(CNN Español) – América Latina está experimentando un alarmante retroceso de las libertades básicas y algunos líderes elegidos democráticamente están atacando la independencia de la sociedad civil, dijo Tamara Taraciuk Broner, directora interina de Human Rights Watch para las Américas. Esa es una de las conclusiones del informe mundial sobre el estado de los derechos humanos de HRW publicado este miércoles, en el que señala que las autocracias van en un peligroso ascenso, mientras que la democracia va en retroceso.
“El alarmante retroceso de las libertades fundamentales en América Latina nos obliga hoy a defender espacios democráticos que solíamos dar por sentados”, dijo Taraciuk Broner.
En el informe, Human Rights Watch señala no solo la creciente represión contra la oposición en varios países del mundo —entre ellos Venezuela—, sino también el “surgimiento de líderes con tendencias autocráticas” en países en los que estaba consolidada la democracia —como por ejemplo Brasil y El Salvador—, dice el reporte.
“Incluso líderes que llegaron al poder mediante elecciones democráticas han atacado a la sociedad civil independiente, la libertad de prensa y la independencia judicial”, dijo Taraciuk. “Millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares y países, y la pandemia ha tenido un impacto económico y social devastador”, agregó.
El reporte indica que “los autócratas están atravesando un buen momento, en parte debido a las fallas de los líderes democráticos”, dijo Kenneth Roth, director ejecutivo de HRW, en el ensayo introductorio. “Sin embargo, los líderes democráticos de la actualidad no están respondiendo a los desafíos que tienen frente a ellos”.
“Ya se trate de la crisis climática, la pandemia de covid-19, la pobreza y la desigualdad, la injusticia racial o las amenazas que plantea la tecnología moderna, estos líderes suelen estar demasiado enredados en batallas partidarias y preocupaciones cortoplacistas como para responder a estas cuestiones con eficacia”, agrega Roth.
Human Rights Watch critica la autocracia: los regímenes políticos creados alrededor de figuras carismáticas que tienden a eliminar la pluralidad y la posición habitual en los gobiernos democráticos. El informe indica que a pesar de eso, la pandemia, las protestas han podido escuchar desde Hong Kong hasta Cuba.
El informe de HRW analiza la situación de 14 países de Latinoamérica, junto con Estados Unidos y España. El organismo destacó en la presentación del informe los siguientes países como los casos más relevantes. A continuación, damos una mirada a los principales puntos del análisis en esas naciones.
¿Cómo está la situación en América Latina? Esto dice el reporte de HRW
Cuba
En julio de 2021, miles de cubanos salieron a las calles para protestar por la defensa de sus derechos, por la mala situación económica y por la respuesta del Gobierno a la pandemia del covid-19.
Las autoridades respondieron con un millar de detenciones, con abusos sistemáticos contra opositores, maltrato de detenidos y procesos judiciales sin garantías, dice HRW.
En un tuit este jueves, sin mencionar el informe, el canciller cubano Bruno Rodríguez dijo que “la manipulación con fines políticos de los derechos humanos constituye un ultraje a los propios valores que cínicamente dicen defender. Es inaceptable que se disfracen los intereses de dominación de algunos países desarrollados bajo el manto de los DDHH”.
Argentina
Si bien el reporte señaló como “histórico” la despenalización del aborto en Argentina a inicios de 2021, dice que en el país “aún subsisten problemas serios de derechos humanos históricos” como el abuso policial, las condiciones deficientes de detención y la violencia endémica contra las mujeres.
El presidente Alberto Fernández ha condenado hechos puntuales de lo que llama violencia institucional y, en un evento en homenaje a las víctimas de la represión en 2001, dijo que “el Estado no está para ser violento sino para hacer justicia”, aunque no se ha pronunciado sobre a los señalamientos sistemáticos recientes de abuso durante su mandato.
HRW señala que la fuerzas de seguridad “en ocasiones han empleado un uso excesivo de la fuerza” y que la “Defensoría General de la Nación reportó abusos cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad en el marco de la implementación de las medidas de confinamiento establecidas para evitar la propagación del covid-19”.
Tras reportes de abuso policial en Formosa durante manifestaciones contra el aislamiento en marzo de 2021, la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina repudió los hecho y dijo que “no justifican el uso desproporcionado de la fuerza policial en la represión de la protesta. Las fuerzas de seguridad, tanto las nacionales como las provinciales, deben estar capacitadas para contener actos de violencia”.
En 2021, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires creó una guía para prevenir abusos policiales en el marco del las restricciones de la circulación por el coronavirus.
HRW critica que más de la mitad de los detenidos en cárceles federales no han sido condenados por un delito, sino que están en prisión preventiva (según las cifras oficiales).
Alberto Fernández, quien cuando era presidente Mauricio Macri dijo en una columna que “los encarcelamientos preventivos se exhiben hoy como uno de los retrocesos más odiosos que muestra la jurisprudencia”, ha defendido la gestión penitenciaria de su gobierno dijo en 2020 que estaba a favor de la prisión domiciliaria para población de riesgo por covid-19 e inauguró ese año nuevos centros de detención como parte de su Plan de Infraestructura Penitenciaria Provincial 2020, según Télam. No obstante, HRW denuncia “que no se ha llevado a cabo ninguna reforma significativa para abordar la situación de la prisión preventiva”.
Human Rights Atch dice en el informe que “a pesar de una ley de 2009 que dispone medidas exhaustivas para prevenir y castigar la violencia contra las mujeres, la impunidad por homicidios de mujeres sigue siendo un problema grave”. En noviembre de 2021, el presidente Fernández dijo que el Estado trabaja por una “Argentina sin violencias” y señaló que su gobierno está comprometido con erradicar ese flagelo.En diciembre visitó un refugio Sdonde alojan mujeres, niñas y niños en situación de violencia de género y afirmó: “Me llevo todo lo que me han dicho con el compromiso de dar respuesta con un Estado que haga su vida mejor”. La ministra de de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Eli Gómez, tras el femicidio de Araceli Fulles, dijo que exige “a los Poderes Judiciales que no haya más impunidad ni administración de justicia ni fuerzas de seguridad sin perspectiva de género”.
Brasil
El informe señala que el presidente Jair Bolsonaro “ha amenazado el sistema democrático en Brasil al intentar mellar la confianza en el sistema electoral, la libertad de expresión y la independencia judicial”.
HRW dice que Bolsonaro, quien busca su reelección en 2022, “ha hostigado e intentado intimidar al Supremo Tribunal Federal” con el fin de favorecer sus propios intereses. Así mismo dice el reporte que el mandatario ha intentado desacreditar al sistema electoral.
En septiembre de 2021, Bolsonaro convocó marchas para cuestionar al máximo órgano de justicia y a otras instituciones del país y dijo que desobedecería las órdenes del STF tras la apertura de una investigación en su contra. En ese momento, el presidente del STF, Luiz Fux, dijo que se trataba de un “ataque a la democracia”, según reportó la estatal Agencia Brasil.
Esta semana criticó a dos ministros del Supremo Tribunal Federal, durante una entrevista con el diario Gazeta Brasil, asegurando sin pruebas que trabajan por la elección del expresidente Lula da Silva. CNN Brasil contactó a los asesores de los magistrados e informaron que no comentarán las declaraciones de Bolsonaro.
Bolsonaro no se ha pronunciado sobre el informe hasta el momento.
Colombia
El reporte dice que a pesar de la firma de los acuerdos de paz en Colombia en 2016 entre el Gobierno y las FARC, “la violencia relacionada con el conflicto ha adoptado nuevas formas”. HRW reporta allí que “aumentaron los abusos” por parte de grupos armados, como asesinatos, masacres y desplazamiento forzado masivo en áreas rurales de Colombia.
Así mismo Human Rights Watch reporta “uso excesivo —y a menudo brutal— de la fuerza” por parte de policías durante las manifestaciones de 2021 “que incluyó el empleo de municiones letales y violencia de género”.
Hasta el momento la Policía Nacional no se ha pronunciado sobre este reporte; CNN contactó a la institución y espera comentarios. En junio de 2021 condenó cualquier “situación que eventualmente implique una violación a los derechos humanos” y dijo que será “investigada y sancionada, no habrá impunidad”. Según ese informe del Ministerio de Defensa de junio de 2021 se determinó que “21 civiles han fallecido en medio de las protestas, 19 casos se han descartado y 11 casos adicionales se encuentran en proceso de clarificación”.
Por su parte, el gobierno del presidente Iván Duque ha manifestado en varias ocasiones que no se tolerarán violaciones a los derechos humanos y confirmó que se abrieron investigaciones disciplinarias contra uniformados.
Tras las protestas, el Gobierno anunció en junio pasadp un plan de reforma de la Policía, que, según Duque, busca “modernizar la estructura orgánica del Ministerio de Defensa a costo cero donde le daremos a la seguridad ciudadana, a la seguridad pública un énfasis incuestionable y dentro de ese énfasis el trabajo con nuestra Policía Nacional, donde esté esa cercanía con el ciudadano y la estructura del escrutinio ciudadano a la labor misma”.
Según el reporte de HRW, hasta diciembre de 2021, dos agentes había sido acusados y cinco habían sido imputados en relación con homicidios cometidos durante las protestas.
Human Rights Watch dice en el informe que este país, al igual que Perú, Chile, Ecuador, no ha reformado su fuerza policial, a menudo asociada a graves abusos contra los derechos humanos.
El Salvador
“Nayib Bukele y sus aliados” debilitaron la democracia, dice categóricamente Human Rights Watch en el capítulo sobre El Salvador haciendo referencia a la destitución de jueces de la Corte Suprema de Justicia y otros jueces de tribunales inferiores, así como el nombramiento de jueces de la Sala de lo Constitucional que habilitaron a Bukele presentarse a la reelección. Bukele aún no ha confirmado si será candidato para las próximas presidenciales.
“El gobierno del presidente Bukele ha propuesto un anteproyecto de ley para reformar la constitución, que incluye ampliar el mandato presidencial de cinco a seis años y reformar algunas instituciones democráticas”, dice Human Rights Watch.
Bukele, muy activo en redes sociales, ha optado por responder a este tipo señalamientos de forma irónica. En septiembre pasado puso en su biografía de Twitter “Dictador de El Salvador” y “El Dictador más cool del mundo mundial”.
El reporte también señala la violencia de las pandillas, el reclutamiento forzado de niños, y el abuso sexual a menores y la comunidad LGBTQ.
“Niñas y mujeres acusadas de abortos han sido encarceladas por homicidio y homicidio agravado. Las personas LGBT son blanco de discriminación y violencia policial”, dice el reporte.
En septiembre de 2020, tras otra serie de denuncias en la prensa sobre abusos a derechos en El Salvador, Bukele dijo en Twitter que opositores consiguieron apoyos “de sus amigos Vivanco y ‘Human Rights Watch’” para decir que en El Salvador no se respetan los derechos pero que para los salvadoreños “las condenas de Vivanco, los tienen sin cuidado”.
Ni Bukele ni Presidencia se han pronunciado sobre el más reciente informe hasta este momento.
México
Sobre México, HRW dice que “torturas, desapariciones forzadas, abusos contra migrantes, ejecuciones extrajudiciales, violencia de género y ataques contra periodistas independientes y defensores de derechos humanos” han seguido ocurriendo en México durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El reporte asegura que AMLO “ha demostrado sus inclinaciones autocráticas”, intentando “intimidar periodistas, manipular la justicia y neutralizar los controles a su poder”, según comentó Taraciuk, de HRW, sobre México.
El Gobierno de México dijo a CNN que por el momento no se pronunciarán sobre el informe.
El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada visitó México en noviembre de 2021 y dio una serie de recomendaciones al Gobierno. El Comité condenó “impunidad” e “ineficacia” de las autoridades en torno a las desapariciones de personas. Según cifras oficiales, en México se desconoce el paradero de más de 95.000 personas desde el año 1965.
El Comité dijo que confía “que serán implementadas y que a través de ellas se contribuya a dar solución al flagelo de las desapariciones forzadas en México” y constató que ha habido “avances legislativos e institucionales producidos en los pasados años”.
El presidente López Obrador dijo en abril de 2020 que la tortura ha sido erradicada en el país, pero organizaciones de derechos humanos insisten en que la tortura se mantiene en México.
Otros organismos han denunciado situaciones similares a las que señala HRW en México.
Médicos Sin Fronteras presentó un informe en 2020 con cifras preocupantes sobre la violencia y los abusos a los migrantes centroamericanos en su ruta hacia Estados Unidos.
López Obrador ha tenido una relación tensa con la prensa y ha sido acusado de intimidar a periodistas. El 4 de mayo de 2021, por ejemplo, dijo en el país hay una prensa “tendenciosa”, que se dedica a mentir, y que es injusta con su gobierno, aunque agregó que hay “honrosas excepciones”. El mandatario señaló que es un tiempo de oscuridad para los medios de comunicación que, según él, están lejos de los ciudadanos y cercanos a los grupos de poderlo.
El mandatario ha dicho en sus pronunciamientos que su gobierno lucha contra la violencia contra las mujeres, aunque activistas denuncian que hay un un 96% de impunidad frente a casos de violencia de género y las cifras oficiales indican que ese tipo de crímenes solo crecen.
Nicaragua
El informe de más de 50 páginas también denuncia las elecciones en Nicaragua, que asegura no tuvieron garantías democráticas. Además, el presidente de Ortega sigue persiguiendo a los opositores y críticos, dice.
En el pasado, Ortega ha negado que haya presos políticos y ha afirmado que los opositores detenidos forman parte de una red que canalizaba fondos para ejecutar acciones de desestabilización en Nicaragua.
Más de 150 opositores, entre ellos más de cuarenta dirigentes y siete exprecandidatos a la presidencia, han sido detenidos y enfrentan juicios por supuesta traición a la patria y lavado de dinero, entre otros cargos.
Venezuela
Sobre este país, HRW reporta ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de corta duración por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro y sus fuerzas de seguridad, así como encarcelamiento de opositores, juzgamiento de civiles en tribunales militares, torturas y represión a manifestantes.
Así mismo dice que debido al estado de excepción impuesto por el covid-19, el Gobierno se ha valido para “aumentar el control sobre la población”.
“La falta de independencia judicial ha facilitado que estos delitos queden impunes. Las autoridades judiciales han participado o sido cómplices de los abusos”, dice el informe sobre Venezuela.
HRW recordó la investigación que inició el fiscal de la Corte Penal Internacional sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
El canciller Félix Plasencia dijo en Twitter que el señor Vivanco se despide de HRW haciendo lo que mejor sabe hacer: fabricar expedientes para complacer a sus financistas. Su último informe, lleno de imprecisiones y sin mención a los nocivos efectos de las Medidas Coercitivas contra el Pueblo de Venezuela, es mitomanía pura”.
El gobierno de Maduro ha estado bajo examen preliminar en la Corte Penal Internacional desde febrero de 2018 por supuestos crímenes de lesa humanidad, para determinar si ameritaba un juicio. En noviembre de 2021 el gobierno y la CPI suscribieron un memorando de entendimiento por el cual el país sudamericano se compromete a cooperar con la investigación que la Corte llevará a cabo allí por denuncias de delitos de lesa humanidad.
“Es un acuerdo que expresa la síntesis de esta jornada que han sido un paso de avance en las relaciones de complementariedad positiva y cooperación entre el estado venezolano”, dijo Maduro tras firmar el memorando en noviembre pasado.
En marzo de 2021, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló que su oficina documentó al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de “periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición, incluidos los miembros electos de la Asamblea Nacional de 2015 y sus familiares”.
En diciembre de 2020, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Corte IDH, responsabilizó a la República Bolivariana de Venezuela por la muerte, durante un operativo militar, de siete personas privadas de libertad. En septiembre de ese año, la Misión Internacional Independiente de determinación de hechos sobre Venezuela, que pertenece a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), presentó un informe en que se dice que ocurrieron graves violaciones en Venezuela desde 2014 que habrían sido perpetuadas por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y de los servicios de inteligencia, tanto civiles como militares. al Gobierno de Venezuela de crímenes de lesa humanidad.
Según un informe publicado en 2019 por Human Rights Watch, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la policía venezolana cometieron ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias en comunidades de bajos recursos “que dejaron de apoyar al gobierno de Nicolás Maduro”.
El gobierno del cuestionado presidente Nicolás Maduro ha rechazado reiteradamente los múltiples señalamientos y ha acusado en diferentes oportunidades a países como Estados Unidos, a gobiernos como el de Colombia y al Grupo de Lima de promover acciones en contra del país.
Un informe de junio de 2020 la organización de derechos humanos Robert F. Kennedy (RFK) afirma que el Gobierno utiliza “desapariciones forzadas” como una herramienta de represión política. El gobierno, a través del fiscal general Tarek William Saab, desestimó en ese momento el informe y le dijo a CNN que la organización no tenía competencia para juzgar la situación en Venezuela.
Avances en defensa a los derechos humanos
El reporte señala “acontecimientos alentadores” en cuanto a protección de derechos humanos en la región. Por ejemplo la despenalización del aborto en Argentina en 2020; la despenalización del aborto en cuatro estados de México en 2021, y leyes en el avance y flexibilización del aborto en Ecuador.
Así mismo la aprobación del matrimonio igualitario en Chile y el reconocimiento de identidades de género no binarias en los documentos de identidad oficiales en Argentina.
“Muchos periodistas, defensores de derechos humanos y jueces valientes en la región han desempeñado un papel extraordinario al exponer abusos y actuar como frenos al poder ejecutivo”, expresó Taraciuk Broner.
Con información de Miguel Ángel Antoñanzas, Florencia Trucco y Osmary Hernández