(CNN) – Casi un año después de que la DEA detuviera al exministro de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos y lo acusara de cargos de narcotráfico, el Gobierno de Biden envía a México a tres miembros del gabinete y a funcionarios de la Casa Blanca para reparar los lazos que son cruciales para lidiar con los flujos de migrantes y el tráfico de drogas y armas por la frontera.
El secretario de Estado, Antony Blinken, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y el secretario de Justicia, Merrick Garland, visitarán México a finales de esta semana para lo que la Casa Blanca califica como el primer Diálogo de Seguridad de Alto Nivel entre Estados Unidos y México. Esto indica la prioridad que la administración de Biden le está dando a restaurar la cooperación en materia de seguridad después de meses de disputas entre bastidores.
El presidente Biden, que asumió el cargo prometiendo a los aliados que “Estados Unidos ha vuelto” tras cuatro años de tensiones durante la administración anterior, ha enfrentado vientos en contra en la relación con algunos de los amigos más cercanos del país, todo en medio de una serie de crisis. Estas incluyen una coordinación torpe con los aliados en la retirada de las tropas de Afganistán y el reciente acuerdo con el Reino Unido para proveer a Australia submarinos de propulsión nuclear, lo que provocó protestas de Francia.
En lo que respecta a su relación con México, el Gobierno de Biden está deseoso de ayudar a resolver crisis que están estrechamente ligadas a la política interna de Estados Unidos: la llegada de decenas de miles de migrantes en la frontera sur y el movimiento de los cárteles mexicanos para inundar Estados Unidos con medicamentos de prescripción médica falsos mezclados con el opioide sintético fentanilo, que está alimentando un número histórico de sobredosis en las calles estadounidenses.
“Una preocupación que tengo es que con todo lo que está pasando en Afganistán, ahora este caos diplomático — si podemos llamarlo así — con los franceses, y una administración que claramente está recalibrando la política hacia China, es el peligro, el peligro omnipresente de que México se dé por sentado”, dijo Arturo Sarukhan, exembajador de México en Estados Unidos. “Y que no se dedique suficiente ancho de banda estratégico a una relación que juega un papel críticamente importante para el bienestar y la seguridad de Estados Unidos, que es la relación con México”.
Durante el verano, la vicepresidenta Kamala Harris visitó México y dijo que está convencida de que Estados Unidos y su vecino se están “embarcando en una nueva era”, lo que deja clara la interdependencia e interconexión entre los países. La visita de la vicepresidenta no dio lugar a un deshielo de las relaciones tal como se esperaba.
Las tensiones pueden culparse, al menos en parte, a una operación de la DEA que duró años y que dio lugar al arresto, en octubre pasado, del general Salvador Cienfuegos Zepeda. Zepeda, secretario de Defensa de 2018 a 2018, fue arrestado mientras estaba de vacaciones con su familia en Los Ángeles.
El enojo del Gobierno de México por cómo se manejó el arresto, sin previo aviso a las autoridades mexicanas, expuso el largo trasfondo de resentimiento sobre cómo Estados Unidos ha abordado la relación. En México hay una irritación generalizada por el hecho de que Estados Unidos pone en el centro de la colaboración en materia de seguridad a la migración y las drogas que viajan hacia el norte y no la violencia endémica que viven los ciudadanos de México por el flujo de armas ilegales que llegan desde Estados Unidos.
México tomó represalias suspendiendo en gran medida las operaciones de la DEA en el país y funcionarios estadounidenses dicen que las autoridades mexicanas amenazaron con retirarse de los acuerdos migratorios que la administración Trump consideraba clave para frenar los cruces fronterizos.
El entonces secretario de Justicia William Barr llamó rápidamente a las autoridades mexicanas para decir que él mismo estaba sorprendido por la detención de Cienfuegos y prometió devolver al general a México, según personas informadas de las conversaciones. Un mes después, el Departamento de Justicia retiró los cargos contra Cienfuegos y lo mandó a casa. A algunos funcionarios de la administración Trump les preocupaba que las autoridades mexicanas permitieran el flujo de una avalancha de migrantes en medio de la campaña electoral estadounidense. Dentro del Departamento de Justicia, funcionarios de alto rango visualizaban que el caso de Cienfuegos no merecía tanto la pena como para causar una interrupción de los lazos con México. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, dijo más tarde que habló con Barr tras la detención de Cienfuegos y le expresó el “descontento” de México.
“Tenemos una alianza contra el crimen organizado y no era, para nosotros, el gobierno de México, comprensible que siendo aliados no se nos notificara”, dijo Ebrard a la prensa.
Pero a pesar del retorno de Cienfuegos, las relaciones no volvieron a la normalidad.
El cambio de Gobierno en Estados Unidos sumó complicaciones nuevas: con la salida de Trump, también se terminaron las amenazas que había hecho de manera regular de designar a los cárteles de droga mexicanos como organizaciones terroristas. Esas amenazas, que el Gobierno mexicano temía que provocaran trastornos entre los dos países, habían llevado a México a extraditar a docenas de sospechosos de los cárteles buscados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, según funcionarios estadounidenses de la administración anterior y la actual. Aunque los funcionarios estadounidenses nunca trataron con seriedad esas amenazas, lo cierto es que funcionaron y Barr pudo asegurar la ayuda mexicana contra los operativos de los cárteles.
Los funcionarios de la administración Biden no encontraron tal influencia en México.
Las extradiciones se detuvieron, dicen funcionarios estadounidenses. Y México no ha aprobado ninguna visa para agentes de la DEA este año, agregan. Usualmente, el proceso para obtener las visas lleva cerca de un mes, pero muchos de estos agentes llevan esperando más de seis meses, según las fuentes.
“La colaboración en materia de seguridad y aplicación de la ley se ha reducido a niveles que no habíamos visto desde probablemente la primera mitad de la primera década del siglo”, dijo Sarukhan. “Si la relación de seguridad sigue creando ruido y puntos de fricción, podría causar estragos y contaminar la relación bilateral en su conjunto”.
Un portavoz del Departamento de Estado dijo: “México sigue siendo un socio clave de Estados Unidos en materia de seguridad y estamos comprometidos a trabajar con la administración de López Obrador para avanzar en las prioridades compartidas, fortalecer la capacidad de México para luchar contra la corrupción y la impunidad, e implementar estrategias más eficaces para desmantelar el crimen organizado transnacional, incluido a través de la cooperación operativa para la aplicación de la ley en México”.
Trabas a las operaciones de la DEA
La DEA sigue sin poder llevar a cabo la mayoría de las operaciones en México, y la cuestión se ha discutido en conversaciones entre funcionarios de alto rango de los dos países en los últimos meses, dijeron funcionarios estadounidenses.
Aunque la DEA ha prorrogado la estancia de algunos agentes que ya estaban en el país, el tema de las visas afecta a casi dos docenas de agentes, dijeron funcionarios estadounidenses, y está dificultando el trabajo con informantes, según dos fuentes familiarizadas con la situación.
A la luz de la operación de Cienfuegos, las autoridades mexicanas reconocieron que llevaban tiempo queriendo revisar la gran discrecionalidad que habían concedido a la DEA para las operaciones en su país. Debido a las preocupaciones de Estados Unidos por los problemas de corrupción generalizados en México, la DEA trabaja con unidades de seguridad y de orden público de México autorizadas, lo que limita la visibilidad del Gobierno mexicano en la información de inteligencia sensible y las operaciones que la agencia estadounidense busca realizar.
Los retos y la desconfianza en el acuerdo se pusieron de manifiesto en 2014, cuando Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cártel de Sinaloa y uno de los narcotraficantes más buscados por Estados Unidos, fue detenido por las autoridades mexicanas con la ayuda de la DEA y un año después escapó de la prisión de alta seguridad de México en la que se encontraba. En 2016, Estados Unidos le proporcionó información de inteligencia y otros tipos de ayuda a una fuerza de infantes de marina mexicanos a la que se había aprobado especialmente para volver a detener a Guzmán. Esa vez lo extraditaron a Estados Unidos, donde fue condenado y ahora está cumpliendo cadena perpetua.
La negativa de México a otorgar visas a los agentes de la DEA es uno de los pequeños pero significativos factores irritantes en la relación en este momento, que está contribuyendo a un deterioro de la relación de seguridad entre los países fronterizos.
Crisis de migrantes
El Gobierno de Biden ha luchado por contener crisis para las que la ayuda de México es crucial: la crisis migratoria que escala en la frontera sur y un comercio floreciente por parte de los cárteles mexicanos que inundan Estados Unidos con píldoras de prescripción falsas con fentanilo, que según las autoridades estadounidenses está alimentando las muertes por sobredosis.
El Gobierno de Biden, como los que le precedieron, en parte está confiando en México para hacer frente al flujo de migrantes hacia la frontera. Se espera que los funcionarios discutan actuación de México en este punto durante la visita de esta semana, según un funcionario de la administración.
El ritmo al que los migrantes, principalmente haitianos, llegaron a la frontera sur de Estados Unidos el mes pasado tomó por sorpresa al Gobierno de Biden.
Los migrantes se desplazaban principalmente en autobús, lo que reducía el tiempo de viaje, y parecían atravesar fácilmente México, según un funcionario de Aduanas y Protección Fronteriza.
Más tarde México intensificó el control a los migrantes que atravesaban el país, deteniendo decenas de autobuses con haitianos que se dirigían a la frontera estadounidense, después de que miles de ellos se concentraran bajo el puente internacional de Del Rio. Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional dijo a periodistas que Estados Unidos está “trabajando estrechamente” con el Gobierno de México para tratar de mejorar la visibilidad sobre los movimientos organizados de migrantes.
La administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), Samantha Power, se reunió con el embajador de México, Esteban Moctezuma Barragán, para hablar de las prioridades compartidas, entre ellas la migración. “La falta de oportunidades económicas es una de las causas fundamentales de la migración irregular. (USAID) se enorgullece de asociarse con el pueblo mexicano para lograr objetivos de desarrollo sostenibles y a largo plazo”, dijo Power en un tuit.
Sobre los diálogos entre Estados Unidos y México también se cierne un fallo judicial que ordena al Gobierno de Biden revivir la política fronteriza de la era Trump que obligaba a los migrantes a permanecer en México hasta tener fecha para su presentación ante una corte de inmigración en Estados Unidos, una política que requiere cierta aceptación por parte de México. Durante los años de Trump, esa política dio lugar a que miles de personas acamparan a lo largo de la frontera norte de México, a menudo esperando en condiciones terribles.
Dentro de la administración ha habido un mayor sentido de urgencia por la política “Permanecer en México”, en el marco del litigio legal en curso por una orden de salud pública que permite expulsar a los migrantes, según una fuente familiarizada con las discusiones. La semana pasada, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que está realizando “discusiones diplomáticas de alto nivel” con México sobre el reinicio de la política, al tiempo que dijo que planeaba volver a emitir un memorando dando por terminado el programa.