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El Salvador

CIDH destaca reducción de homicidios en El Salvador pero urge mejoras en otras áreas

Por Marlon Sorto

(CNN Español) — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó este viernes los resultados preliminares de una visita a El Salvador que realizó entre el 2 y el 4 de diciembre.

A la fecha, el gobierno salvadoreño no ha reaccionado al informe.

Estos son algunos de los puntos destacados por la CIDH:

  • La CIDH saluda que en estos primeros 6 meses de Gobierno, la tasa de homicidios se haya reducido drásticamente hasta alcanzar aproximadamente 50 por cada 100,000 habitantes, con las cifras más bajas desde los acuerdos de paz. Asimismo,
    el Estado informó sobre la reducción de la incidencia delincuencial en este mismo periodo.

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  • La Comisión valora los esfuerzos del Estado para desarrollar una política de seguridad ciudadana integral con la participación de las diferentes agencias gubernamentales tanto para prevenir como para perseguir la criminalidad.
  • Si bien la tasa de hacinamiento promedio en las cárceles es de 142, llama la atención de la Comisión que algunos centros penales tienen hasta un 600% de hacinamiento.
  • La Comisión se encuentra especialmente preocupada por las deficientes condiciones de detención observadas en las cárceles
    que fueron visitadas. Además del hacinamiento observado, estos centros se caracterizan por deficiente infraestructura, insalubridad, ausencia de programas fundamentalmente para reinserción en centros de seguridad y máxima seguridad que albergan a aproximadamente 16,000 personas, atención médica insuficiente, y escaso e inadecuado acceso al agua. Durante las visitas a los centros de detención, las personas privadas de libertad manifestaron reiteradamente su preocupación por la situación de salud.
  • En particular, respecto de las cárceles de máxima seguridad, preocupa a la Comisión que el aislamiento se utilizaría en contraposición a los estándares internacionales en la materia. En este sentido, dicho régimen es aplicado de manera prolongada
    a todas aquellas personas consideradas “de alta peligrosidad” o de “mayor peligrosidad”, generalmente líderes de maras o pandillas. Las personas en aislamiento no tienen horas al sol, no están en contacto con otros internos, salvo con sus compañeros de celdas y no realizan ningún tipo de actividad académica, laboral o recreativa. Asimismo, no se les permite el ingreso de ropa ni productos de aseo personal o medicamentos por parte de las familias. La CIDH observa con preocupación que las visitas de familiares para las personas recluidas en las cárceles de máxima seguridad están prohibidas expresamente por ley.

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  • La CIDH observó un consenso en la sociedad civil, así como en los distintos actores estatales con los que se reunió, sobre la falta de acceso completo y sistematizado a los archivos de las fuerzas de seguridad que actuaron durante el conflicto armado. A
    más de 25 años de los Acuerdos de Paz, la falta de diligencia para desclasificar estos archivos constituye un gran obstáculo para la reconstrucción de la verdad de lo sucedido en el conflicto. Del mismo modo, constituye un serio condicionamiento para alcanzar
    la justicia en los casos de graves violaciones a los derechos humanos que se encuentran en fase de investigación.
  • La Comisión recibió información consistente que da cuenta de la prevalencia de patrones socio-culturales discriminatorios que permean la sociedad salvadoreña en su conjunto e impactan en el actuar de funcionarios públicos, vulnerando el derecho de las mujeres y de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI) a vivir libres de violencia y de discriminación.
  • La Comisión reitera su preocupación por la criminalización de ciertas conductas que han sido clasificadas como aborto. Si bien el Código establece penas de hasta 12 años en lo relativo al delito de aborto, la Comisión ha tenido conocimiento que al menos 74 mujeres que han sufrido complicaciones o emergencias obstétricas han sido condenadas por homicidio agravado y sentenciadas hasta con 40 años de cárcel, con base en la sospecha de haberse inducido un aborto.