Pedro Castillo denuncia “golpe de Estado” luego de ser denunciado por la fiscal de la Nación ante el Congreso de Perú
(CNN Español) -- El presidente de Perú, Pedro Castillo, denunció este martes un supuesto intento de golpe de Estado supuestamente inspirado por el Ministerio Público, horas después de que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentara una denuncia constitucional en su contra ante el Congreso de la República.
“El día de hoy (martes), en horas de la mañana, se ha iniciado la ejecución de una nueva modalidad de golpe de Estado en el Perú, un golpe de Estado con libretos creados utilizando al Ministerio Público políticamente y hacer creer al país de que mi persona lidera una red criminal, lo cual rechazo rotundamente”, dijo el mandatario en una conferencia a la prensa extranjera en el Palacio de Gobierno.
El presidente no puede ser acusado penalmente mientras está en funciones, de acuerdo con la Constitución. La denuncia busca suspender al presidente de sus funciones y poder ponerlo a disposición de la justicia para que sigan en marcha las investigaciones de la Fiscalía y eventualmente sea juzgado por la Corte Suprema.
La Fiscalía ha abierto seis investigaciones contra Castillo, cinco de ellas por presuntos actos de corrupción cometidos durante su gobierno. El presidente ha negado en reiteradas ocasiones estos señalamientos.
Es la primera vez que un fiscal de la Nación presenta una denuncia constitucional contra un presidente en funciones.
Dos horas antes del pronunciamiento del mandatario, en un mensaje público, la fiscal de la Nación denunció que había hallado “muy graves y reveladores indicios de existencia de una presunta organización criminal enquistada en el gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar los procesos de contrataciones en los diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas, organización presuntamente liderada por el presidente de la República, (Pedro) Castillo Terrones”.
¿Qué delitos alega la denuncia?
La denuncia constitucional fue presentada por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión, que habría cometido el mandatario en los casos conocidos como Ministerio de Transportes y Comunicaciones o Puente Tarata; Petroperú; y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Es decir, tres de los seis casos por los que el mandatario es investigado por la Fiscalía de la Nación desde principios de año.
La denuncia presentada ante el Congreso “se sustenta en la obtención de beneficios económicos por nombramientos en puestos clave, en el cobro de porcentajes por las licitaciones ilícitamente obtenidas y el uso ilícito de las facultades presidenciales”, sostiene el Ministerio Público en su cuenta de Twitter.
¿A quiénes más incluye esta denuncia constitucional?
La denuncia incluye a los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado, quienes, según la teoría fiscal, serían parte de una presunta organización criminal liderada por el mandatario. Silva, quien es investigado y tiene una orden de detención en su contra, se encuentra prófugo. Mientras que Alvarado, también investigado, ha asistido a las citaciones fiscales y ha negado las acusaciones en su contra.
¿Qué es una denuncia constitucional?
A través de la denuncia constitucional se llevan a cabo dos procesos en el parlamento: el antejuicio político por comisión de delito y el juicio político por infracción constitucional.
El antejuicio tiene como finalidad la suspensión en el cargo del funcionario público para ponerlo a disposición de la justicia, mientras que el juicio político puede determinar la suspensión del cargo o la destitución e inhabilitación hasta por 10 años. En este caso, la Fiscalía busca el antejuicio político, según la denuncia presentada ante el Congreso y a la que CNN tuvo acceso.
El abogado constitucionalista Aníbal Quiroga explicó a CNN que el presidente de la República está protegido por el artículo 117 de la Constitución de Perú —que solo permite acusar al mandatario por cuatro delitos, entre ellos, el de traición a la patria—, pero esto no debiera permitir que Castillo “se escude detrás de él”.
Congreso de Perú (Crédito: TV PERÚ)
Quiroga señaló que “en el mundo jurídico peruano hay consenso en que el artículo 117 es una protección a la investidura presidencial, pero no un parapeto para evitar graves acusaciones sobre delitos comprobados”. La Fiscalía, agregó, tiene carpetas o imputaciones contra el presidente de la República y su entorno por presuntos delitos de corrupción. “La pregunta es si el (artículo) 117 soporta que esto se detenga hasta el 2026 o si puede ser superado. Toma auge la opinión de que el (artículo) 117 es una barrera para evitar el perjuicio del presidente de la República por razones políticas, pero no por razones de impunidad”, agregó.
La fiscal de la Nación dijo en su mensaje del martes que es “responsabilidad exclusiva y excluyente” del Congreso de la República decidir sobre el trámite de la denuncia constitucional en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Entonces, queda en manos del Congreso decidir, a través de los votos, si esta denuncia contra Pedro Castillo procede o no.