Hospital Carlos II de Madrid. (Crédito: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)
Hospital Carlos II de Madrid. (Crédito: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)

(CNN Español) - El Congreso de los Diputados de España aprobó este jueves el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, una de las primeras medidas instauradas por el Gobierno de Pedro Sánchez pero que aún necesitaba de la revalidación por parte del Congreso. El resultado es que los inmigrantes que vivan en el país vuelven a tener acceso a la cobertura de salud pagada por el Estado, independientemente de si trabajan o no.

Con este decreto el Gobierno busca "garantizar el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria, en las mismas condiciones, a todas las personas que se encuentren en el Estado Español", según explicó la nota de prensa del Congreso.

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En julio, el Gobierno español aprobó un Real Decreto Ley para instaurar el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, que ha sido revalidado este jueves en el Congreso. La nueva norma eliminaba una ley anterior, de 2012 (bajo mandato del anterior presidente del país, Mariano Rajoy), que dejó fuera de la atención sanitaria pública a "personas adultas no registradas ni autorizadas a residir en España", tal y como publicó el Boletín Oficial del Estado el 27 de julio de este año.

En el mencionado decreto ley de 2012, se limitó la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos a las personas aseguradas, es decir, aquellos que trabajaban y cotizaban a la Seguridad Social, los pensionistas, los perceptores de prestaciones de la Seguridad Social (como el subsidio por desempleo) o los acreditados como demandantes de empleo, así como quienes están a su cargo (hijos, etc.).

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Con este cambio, tendrán acceso a la sanidad pública pagada por el Estado todas las personas (de cualquier nacionalidad) que residan en España; quienes, pese a no residir habitualmente en España, tengan reconocido el derecho a la asistencia sanitaria (como pensionistas que vivan en otro país o trabajadores desplazados), así como colectivos "no registrados ni autorizados como residentes en España", explicó en rueda de prensa en julio la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón.

En este último caso, los colectivos no registrados en España podrán recibir asistencia pública, pero deberán pagar la contraprestación. Aún así, el Gobierno incluyó tres casos en los que la atención sanitaria se hará con cargo a dinero público, según explicó la ministra en rueda de prensa:

.- Ciudadanos que no tengan la obligación de acreditar la cobertura de la prestación sanitaria por otra vía, en virtud de lo dispuesto en el derecho de la UE, los convenios bilaterales y demás normas aplicables.
.- Quienes no puedan exportar el derecho de cobertura sanitaria desde su país de origen o procedencia.
.- Quienes no tengan a una tercera persona que realice el pago.

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Montón aseguró en ese momento que "lo esencial de la norma, y lo que justifica la urgencia de abordar la universalidad de la atención sanitaria, es por la mejora de la salud individual de las personas excluidas y de la salud colectiva de toda la población. Una sociedad justa no deja a nadie atrás".