(CNN Español) - El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli desistió este miércoles de todos los recursos legales que impedían que las autoridades judiciales en Estados Unidos cumplieran con una solicitud de extradición hecha por el gobierno de Panamá, para que enfrente un caso por supuestas interceptaciones ilegales en las comunicaciones, durante su gestión.

Así lo confirmó a CNN el abogado Sidney Sittón, quien es parte del equipo legal de Martinelli.

  • Mira en este video: ¿Son los cargos contra Martinelli suficientes para extraditarlo a Panamá?

A través de un mensaje de texto, Sittón compartió a esta cadena un tuit de su autoría en el que informa que el expresidente desiste de una fianza y de la apelación de un hábeas corpus, y queda a órdenes del Departamento de Estado de Estados Unidos para que se le extradite a Panamá.

El abogado confirmó la autenticidad de una nota escrita a mano por Martinelli, y que circula en las redes sociales de periodistas y medios de comunicación panameños. El tuit escrito por Sidney Sitt y compartido con CNN fue su respuesta en Twitter a la periodista Castalia Pascual de TVN noticias, aliada de CNN en Español en Panamá.

En la misiva con fecha del 24 de mayo, el expresidente autoriza al abogado Sittón y a su vocero Luis Eduardo Camacho para que divulguen inmediatamente su decisión de renunciar a la fianza y al hábeas corpus interpuestos en Atlanta.

En esta carta, Ricardo Martinelli renuncia a los beneficios legales en Estados Unidos para evitar su extradición a Panamá.

Deja claro que se acoge a la extradición y que queda en manos del Departamento de Estado tomar la decisión final. Igualmente anuncia que ya no tiene relación como cliente con quien fuera su abogado en Miami, Marco Jiménez.

El expresidente Ricardo Martinelli, quien gobernó Panamá desde 2009 a 2014, está detenido en la Cárcel Federal de Miami desde el 12 de junio de 2017.

Se le detuvo a solicitud de la Corte Suprema de Justicia de su país, que ordenó alerta roja de Interpol para su arresto y extradición, y que así enfrente acusaciones por supuestamente intervenir de forma ilegal las comunicaciones y privacidad de periodistas, políticos y empresarios, entre otros.