(CNN Español) - El diario ecuatoriano La Hora se declaró en "resistencia" y se rehúsa a pagar una multa impuesta por la Superintendencia de Comunicación del país.

Los abogados y propietarios de La Hora concurrieron este lunes al Ministerio del Trabajo para presentar una acción de protección y así evitar una multa de 3.540 dólares impuesta por la Superintendencia.

El caso se inició hace tres meses cuando el alcalde de la ciudad de Loja, en el sur del país, denunció que la rendición de cuentas que presentó a la ciudad sobre su actividad anual no fue considerada ni publicada por el La Hora.

El artículo 18 de la ley de Comunicación, aprobada en 2013, marca la obligación de los medios de publicar información de interés público y establece que la omisión deliberada y recurrente del medio da origen a censura previa y establece una multa.

Francisco Vivanco, propietario del diario La Hora, reconoció que no publicaron esa noticia, pero argumenta que durante los meses previos hubo información sobre la gestión del alcalde.

"Casi dos notas diarias se publican sobre ese municipio. Lo que no se puede publicar es lo que ha venido sucediendo, es decir, en una edición el alcalde pide siete fotos en la misma edición y eso es lo que él entiende por información pública", dijo Vivanco.

En términos legales, la defensa del diario sostiene que hay un vacío en las leyes y que se está violando el debido proceso.

Para el superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, la clave del caso está en la Constitución y en la Ley de Comunicación.

"¿En qué ciudad del mundo, cualquiera, el informe de labores de un año de actividad del alcalde no es información de interés general?  Y los señores de La Hora no sacaron una sola letra", dijo Ochoa.

La Hora se declaró el jueves en resistencia, figura legal que contempla la Constitución.

Sin embargo, Ochoa dijo que resistirse a pagar la multa es el camino equivocado.

Para el superintendente, antes de declarar la resistencia, deberían agotar todas las instancias legales. Ochoa explicó que el siguiente paso es "notificar a la Contraloría General del Estado para que proceda al cobro de la sanción vía coactiva".

El propietario del periódico advierte que una sanción generaría un precedente funesto para la comunicación, porque implicaría que cualquier funcionario reclame presencia en los medios si considera que lo merece, una tarea que cree que es es responsabilidad de los periodistas.