Nota del editor: Surya Palacios es socióloga, abogada y periodista mexicana. Colabora en Idconline, revista que pertenece a Grupo Expansión; síguela en su cuenta de twitter: @suryapalacios

(CNNMéxico)—-La situación del albergue La Gran Familia de Zamora, Michoacán, donde la Procuraduría General de la República (PGR) encontró casi 600 personas viviendo en deplorables condiciones, es excepcional por la magnitud de los hechos y las peculiaridades de la misma institución, aunque no puede considerarse un caso aislado en términos de vulneración de los derechos humanos de menores de edad.

En México no existe un criterio uniforme para el tratamiento de niños y adolescentes en situación de orfandad, abandono o violencia, pues cada uno de los 31 estados del país cuenta con legislaciones propias en la materia.

A esas regulaciones se suman decenas de normas especiales para los menores que delinquen, y más de 30 Códigos Civiles que establecen distintos preceptos en el tema de la adopción, y un número similar de procuradurías de la Defensa del menor.

Desde mi perspectiva, este entramado jurídico complica la supervisión que el Estado mexicano debe realizar en todas las instituciones dedicadas a la atención de menores, propiciando con ello un sistemático riesgo para la seguridad e integridad de los niños.

Los casos de explotación de menores que año con año surgen en el país son sólo una muestra de la debilidad institucional que prevalece en este tema. Como ejemplo está la desaparición de 14 niños de tres distintas instalaciones manejadas por el albergue Casitas del Sur, cuyos responsables fueron acusados de tráfico de menores; o la detección de una red internacional de trata de personas que operaba en el sureño estado de Chiapas.

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