Nota del Editor: Andrea Picciotti-Bayer dirige el Proyecto Conciencia (Conscience Project), una organización católica que defiende la libertad religiosa y los derechos de conciencia, en los que se amparan quienes se niegan a realizar prácticas que contravengan sus creencias religiosas o personales. También es directora estratégica del Instituto de Ecología Humana en la Universidad Católica de Estados Unidos. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivamente suyas. Puedes encontrar más artículos de opinión en CNNe.com/opinion.
(CNN Español) – Daniel Ortega está moviendo a Nicaragua en la dirección de un Estado autoritario. Ha apresado a varios oponentes políticos antes de las más recientes y cuestionadas elecciones presidenciales para mantenerse en el poder. Sin embargo, hay una institución que no ha sido capaz de silenciar: la Iglesia católica.
El Gobierno de Ortega trasladó el 19 de agosto a Managua al obispo Rolando Álvarez, que preside la Diócesis de Matagalpa en Nicaragua. Varios policías entraron en la curia episcopal y se llevaron al obispo, quien ya se encontraba en arresto domiciliario junto a varios sacerdotes y seminaristas. Este imperdonable ataque no es, desgraciadamente, un evento aislado. Otro sacerdote católico, el padre Uriel Vallejos, se encerró, luego de que la policía allanara la estación de radio de su parroquia y sitiara su residencia durante varias jornadas. La emisora administrada por el padre Vallejos es una entre varias estaciones radiales y televisivas que han sido cerradas por el gobierno recientemente.
No nos engañemos creyendo que Ortega simplemente trata de mantener la seguridad pública. En marzo, el gobierno de Ortega expulsó a las hermanas de la orden misionera fundada por la madre Teresa de Calcuta. Su exilio siguió a la expulsión del nuncio apostólico de Nicaragua, el arzobispo Waldemar Stanislaw Sommertag.
La administración del presidente de Estados Unidos Joe Biden ha condenado el régimen de Ortega, pero no capta del todo la naturaleza de la cacería que ha orquestado. Como respuesta a las preguntas sobre la última persecución de católicos en Nicaragua, Karine Jean-Pierre, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, respondió: “Ha habido un deterioro drástico del respeto a los principios democráticos y de los derechos humanos por parte del régimen de Nicaragua, incluyendo el encarcelamiento de líderes democráticos, miembros de la oposición política, estudiantes y periodistas”. Solo Brian Nichols, secretario de Estado adjunto para asuntos del hemisferio occidental, dijo a comienzos de agosto en su cuenta de Twitter que “el brutal asalto de Ortega-Murillo al clero católico, a las instalaciones de la radio y a los miembros de la comunidad en Sébaco es otro golpe a la libertad religiosa en Nicaragua, así como a la libertad de expresión. ¿Cómo pueden los hombres y mujeres de uniforme –muchos de ellos personas de fe– cumplir tales órdenes?”.
La Comisión Bipartita sobre Libertad Religiosa Internacional de EE.UU. ante el Congreso (USCIRF), por su parte, dijo que “el gobierno de Nicaragua ha continuado su patrón de acoso contra la Iglesia católica”, en su actualización más reciente del país.
En la historia contemporánea, los católicos polacos lucharon contra el régimen comunista dominado por los soviéticos en su país. Entre sus filas se encontraba Karol Wojtyła, quien más tarde sería papa y es ahora San Juan Pablo II. A lo largo de su pontificado, impulsó la lucha por la igualdad global, incluyendo en Latinoamérica.
Al mismo tiempo, el pontífice confrontó a varios teólogos de la liberación que estaban emergiendo dentro de la Iglesia misma. Apoyó la idea de una Iglesia social y políticamente comprometida, pero no aceptó la idea de una Iglesia partidista, es decir que tomara partido por un movimiento o corriente política específica (lo cual promovían varios teólogos de la ideología de la liberación). De hecho, en su viaje a Nicaragua en 1983, el papa Juan Pablo II castigó a Ernesto Cardenal, sacerdote y activista marxista por la Teología de la liberación, que ocupaba un cargo público como ministro de Cultura del régimen, algo incompatible con su ministerio como sacerdote católico.
Cardenal, desafiante, fue destituido de su ministerio eclesiástico; sin embargo, sería luego un opositor de los sandinistas. Poco antes de la muerte de Cardenal en 2020, el papa Francisco le restauró sus facultades sacerdotales. Como signo del creciente odio de Ortega a la Iglesia católica, la misa de réquiem de Cardenal fue atacada por una turba sandinista.
El clero actual en Nicaragua ha intentado mantenerse neutral a la política, a pesar de los brutales ataques hacia los manifestantes contra el régimen. En 2018, varios líderes eclesiásticos intentaron mediar en un diálogo nacional entre los manifestantes y el régimen de Ortega. Pero esto no llegó a buen fin: las manifestaciones violentas continuaron, y hubo un ataque perpetrado por policías y parapolicías contra la iglesia de La Divina Misericordia, en Managua. Desde entonces, los líderes católicos en el país se han manifestado contra el gobierno.
Uno de esos líderes es el obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, quien se trasladó a Roma en 2019 y luego se estableció en Miami, luego de un constante acoso por parte del gobierno y sus partidarios, que según el mismo Báez habría incluido un complot de asesinato en su contra. Durante una misa reciente en Miami, transmitida a través de sus redes sociales, Báez denunció el arresto del obispo Álvarez y de otros sometidos a las tácticas de mano dura de Ortega: “hay que pedir la libertad, no hay que negociar con las personas, porque son inocentes”.
El llamado del obispo Báez está firmemente enraizado en las enseñanzas del Concilio Vaticano II. En Dignitatis Humanae en su declaración sobre la libertad religiosa, la Iglesia reclama “para sí la libertad, en cuanto es una sociedad de hombres, que tienen derecho a vivir en la sociedad civil según las normas de la fe cristiana”.
Ortega, quien en los últimos años ha declarado haber redescubierto su fe católica, ha perseguido un clero inocente y suprimido violentamente la democracia.