La demanda contra Felipe Calderón en La Haya aún no tiene fecha de análisis

(CNN) - La Corte Penal Internacional (CPI) aún no ha comenzado el análisis de la demanda interpuesta contra el presidente de México, Felipe Calderón, y los integrantes de su gabinete de seguridad por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad, informó la fiscal electa del organismo, Fatou Bensouda.

“Como hacemos en todos los casos en donde tenemos jurisdicción, hay una investigación preliminar que se inicia. En el caso de México, apenas recibimos la información y aún no estamos siquiera en la fase de análisis preliminar”, dijo Bensouda este lunes en conferencia de prensa, reportó la agencia Notimex.

La demanda argumenta que en México existe una “crisis humanitaria” generada por la estrategia de seguridad aplicada por el gobierno desde diciembre de 2006. Fue elaborada por el abogado mexicano Netzai Sandoval, es respaldada por 23,000 ciudadanos y fue entregada a la CPI el 25 de noviembre pasado.

“Por ahora no hay mucho que pueda decir sobre el tema”, dijo la guineana Bensouda, quien actualmente es fiscal alterna en el tribunal de La Haya, Holanda, y en junio próximo ocupará el puesto de fiscal jefe que actualmente ocupa el argentino Luis Moreno Ocampo, de acuerdo con Notimex.

Portavoces de la CPI indicaron a la agencia este lunes que el organismo aún no tiene una fecha definida para iniciar el análisis preliminar del documento de 700 páginas o desecharlo si lo considera improcedente.

La demanda exige que sean procesados Calderón y sus secretarios de Seguridad Pública, Genaro García Luna; Defensa Nacional, Guillermo Galván, y Marina, Francisco Saynez, así como el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa.

Según los demandantes, la estrategia de seguridad gubernamental ha causado más de 50,000 muertes y violaciones a los derechos humanos de parte de las fuerzas de seguridad (policía, Ejército y Marina).

El gobierno de México, en tanto, niega que la política de seguridad constituya un crimen internacional y afirma que ha promovido reformas para resguardar los derechos humanos. A principios de este mes indicó que no iniciará procesos legales contra los impulsores de la demanda —cuyas afirmaciones considera “calumniosas”— y que cada funcionario decidirá a título personal si acude a los tribunales para defenderse.