(CNN Español) – El Gobierno argentino incluyó a exfuncionarios iraníes en un registro oficial de personas “vinculadas al terrorismo” y dispuso el congelamiento de sus bienes y fondos, de acuerdo con la resolución a la que accedió CNN.
Los siete señalados están acusados de supuestamente haber participado en el atentado a Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, en 1994.
Las sanciones del Gobierno argentino recaen sobre Ali Akbar Velayati (exministro de Asuntos Exteriores de Irán y actual asesor del Gobierno de su país) y Hadi Soleimanpour (exembajador de Irán en Argentina), ambos con pedido de captura internacional por el atentado. También afecta a Ali Fallahijan (exministro de Inteligencia iraní); Mohsen Rezai (exsecretario del Consejo de Discernimiento de Conveniencia); Ahmad Vahidi (exministro de Defensa); Mohsen Rabbani (exconsejero cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires) y la persona identificada como Ahmad Reza Asghari o Mohsen Randjbaran (exsecretario de la Embajada).
Estos últimos cinco tienen no sólo pedido de captura internacional sino también alertas rojas de Interpol, de acuerdo al expediente al que accedió CNN.
Los ex funcionarios iraníes niegan cualquier participación en el atentado a la AMIA. CNN se comunicó con miembros de la embajada de Teherán en Buenos Aires pero aún no ha recibido respuesta.
Luego de que el presidente Mauricio Macri creara a mediados de julio el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), el fiscal a cargo de la investigación por la voladura de la AMIA solicitó incluir a los acusados en esa lista.
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La Unidad de Información Financiera (UIF) ordenó entonces congelar por seis meses el dinero y propiedades de los señalados y comunicar al resto de los organismos anti-lavado del mundo la decisión del Estado argentino, según el documento oficial con fecha del 6 de agosto.
El atentado a la AMIA se cobró 85 vidas y más de 300 personas resultaron heridas. El 18 de julio pasado se conmemoró el 25° aniversario del ataque que aún continúa impune. Si bien la Justicia argentina ha identificado a los supuestos autores intelectuales del hecho, estos nunca han sido interrogados ni procesados.
La decisión viene en consonancia con la misma sanción impuesta a la agrupación Hezbollah. El Gobierno de Macri incluyó al grupo libanés en el registro oficial y ordenó congelar sus activos financieros.
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En una visita oficial al país en julio, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo anunció que el Gobierno de Estados Unidos pagará una recompensa de 7 millones de dólares para quien aporte información que permita capturar a un ciudadano conocido como Salman Salman (o Samuel Salman El Reda o Salman Raof Salm), cuyo paradero se desconoce y tiene pedido de captura internacional por su supuesta participación en el atentado a la mutual judía. Ni Salman Salman ni Hezbollah se han adjudicado oficialmente la autoría del atentado a la AMIA.
“La incorporación de personas humanas, jurídicas o entidades al Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) trae como consecuencia, en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, la facultad de esta unidad de disponer el congelamiento administrativo de activos pertenecientes a dichas personas”, sostiene la resolución de la UIF.