Un mural con la imagen de Angel Benitez, desaparecido el 20 de marzo de 1980, durante la dictadura argentina (1976-1983), se observa en el edificio de la ex Escuela de Mecánica Naval que funcionó como centro clandestino de detención durante la dictadura, también conocida como ESMA, en Buenos Aires el 28 de julio de 2023 (Foto LUIS ROBAYO/AFP via Getty Images)
Milei cierra un organismo oficial que buscaba a los niños apropiados ilegalmente durante la última dictadura en Argentina
(CNN Español) -- Las Abuelas de Plaza de Mayo han encontrado a casi 140 nietos. Eran niños —hoy adultos de alrededor de 45 años— que fueron sustraídos ilegalmente a sus padres, quienes fueron detenidos durante la última dictadura de Argentina (1976-1983) y que en muchos casos permanecen desaparecidos. Pero a partir de ahora, debido a una decisión del Gobierno del presidente Javier Milei, será mucho más lento y complicado hallar a los más de 300 hombres y mujeres que aún hoy, a 40 años de la recuperación de la democracia, las Abuelas estiman que viven sin conocer su verdadera identidad.
A través de un decreto, el Ejecutivo de Argentina cerró el 14 de agosto la Unidad especial de investigación de la desaparición de niños como consecuencias del accionar del terrorismo de Estado (UEI), dependiente de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) y que fue el principal organismo en derivar denuncias a la Justicia. Según sus miembros, en los últimos tres años originó alrededor del 60% de los casos que ha tramitado el Poder Judicial.
La UEI, creada en 2004 durante el Gobierno de Néstor Kirchner, agilizaba la búsqueda porque #se dedicaba a investigar específicamente las denuncias que llegan a la Conadi sobre niños o niñas que hayan sido apropiados durante la dictadura —hoy hombres y mujeres—#, explica Claudia Poblete, hija de desaparecidos que recuperó su identidad en 2000 y que hoy forma parte de la comisión directiva de Abuelas de Plaza de Mayo.
"Mientras funcionaba la UEI estas investigaciones se hacían antes de llegar al ámbito judicial y permitía que la Justicia tomara los casos ya investigados", añade, dado que esta unidad tenía, por ejemplo, la potestad de acceder a archivos y documentos de organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, así como de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
La unidad asistía a jueces y fiscales en casos de posible sustitución de identidad, para evitar que se abrieran causas improcedentes. “Ahora, las más de 7.000 denuncias que ha recibido Abuelas de Plaza de Mayo deberían ir directamente a la Justicia y eso entorpece y enlentece muchísimo todo el proceso. Será un retroceso enorme porque se había creado para evitar la dilación en los procesos y esta sobrecarga del Poder Judicial”, prosigue Poblete.
Abuelas de Plaza de Mayo ya había advertido sobre el tema a fines de junio. En un comunicado sostenían que la eliminación de la UEI ralentizaría “la búsqueda de nuestros nietos y nietas y resultará un perjuicio para la ciudadanía, un obstáculo para la Justicia y un gasto para el Estado” porque realizaba una “investigación preliminar que agiliza la tarea de la Justicia, no la duplica”.
"Nos duele tener que recordar que, en los primeros años de búsqueda, muchos jueces no nos atendían y los que lo hacían encontraban muchas dificultades para hacer avanzar las causas. Antes de la creación de la UEI, las causas en la Justicia podían demorar años, luego este instrumento permitió acelerar la búsqueda y desestimar casos antes de ser judicializados", agregaron.
Una transeúnte pasa junto a un pañuelo blanco -símbolo de lucha y resistencia, que ha identificado a las integrantes de la asociación Madres de Plaza de Mayo- el 21 de noviembre de 2022 en Buenos Aires, Argentina. (Foto de LUIS ROBAYO/AFP vía Getty Images)
La postura oficial
La justificación del Gobierno para cerrar la UEI, que se encontraba bajo la órbita del Poder Ejecutivo, es que "violentaba el régimen constitucional de división de poderes porque llevaba a cabo funciones propias del Poder Judicial desde el Poder Ejecutivo", por lo que "violaba atrozmente el derecho fundamental a la intimidad de los argentinos". "La existencia de este organismo es incompatible con la Constitución Nacional", según el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
"Eso es falso —refuta Poblete—. Hay otras unidades del Poder Ejecutivo que también tienen atribuciones similares, como la Oficina anticorrupción o, en su momento, la Conadep (Comisión nacional sobre la desaparición de personas, creada por Raúl Alfonsín el 15 de diciembre de 1983, cinco días después de asumir la Presidencia, para investigar la desaparición forzada de personas durante la dictadura). Sobre ninguna de ellas se esgrime la misma excusa. La Conadi ha trabajado con la UEI en conjunto con el Poder Judicial en todos estos años sin que haya surgido, ni siquiera desde los propios acusados en los juicios, ningún cuestionamiento respecto a esto".
En el mismo sentido, Abuelas de Plaza de Mayo rechaza la tesis oficial de la violación de la intimidad. "Nunca, en estos 32 años de existencia de la Conadi, se filtró información acerca de alguna de las personas investigadas", afirma.
"A los únicos que beneficia este cierre es a los apropiadores y a las personas que han tenido que ver con las apropiaciones ilegales de niños y niñas durante la dictadura", sostiene Poblete.
CNN contactó al Ministerio de Justicia para obtener una reacción, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.
El Gobierno de Milei es el primero desde la recuperación de la democracia que cuestiona abiertamente la condena a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar en Argentina. El 24 de marzo, al cumplirse 48 años del último golpe de Estado, la Casa Rosada difundió un video que relativiza el terrorismo de Estado y niega que haya habido 30.000 desaparecidos, tal como afirman los organismos de derechos humanos y que es una cifra estimativa para graficar la magnitud, tal como sucede con otros horrores, como el Holocausto, donde es imposible determinar un número exacto.
La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas llegó en 1984 a registrar al menos 8.961 desaparecidos en una lista que consideró parcial, y el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad de Georgetown dio a conocer en 2006 un documento realizado por la inteligencia militar argentina en julio de 1978 en el que reconocen que hubo al menos 22.000 muertos y desaparecidos.
En el video, titulado Memoria, Verdad y Justicia Completa, también se trata de equiparar los crímenes cometidos por el Estado, considerados de lesa humanidad e imprescriptibles por tratados internacionales a los que Argentina adhirió y dio jerarquía constitucional en 1995, con los cometidos en el mismo periodo por las organizaciones guerrilleras, que, comparativamente son muchos menos y que, según la Corte Suprema de Justicia de Argentina, no pueden considerarse de lesa humanidad.
Manifestantes sostienen retratos de hombres que desaparecieron durante el último gobierno militar argentino durante una manifestación convocada por organizaciones sociales y de derechos humanos para recordar a las víctimas de la última dictadura en Argentina el 24 de marzo de 2024 en Buenos Aires, Argentina. (Foto de Tomas Cuesta/Getty Images)
Milei, además, parece adherir a la llamada "Teoría de los dos demonios", que busca equipar ambos crímenes y que enarbolaban los militares golpistas y sus seguidores, como la actual vicepresidenta Victoria Villarruel, que preside una ONG que defiende a los militares de esa época, a los que considera "víctimas del terrorismo de las organizaciones guerrilleras que hicieron la guerra revolucionaria en Argentina". Ya en uno de los debates presidenciales de 2023, Milei sostuvo que había una versión "tuerta" de la historia y que en Argentina se había librado una "guerra" en la que se cometieron "excesos", minimizando las torturas, desapariciones de personas, los cientos de centros clandestinos de detención, los llamados “vuelos de la muerte” y la apropiación ilegal de menores, todos delitos ampliamente probados y condenados por la Justicia.
Además, el Congreso investiga la visita en la cárcel de un grupo de diputados oficialistas, realizada en julio, a algunos militares condenados por delitos de lesa humanidad, entre ellos el exoficial de la Marina Alfredo Astiz, una de las figuras más resonantes de la última dictadura en Argentina, que formó parte del grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), el centro de torturas más grande de la época.
En ese momento, CNN contactó a los diputados, quienes respondieron las consultas pero evitaron dar detalles y no explicaron los motivos de la visita. El portavoz presidencial, Manuel Adorni, aclaró al ser consultado en su habitual conferencia de prensa matutina que se trató de "una agenda personal de los diputados" y que "no representan la totalidad del bloque ni pertenecen al Poder Ejecutivo", aunque todos esos legisladores pertenecen a La Libertad Avanza.
"No podemos dejar de ver esta medida como parte de un plan, que incluye la visita de los diputados de La Libertad Avanza (el partido de Milei) a los represores condenados por delitos de lesa humanidad, entre muchas otras medidas que atacan derechos de la ciudadanía", sostuvo Abuelas de Plaza de Mayo en un nuevo comunicado emitido el día en que se oficializó el cierre.
Allí también afirmó que "el Gobierno debe informar cómo garantizará la búsqueda de los 300 nietos y nietas que falta encontrar y con ello, el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado argentino".