticada. Mucho antes de que el caso se acerque a los argumentos de apertura, habrá múltiples mociones procesales y cuestiones logísticas que responder que podrían retrasar cualquier fecha deseada para el juicio. Es seguro que el equipo de Trump intentará retrasar todo lo posible el juicio. En una de las primeras señales del litigio que se avecina, el ex secretario general de la Casa Blanca Mark Meadows ya ha presentado una solicitud para trasladar su juicio de un tribunal estatal al sistema federal con el fin de intentar que sea desestimado.
Incluso un procedimiento como la selección del jurado puede llevar mucho tiempo en un caso complejo. Por ejemplo, en un caso llevado por la oficina de Willis en Georgia, la selección del jurado se prolongó durante siete meses. Ryan Goodman, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, dijo este miércoles a Erin Burnett, de CNN, que la fecha que quiere Willis solo sería factible en determinadas circunstancias, por ejemplo, si el tamaño del caso se redujera en procedimientos separados que permitieran a algunos acusados pasar a juicio más rápidamente.
Willis manifestó su deseo de juzgar a todos los acusados juntos. Ty Cobb, exabogado de Trump, dijo a Burnett un día antes que podrían pasar al menos dos años hasta que la fiscal de distrito pueda llevar a juicio al expresidente y a otros acusados.
Un calendario repleto
Otra complicación es la profundidad de los problemas legales de Trump. Ya está previsto que vaya a juicio en marzo en Manhattan por su primera acusación, relacionada con un pago de dinero por silencio a la estrella del cine para adultos Stormy Daniels. Dada la magnitud del caso de Georgia, es casi imposible creer que pueda estar concluido para cuando comience el juicio de Manhattan, el 25 de marzo del próximo año.
Esto apunta a la posibilidad de que los jueces y los fiscales tengan que coordinar sus calendarios mientras tratan de encontrar una ventana para sus casos asignados.
Mientras tanto, los equipos legales de Trump tratarán de retrasar los juicios para intentar evitar al expresidente la posibilidad de ser condenado antes de que los votantes acudan a las urnas en noviembre de 2024. Si Trump gana la nominación del Partido Republicano y la presidencia, volvería a adquirir los poderes ejecutivos que le permitirían nombrar a un fiscal general que podría bloquear nuevas acciones al menos en casos federales. Pero incluso si ganara la Casa Blanca, no tendría la misma capacidad para inmiscuirse en los casos de Georgia o Manhattan.
Una defensa jurídica inherentemente política
Además del hecho de que el acusado sea una figura política tan prominente, los jueces se verán arrastrados a la refriega política porque muchas de las defensas que su equipo ha presentado son inherentemente políticas. No hay mucha diferencia entre su estrategia jurídica y su estrategia política.
Por ejemplo, uno de sus abogados argumentó que el caso de subversión electoral de Smith no puede ser juzgado de manera justa en Washington, donde Trump ganó solo el 5% de los votos. En su lugar, sugirieron que el caso se trasladara a Virginia Occidental, uno de los estados más favorables a Trump del país, donde un jurado podría ser más comprensivo con él. Muchos expertos legales creen que Trump tiene pocas posibilidades de conseguir lo que quiere, pero una decisión sobre dónde se celebra el juicio puede ser vista por sus partidarios como una prueba de que el sistema legal está sesgado en su contra.
Aunque se supone que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, y los jueces han intentado hasta ahora tratar al expresidente —que ahora es un ciudadano privado— sin favoritismos ni prejuicios, su estatus significa que estos casos no son realmente como los juicios normales.
Chutkan trató de mantener la línea en esta cuestión cuando escuchó los argumentos sobre cómo Trump podría referirse en público a las pruebas que se entregaron a la defensa durante el proceso de descubrimiento. Pidió a la defensa que aceptara que algunas de las expectativas de libertad de expresión del expresidente, incluida la práctica de atacar a posibles testigos en campaña, se verían limitadas por el hecho de estar a la espera de juicio.
"El deseo del acusado de llevar a cabo una campaña, de responder a sus oponentes políticos, tiene que ceder... hay límites independientemente de ya saben, odio decirlo... ¿su trabajo diario?", dijo Chutkan. "Quiero decir, este es un caso criminal. La necesidad de que este caso criminal proceda en el orden normal y proteja a los testigos y la integridad del proceso significa que va a haber límites en el discurso del acusado", añadió.
Trump ya parece haber puesto a prueba esos límites atacando a Chutkan y Smith en sus redes sociales. Corresponderá a la jueza -que ha advertido que podría acelerar el juicio si considera que Trump está contaminando al jurado— decidir exactamente dónde está ese límite.
Y aunque sus decisiones, como las de otros jueces, se desarrollarán de acuerdo con el procedimiento judicial en la burbuja de una sala de tribunal, se verán no obstante a través de una lente política debido a la identidad del acusado y a la naturaleza de su "trabajo diario".
