El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este lunes que ha dado inicio el proceso para comprar, de manera anticipada, la deuda que el país centroamericano tiene con inversionistas.
En enero de 2023, el gobierno debe pagar unos US$ 800 millones de bonos que fueron adquiridos en 2002 y 2003. Una cantidad similar debe cancelar en 2025, según las autoridades.
Para comprar la deuda, el Ministerio de Hacienda, responsable de esta operación, utilizará US$ 265 millones provenientes del uso de Derechos Especiales de Giro.
Se trata de fondos otorgados en 2020 por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a todos los estados miembros, a raíz de la pandemia del covid-19. Además de un préstamo de US$ 200 millones otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
La invitación lanzada este lunes por el gobierno a los inversionistas está sujeta “a un monto total que no exceda los US$ 360 millones para comprar el monto principal de las notas aceptadas para la oferta y pagar los intereses devengados y cualquier prima con respecto a dichos bonos”, se lee en el documento en inglés compartido por Bukele a través de su cuenta de Twitter.
De acuerdo a ese documento, el próximo 22 de septiembre vence el plazo para que los inversionistas puedan expresar su intención de vender de manera anticipada los bonos.
De acuerdo con el gobierno de El Salvador la compra de bonos se llevará a cabo de manera “pública y abierta”. Además, reconoce que algunos inversionistas podrían no estar interesados en vender sus bonos antes, al precio de mercado.
"Aquellos bonistas que no quieran ingresar a la compra pública, voluntaria y anticipada por parte del gobierno pueden mantener sus bonos hasta el vencimiento y el gobierno de El Salvador pagará su valor nominal al final del periodo”, aseguró Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda, el pasado 28 de julio en entrevista con CNN.
El gobierno ha dicho que con estas acciones busca garantizar y demostrar que El Salvador tiene suficiente liquidez como para hacer frente a sus compromisos.
En noviembre de 2021, el Fondo Monetario Internacional hizo público los resultados de la misión técnica que visitó El Salvador y que advertía al país sobre el posible crecimiento de la deuda pública, superior al 95% del Producto Interno Bruto (PIB) hacia 2026, debido a la “ausencia de medidas decisivas de política económica para corregir los desequilibrios fiscales y aliviar estas limitantes al crecimiento”.
El FMI ha sugerido al gobierno medidas como el aumento en los impuestos sobre bienes y servicios, la focalización de subsidios y el alineamiento de salarios públicos comparables con los del sector privado para equilibrar sus finanzas.