(CNN Español) - Treinta años después de una de los episodios violentos más trágicos en la historia de Colombia, la toma del Palacio de Justicia, la Fiscalía identificó tres de los cuerpos de personas que estaban catalogadas como desaparecidas.

Sus familiares dicen que iniciarán el proceso de duelo pero que aún esperan saber la verdad sobre la manera en que murieron sus seres queridos.

El día de la tragedia

El 6 de noviembre de 1985 un comando armado de la guerrilla del M-19 se tomó las instalaciones del Palacio de Justicia de Colombia, en el centro de Bogotá.

Durante dos días los insurgentes retuvieron a 350 rehenes, entre magistrados, empleados judiciales y visitantes.

Tras el operativo militar para retomar el control del edificio murieron 98 personas y 11 más fueron declaradas como desaparecidas.

Una verdad, muchas preguntas

Este martes, después de tres décadas de sufrimiento e incertidumbre, René Guarín, recibió, a nombre de su familia los restos mortales de su hermana, Cristina Guarín, empleada de la cafetería del palacio.

La fiscalía también identificó los cuerpos de Lucy Amparo Oviedo, también empleada del lugar, y Luz Mery Portela, abogada.

Los cuerpos fueron encontrados en dos cementerios.

Para René Guarín, "30 años después hay un sentimiento triple: de alegría porque finalmente estamos recibiendo unos restos que hemos venido reclamando a lo largo de tres décadas. Hay un sentimiento de tristeza porque nuestros papás que consideramos que eran las personas que debían haber recibido estos restos ya no están entre nosotros y nos tocó a los hermanos. Y un sentimiento de gran incertidumbre, muchas preguntas porque el estado colombiano no ha establecido las condiciones en que murió o fue asesinada mi hermana y también Luz Mery Portela y Lucy Amparo Oviedo".

Un proceso que no acaba

El proceso de esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido durante la retoma del Palacio de Justicia ha sido lento y lleno de dificultades judiciales.

Hasta el momento hay dos personas condenadas por los hechos: el coronel en retiro Alfonso Plazas Vega, condenado a 30 años y quien apeló la decisión, y el general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, responsable del operativo, condenado a 35 años de prisión.

Los familiares de las víctimas del palacio de justicia pedirán una veeduría internacional a la investigación que busca establecer si hay mas responsables por las muertes y desapariciones ocurridas el 6 de noviembre de 1985.

El fiscal general Eduardo Montealegre se ha comprometido públicamente a continuar con la búsqueda de los demás desaparecidos y a establecer la verdad de lo ocurrido.

Javier Molano, abogado de las víctimas, señaló que "existen ya pruebas suficientes de que varias personas salieron vivas del Palacio de Justicia, como el caso del magistrado (auxiliar del Consejo de Estado, Carlos) Urán y el caso del guerrillero del M-19 William Almonacid, que fueron llevadas por personal del Ejército, fueron asesinadas y posteriormente dejadas en el Palacio. Esto indicaría que hubo una práctica recurrente de sacar personas, someterlas a torturas, ocultar su paradero y el asesinato".

Los militares investigados han negado permanentemente esos señalamientos ante la Fiscalía y los jueces.

En 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la nación por las irregularidades ocurridas durante la retoma del Palacio de Justicia.

Ningún integrante del grupo guerrillero M-19, que posteriormente firmó un proceso de paz con el gobierno, ha sido condenado por los hechos.