(CNN Español) - El asesinato del futbolista panameño Amílcar Henríquez ha dejado a la nación centroamericana conmocionada.

Henríquez murió el sábado tras ser baleado en la provincia de Colón, costa atlántica. El crimen ocurrió a menos de un mes de que el Gobierno de Panamá creó la llamada Fuerza de Tarea Conjunta Águila, un grupo de élite conformado por miembros de estamentos de seguridad, enfocados en combatir la delincuencia en 5 puntos del país, entre ellos la provincia de Colón.


Imagen de la detención de uno de los sospechosos del asesinato de Amílcar Henríquez

Al presentar dicha fuerza, el presidente Juan Carlos Varela se refirió a la lucha entre pandillas rivales por el control del mercado de la droga en su ruta hacia Norteamérica como la causante de la violencia en los barrios panameños.

Las cifras de criminalidad de Panamá distan de las registradas en algunos de sus vecinos en Centroamérica, como Honduras, El Salvador o Guatemala, que lideran el índice de criminalidad en Centroamérica, según diversas organizaciones, incluyendo la ONU.

Según los datos para 2016 de Igarapé Institute, think thank sobre seguridad con sede en Brasil, Panamá registró ese año 418 homicidios (una tasa de 10 por cada 100.000 habitantes). El año anterior se registraron 493 (12,4 por cada 100.000 habitantes).

Las últimas cifras del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC) de Panamá son de 2014, cuando se registraron en el país 631 homicidios, es decir, una tasa de 16,1 por cada 100.000 habitantes.

Al hablar de la Fuerza Águila, el pasado 24 de marzo, el presidente Varela destacó una reducción del 31,7% en el número de homicidios del 2014 al 2016 sin referir la fuente de los datos.

Según el reporte de homicidios de Igarapé Institute para 2016, en El Salvador se registraron 5.280 homicidios, siendo el más violento de la región con una tasa de 91,2 por cada 100.000 habitantes.

Honduras, con 5.150 homicidios y una tasa de 59,1 por cada 100.000 habitantes ocuparía el segundo puesto, seguido de Guatemala, con una tasa de 27,3 homicidios por cada 100.000 habitantes (4.520 en total, en 2016).

Dos años antes, en 2014, según los datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) sobre homicidio intencional, era Honduras el que ocupaba el primer lugar como país más violento de la región. Ese año registró 5.936 homicidios (74,6 homicidios por cada 100.000 habitantes).

Le seguía entonces El Salvador, con una tasa de 64,2 homicidios por cada 100.000 habitantes ese año (3.921 en total) y Guatemala también ocupaba el tercer lugar, con 31,2 homicidios por cada 100.000 habitantes (4.998).

En el lado opuesto de la lista, Nicaragua tiene el menor índice de criminalidad de la región según los datos de Igarapé, con una tasa de 7,0 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2016 (286 en total). Costa Rica se sitúa en unos márgenes parecidos a los de Panamá, con una tasa de 11,8 homicidios por cada 100.000 habitantes (577 en total) en 2016.

Pese a lo arrojado por las cifras, el 70% de los panameños encuestados en el octavo informe sobre Seguridad Ciudadana dijo que el país era "inseguro".

Esta encuesta fue realizada por el Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a través del proyecto INFOSEGURA y la empresa encuestadora IPSOS Panamá.

En el 2016, el 17% de la población encuestada fue víctima en los últimos 12 meses de alguna situación que atentó contra su seguridad: un 81% dijo que ha sido víctima una sola vez y 19% más de una vez.

En cuanto a los delitos, el 51% de los encuestados reportó hurto, 28% robo, al 13% le golpearon o agredieron y al 9% le mataron un familiar. En menor proporción, reconocieron haber sido víctima de un intento de homicidio (3%), estafa o intento de estafa (3%), violencia verbal o física (2%) y secuestro o intento de secuestro (1%).

Esta encuesta fue realizada en 2016 bajo la modalidad cara a cara, a 1.207 personas, mayores de 18 años de todos los estratos sociales, en lugares considerados urbanos con excepción de la provincia del Darién y las comarcas indígenas.