(CNN Español) – El desgaste y el cansancio acumulado por un proceso judicial que comenzó en 2018 en España hizo que Shakira, la cantante colombiana, optase este lunes por llegar a un acuerdo que diera carpetazo al asunto.
“Me sentía lista para enfrentarme a un juicio y defender mi inocencia”, expresó la artista en un comunicado compartido por su agencia de comunicación en España, pero “no es triunfo ganar si el precio es que te roben tantos años de tu vida”, enfatizaba. “Tengo que escoger mis batallas y la más importante para mí ahora es hacer todo para que mis hijos vivan una vida plena y enfocarme en lo que es realmente importante: verlos crecer y pasar tiempo con ellos”, añadía.
Con la firma de un acuerdo de conformidad, la artista reconocía su culpabilidad sobre los seis delitos de fraude fiscal que pesaban en su contra y que fueron cometidos entre 2012 y 2014 al dejar de ingresar los debidos importes del Impuesto sobre las Personas Físicas y el impuesto de Patrimonio, causando así un perjuicio de más de US$ 15 millones a la hacienda pública.
No obstante, evitar las doce sesiones de juicio oral que iban a tener lugar en la Audiencia Provincial de Barcelona y una posible condena de cárcel tuvo como precio una serie de condiciones poco favorables para ella. Eso es, aceptar el pago de una multa de alrededor de US$ 8 millones de dólares y una pena de cárcel de tres años que quedó suspendida y sustituida por otra multa adicional de US$ 478.000.
En cualquier caso, terminado este trámite, la cantante respiraba tranquila: “Para mí, hoy, ganar es recuperar mi tiempo”, señalaba en ese comunicado.
Ahora bien, sus dolores de cabeza en España todavía no han terminado.
Una causa administrativa y otra investigación por fraude acechan a Shakira
Tras alcanzar ese acuerdo de conformidad, la cantante ya no tiene ningún juicio pendiente en España, pero sí dos cuestiones que todavía le pueden quitar el sueño.
Tal y como recuerda su agencia de comunicación en un comunicado, la artista mantiene abierta una causa administrativa contra la Agencia Tributaria por el ejercicio fiscal de 2011, dado que este órgano entiende que debería haber tributado ese año en España.
Según defiende la estrella colombiana, “el caso de 2011 es un sinsentido; no sólo porque no estaba ni cerca de ser residente en el 2011, sino porque me han hecho pagar por todo el capital de trabajo de mi gira. No han tenido en cuenta los gastos en los que incurrí y acabé pagando los gastos de mi gira dos veces. Se ha dado una especie de doble imposición y me han impuesto unas multas desproporcionadas sobre unas ganancias que no existieron. Hasta el punto de que he tenido que pagar 60 millones”, afirmaba.
La legislación española establece que alguien que permanezca más de 183 días en España tiene la obligación de tributar en el país, dando por sentado que eso es síntoma de residencia habitual. Algo contra lo que la cantante estalla al afirmar que en 2011 hizo “visitas a España para ver a la persona con la que iniciaba una relación, sumando en total 70 días entre todas las visitas. El 2011 fue un año en el que no tenía ningún vínculo con España”.
Paralelamente, la Justicia abrió este verano boreal otra investigación contra ella por un presunto fraude fiscal cometido en 2018. Es una investigación que parte de una querella presentada por el Ministerio Fiscal, que la acusa de defraudar por otros US$ 6,4 millones a la hacienda española.
De este monto, US$ 5,61 millones (5,3 millones de euros) corresponderían a la cantidad no satisfecha por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y US$ 819.000 (773.000 euros) por los rendimientos de la actividad que desarrollaba.
Al residir en España, la Fiscalía entiende que la artista debía tributar la totalidad de su renta mundial sin importar dónde se hubiese producido y cualquiera que fuera la residencia del pagador. Sin embargo, denuncia que la cantante no lo hizo y omitió declarar rendimientos derivando las rentas a una estructura societaria con presencia en “países de baja tributación y alta opacidad”, así como que dedujo gastos que no procedían.
Una acusación ante la que Shakira aseguró “haber actuado siempre conforme a la ley y bajo el consejo de los mejores expertos fiscalistas”, tal y como informó a CNN su equipo legal.
Que esta investigación derive en un nuevo juicio penal contra la artista dependerá –primero de todo– de que el juzgado de Esplugues de Llobregat (Barcelona), que lleva el caso, finalice la instrucción. En el caso de que reúna indicios que apunten hacia la comisión de esos delitos, la causa sería elevada a un juicio oral.