Nota del editor: Aaron David Miller es vicepresidente y un distinguido investigador del Centro Internacional de Investigación Woodrow Wilson y es autor de 'The End of Greatness: Why America Can't Have (and Doesn't Want) Another Great President'. Actuó como negociador en Medio Oriente durante gobiernos demócratas y republicanos. Síguelo en Twitter en @aarondmiller2. Las opiniones en este artículo son de su propia responsabilidad.

(CNN) - El decreto sobre la prohibición de viajes firmado este lunes por el presidente Donald Trump es un esfuerzo para evitar los inconvenientes que enfrentó el último, bloqueado por los tribunales, y sobre todo para conseguir que se implementara algo. Pero todavía no responde del todo a las amenazas que enfrentamos.

¿Mejor que el último?

Claramente, el fallido despliegue y la naturaleza radical del decreto inicial le generaron una reacción negativa casi universal en el país y en el extranjero con bases legales, constitucionales y de seguridad nacional.

De hecho, teniendo en cuenta ese despliegue inicial en enero, los documentos filtrados del Departamento de Seguridad Nacional han minado aparentemente la razón de seguridad para el decreto original. Y, por lo tanto, el propósito estratégico de esta nueva versión parece ser evitar los desafíos judiciales que podrían paralizar su destino al igual que el primero.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (Crédito: Alex Wong/Getty Images)

Este nuevo decreto evita restringir la entrada de residentes permanentes legales. Evita mencionar cualquier preferencia por las minorías religiosas que puedan sugerir discriminación; permite un plazo de implementación que evite la confusión y el caos de las personas que viajan o se preparan para hacerlo de forma inminente, y deja por fuera una de las disposiciones más controvertidas del decreto anterior, la restricción en contra de los iraquíes, ya que son aliados y clave en la lucha contra los yihadistas de ISIS.

El nuevo decreto también reduce las restricciones a un programa separado para los refugiados sirios, y permite que viajen aquellos con visas válidas. Es probable que haya un recurso judicial contra esta última disposición gubernamental, pero tal vez tenga más posibilidades de ser mantenida e implementada. Así mismo, es factible que encuentre más apoyo tanto del público como del Congreso.

¿Por qué hacerlo en primer lugar?

Incluso en su forma enmendada, el nuevo decreto parece ser una solución diseñada para abordar un problema que no tenemos. Los críticos (yo incluido) han argumentado que mirar los datos desde el 11 de septiembre conduce a la conclusión ineludible de que la amenaza real a la patria estadounidense no viene como resultado de la acción de los recién admitidos en Estados Unidos como refugiados, o con visas de inmigrante o no inmigrante, sino de la de yihadistas que han sido radicalizado aquí y son ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes.

Como lo ha demostrado mi colega en CNN y analista de terrorismo Peter Bergen, de los doce terroristas que han llevado a cabo ataques mortales desde el 11 de septiembre, en los que han muerto 94 estadounidenses, ninguno emigró o nació de una familia emigrada de cualquiera de los países señalados en el decreto original.

Y desde 1980, cuando se implementó la Ley de Refugiados, ningún individuo admitido como refugiado ha estado implicado en un ataque terrorista fatal aquí en casa.
Uno tiene que preguntarse cómo cualquier nuevo procedimiento de investigación puede descubrir, en el caso de niños pequeños o aquellos que aún no han nacido de familias admitidas en Estados Unidos, que una persona se pueda radicalizar o ser influenciada por la propaganda yihadista en el futuro.

¿Qué se supone que debe hacerse?

Presumiblemente, el gobierno de Trump, que salió muy quemado tras el anuncio del decreto original, no está buscando una pelea y quiere cumplir la promesa de campaña del presidente de restringir y endurecer estándares para la admisión, con su "extrema" investigación. Pero lo que esto realmente significa y qué tipo de nuevos procedimientos podrían desarrollarse en el período intermedio de cuatro meses en que se suspenderá la admisión de refugiados no está del todo claro.

Un enfoque podría ser un esfuerzo para exigir más documentación de lugares como Siria, donde no hay un gobierno central y donde la guerra civil ha hecho que la verificación sea más complicada, a veces imposible. Sin embargo, la investigación sobre los refugiados sirios ha demostrado hasta ahora ser bastante eficaz. No es necesario creer en las teorías de conspiración para preguntarse si el propósito estratégico del ejercicio del decreto no es simplemente suspender la inmigración de países que causan preocupación, sino que está dirigido a desarrollar criterios que estos países no pueden o no querrán cumplir.

Durante su discurso ante el Congreso, el presidente Trump se refirió a la importancia de no permitir que se creara una cabeza de playa para el terrorismo en Estados Unidos. La forma en que lograría esto sin algún tipo de prueba de lealtad seguramente sería inconstitucional (diferente al juramento de ciudadanía con el que los ciudadanos estadounidenses se comprometen a defender la Constitución) y no está clara. Eso sugiere que el gobierno puede querer desarrollar nuevos procedimientos que hagan mucho más difícil la inmigración desde los seis países integrantes de esa lista.

¿Es realmente necesaria una mejora en la investigación?

El hecho es que vivimos en la era del terror yihadista. El 11 de septiembre fue uno de los días más sangrientos de la historia de Estados Unidos. Y hay grupos terroristas como al Qaeda en la Península Arábiga que participan activamente en la planificación de más ataques terroristas en suelo estadounidense. La vigilancia debe ser constante y las revisiones regulares de nuestros procedimientos de seguridad son fundamentales. Pero cualquier cambio que se haga debe ser diseñado para hacernos más seguros, no menos. El decreto enmendado no parece hacer esto. Países como Afganistán, Pakistán y Arabia Saudita deberían estar en la lista de países preocupantes, pero no lo están. Además, hay costos y desventajas incluso para esta modificada iniciativa del Ejecutivo.

Pero mucho más grave, dada la retórica del presidente sobre la prohibición de los musulmanes durante la campaña, es la probabilidad de que enajene y estigmatice a los tres millones de estadounidenses de fe musulmana cuyo apoyo y cooperación es de vital importancia para abordar la amenaza real de que los datos demuestran que sí enfrentamos: el terrorismo yihadista de cosecha propia.