Nota del editor: Giovanna de Michele es docente en la Universidad Central de Venezuela y analista internacional con estudios de Inteligencia y Contrainteligencia, así como de Imagen y Escenarios de Negociación. Trabajó como Analista de Seguridad y Defensa en el Estado Mayor Conjunto del Ministerio de la Defensa (1984-1988) y en la Dirección de Inteligencia del Comando General del Ejército de Venezuela (1988-1996). Además, fue Negociadora para la Delimitación de Áreas Marinas y Submarinas con Colombia y otros temas desde octubre de 2001 hasta abril de 2009. De Michele es venezolana y reside en Caracas. Las opiniones expresadas en esta columna pertenecen exclusivamente a la autora.

(CNN Español) - La incertidumbre acerca de la asistencia o no de Nicolás Maduro a la VIII Cumbre de las Américas, a celebrarse en Lima, Perú, los días 13 y 14 de abril y cuyo tema central es “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”, se ha convertido en foco de atención dentro y fuera del continente americano.

La razón fundamental tiene que ver con la comunicación emitida por la cancillería peruana el 13 de febrero (y que reiteró el nuevo canciller Néstor Popolizio el 3 de abril), en la cual se notificó a su contraparte venezolana, la decisión de retirar la invitación que con antelación había sido enviada a Nicolás Maduro, en su condición de presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Tal decisión fue previamente compartida y avalada por 13 Estados miembros del Grupo de Lima; que expresaron su rechazo a las condiciones que avalan la convocatoria a elecciones presidenciales formulada por la Asamblea Nacional Constituyente, así como al serio deterioro de los derechos humanos, al cual hizo referencia el informe de la Comisión Interamericana de DD.HH., titulado: “Institucionalidad democrática, estado de derecho y derechos humanos en Venezuela”, publicado el 12 de febrero de 2018.

Tales precedentes aunados al compromiso asumido por los Estados americanos en la III Cumbre de las Américas, según el cual: “…cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado del Hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del Gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres de las Américas”; sirvió de fundamento a la censura política más categórica a la cual haya sido expuesto Gobierno alguno en las Américas en este siglo XXI.

Sin duda alguna, se trata de un esfuerzo significativo por vencer las limitaciones burocráticas vigentes en el proceso de toma de decisiones en instancias como la Organización de Estados Americanos; donde no ha sido posible sancionar de manera institucional al Gobierno venezolano, ante la que, a juicio de diversos componentes de la comunidad internacional, representa una clara pérdida de la legitimidad de desempeño del Gobierno de Nicolás Maduro; alejado de manera reiterada y sostenida de las formas democráticas de ejercer el poder.

No obstante, los recientes cambios en el poder político peruano, y la consecuente llegada a la presidencia de Martín Vizcarra, han planteado algunas interrogantes acerca de la persistencia de las decisiones tomadas por su antecesor Pedro Pablo Kuczynski en su condición de Jefe de Estado del país sede la VIII Cumbre de las Américas; aun cuando, la cancillería de Perú, a través de su máxima representante, reiteró su negativa a replantear la invitación al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Por su parte, el Gobierno de Venezuela, a través de diversos voceros, ha manifestado que su primer mandatario nacional acudirá a la cita, independientemente de todas las consideraciones anteriores. Al respecto, es necesario acotar que: 1) al no ser invitado, no sería recibido con los honores correspondientes a un Jefe de Estado 2) su ingreso al territorio peruano sería similar al de un ciudadano común, por lo que pudiera ser objetado por las autoridades migratorias 3) de llegar al lugar de celebración de la Cumbre, muy probablemente no encuentre un lugar asignado, en virtud de su ausencia en la lista protocolar, por lo que tampoco figurará en el orden para hacer uso del derecho de palabra.

Finalmente, considerando las significativas dificultades expuestas, no es de descartar la posibilidad de una “cumbre” paralela, a la cual acudan los mandatarios afectos ideológicamente al gobierno venezolano, así como representantes de la población civil, que rechazan el actual status quo peruano e internacional; dejando absolutamente claro, el carácter perturbador de la dirigencia política venezolana, para el logro de las metas tanto de la VIII Cumbre de las Américas, como de los esfuerzos regionales y continentales por consolidar la democracia y el respeto a los derechos humanos.

(La decisión de la cancillería peruana) representa una clara pérdida de la legitimidad de desempeño del Gobierno de Nicolás Maduro; alejado de manera reiterada y sostenida de las formas democráticas de ejercer el poder"

Giovanna de MicheleGiovanna de Michele