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Política

OPINIÓN | La realidad constitucional

Por Carlos A. Montaner

Nota del editor: Carlos Alberto Montaner es escritor, periodista y colaborador de CNN en Español. Sus columnas se publican en decenas de diarios de España, Estados Unidos y América Latina. Montaner es, además, vicepresidente de la Internacional Liberal. Las opiniones expresadas en este comentario son exclusivamente suyas. Ver más artículos de opinión en CNNE.com/opinion.

(CNN Español) — Chile está a punto de entrar en un proceso constitucional.

Al chavismo en Venezuela ya no le sirve la Constitución promulgada en 1999 y quieren otra y por eso crearon la Asamblea Nacional Constituyente en 2017.

Los ingleses, que inventaron el constitucionalismo, no tienen Constitución escrita. Los israelíes quedaron en redactar una pero no han encontrado sosiego y continúan funcionando con unos principios generales que eran, supuestamente, provisionales cuando se creó el Estado de Israel.

En Estados Unidos se da el absurdo, o al menos así me parece, con los legisladores que están pendientes de lo que los “padres fundadores” supuestamente tenían en la cabeza en aquel verano de 1787 cuando redactaron la Constitución vigente hasta hoy. En aquel momento, por ejemplo, existía la esclavitud, las mujeres no podían votar, el país tenía menos de un tercio del tamaño que hoy posee, y apenas 3.9 millones de habitantes. O sea alrededor del 1.2% de su población actual.

Acaso lo más sensato es restringir las Constituciones a la parte dogmática, es decir, a los principios y valores que animan a la sociedad a redactarlas, pero dejando todo lo demás a la legislación ordinaria, de manera que sea fácil cambiar las leyes. Eso, o preguntarle a la sociedad cada 15 o 20 años si desean retocar la Constitución, redactar una nueva o mantenerla intacta.

Eso sí, prohibiendo a los legisladores utilizar las constituciones para hacer una demagógica lista de “deseos”. Porque pareciera que no es conveniente que se utilice la Constitución para consagrar el “derecho” de las personas a tener una vivienda o un trabajo “dignos”. Esas son aspiraciones razonables, pero no “derechos” que nos conducen a todos a la ilegalidad, al no poder cumplirlos.