(CNN) – Los sobrevivientes y los familiares de nueve víctimas de la masacre en la discoteca Pulse de Orlando, ocurrida en junio de 2016, decidieron demandar en una corte federal al policía de la ciudad que fue el primero en intercambiar disparos con el atacante durante tiroteo.

El agente Adam Gruler, otros 30 policías no identificados con nombre propio y la ciudad de Orlando son acusados de violar los derechos civiles de los clientes de Pulse, según la demanda presentada este jueves en la Corte del Distrito Medio de Florida.

En el recurso judicial, los demandantes señalaron que algunos agentes permanecieron afuera de la discoteca cuando la masacre ocurría, mientras otros policías detuvieron a sobrevivientes no heridos que se encontraban huyendo de los disparos, evitando así que pudieran llamar a sus seres queridos.

Omar Mateen asesinó a 49 personas e hirió a más de 50 en junio de 2016, cuando abrió fuego en el club nocturno de Orlando. Gruler, quien tenía un trabajo extra como seguridad de Pulse, escuchó los disparos y participó en un tiroteo con Mateen, después de que la masacre empezara.

Cuando Gruler sintió que no estaba lo suficientemente armado, según ha dicho la policía, se retiró del lugar y pidió refuerzos.

Gruler “abandonó su puesto” y “demostró una falta de preocupación por las decenas de clientes en la discoteca”, sostuvo la demanda.

Solomon Radner, abogado que representa a los sobrevivientes y a las víctimas, explicó que esta medida busca “responsabilizar” a la ciudad de Orlando y a sus fuerzas de seguridad “por sus acciones e inacciones”.

CNN se comunicó con los funcionarios de la ciudad y con el sindicato policial para obtener un comentario al respecto, pero no recibió una respuesta inmediata.

En una declaración conjunta, la ciudad y el departamento de policía indicaron que no han “visto la demanda” ni han “sido formalmente informados” de la misma. Por lo tanto, agregaron, no pueden hacer más comentarios.

“Casi dos años después del horrible acto de odio dentro del club nocturno Pulse, nuestra comunidad sigue llorando las 49 vidas que se perdieron y brindando apoyo a todos los afectados”, señaló el pronunciamiento. “En la mañana del 12 de junio de 2016, los agentes de las fuerzas de seguridad federales, estatales y locales, así como los equipos de emergencia, se pusieron a sí mismos en peligro para salvar tantas vidas como fue posible. Nuestros servicios de primera respuesta están comprometidos con la seguridad de esta comunidad, y están listos para proteger y servir”, añadió.

Wigberto Capo, cuyo hermano Luis Omar Ocasio-Capo murió en la masacre, se preguntó qué habría ocurrido si los agentes de policía actúan con mayor rapidez. “¿Y si los policías de Orlando que respondieron al tiroteo hubieran sido más agresivos con su plan para rescatar a las víctimas y a los rehenes y matar al atacante?”, le dijo Capo a la prensa este jueves. “¿Estaría todavía vivo mi hermano?”, añadió.

Algunos agentes se apresuraron a ingresar al club y lograron sacar algunos sobrevivientes, después otros intercambiaron disparos con el atacante, de acuerdo a lo que ha relatado la policía.

La demanda afirma que alrededor de 20 agentes se enfrentaron con Mateen hasta que el escenario se convirtió en una situación de rehenes, cuando el atacante se encerró con clientes en un baño. Luego, los policías salieron del establecimiento y no regresaron, añadió el recurso judicial.

“Finalmente, tras cerca de tres horas de permitirle al atacante asesinar y herir a muchas personas indefensas, quienes no tenían otra esperanza que estos acusados, la policía finalmente hace su entrada y neutraliza (al) atacante”, relató la demanda.

Keinon Carter, quien resultó gravemente herido, aseveró que no quiere vivir como una “víctima de por vida”.

“Creo que las víctimas del tiroteo de Pulse merecemos algo mejor”, sostuvo Carter. “Merecemos una mejor protección de seguridad de la que se proporcionó. Merecemos ser rescatados mucho antes por los agentes de seguridad que tomaron decisiones estratégicas para esperar”.

Los sobrevivientes piden daños compensatorios y punitivos, pero la demanda no especificó una cantidad exacta.

Jamiel Lynch y Amanda Watts, los dos de CNN, contribuyeron a este informe.