(CNN Español) – El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la suspensión del cese del fuego con el disidente grupo armado Estado Mayor Central (EMC-FARC), conformado por antiguos miembros de las FARC, que rechazaron un acuerdo de paz en 2016.
El mandatario dijo que el Gobierno “tomó la decisión unilateral de suspender parcialmente los efectos del Decreto 2656 de 2022”, por el cual se acordó un cese del fuego bilateral con el Estado Mayor Central de las FARC-EP, por el “asesinato” de cuatro menores de edad supuestamente por el frente Carolina Ramírez del EMC en el Putumayo. La Oficina del Alto Comisionado para la paz de Colombia responsabilizó este sábado al frente Carolina Ramírez del EMC-FARC de los hechos.
Según el comunicado, los menores fueron secuestrados y posteriormente asesinados cuando el grupo intentaba reclutarlos.
“Rechazamos enfáticamente esta conducta criminal del frente Carolina Ramírez del EMC-FARC que desconoce el DIH y constituye un atentado a la paz”, dijo la Oficina del Alto Comisionado para La Paz.
Petro dijo el sábado que el asesinato de estos los cuatro menores es “un crimen atroz, una bofetada a la paz que violenta las bases del Derecho Internacional Humanitario”.
Continúan las operaciones ofensivas
Este lunes, el Gobierno dijo en un comunicado que se suspende el cese bilateral del fuego que estaba en vigor en los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo —zonas en el centro y suroccidente del país, que históricamente ha sido golpeada por la guerra—, y que se “reactivarán todas las acciones ofensivas” en un plazo de 72 horas. Las actuaciones de la fuerza pública serán realizadas “bajo el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”.
El Gobierno de Colombia agregó que el mecanismo de monitoreo del cese del fuego convocó a los delgados del EMC-FARC, pero que estos “se excusaron de asistir”.
“Si el cese al fuego bilateral no es efectivo en determinados territorios para proteger la vida y la integridad de toda la población, entonces no tiene sentido persistir en ello”, dice el comunicado del gobierno, que defiende el cese de acciones armadas en otros territorios donde “se han evitado daños irreparables en la vida e integridad de los pobladores”.
El Estado Mayor Central anunció a mediados de abril su disposición para instalar una mesa de diálogo con el Gobierno e iniciar conversaciones de paz. Este 21 de mayo, el Gobierno de Petro anunció que daría a conocer los nombres de la delegación que hará parte de la mesa de diálogos con este grupo disidente “para iniciar de manera perentoria” la fase de diálogos.
El Gobierno dijo que en la mesa de diálogos se propondrá fortalecer “el cese de hostilidades” con carácter territorial.
El EMC es una de las dos facciones disientes de las FARC y está conformado por antiguos dirigentes y combatientes que no aceptaron el acuerdo de paz, que permitió en 2016 la reincorporación a la vida civil de 13.000 personas que conformaron un partido político y recibieron 10 escaños en el Congreso.
El fiscal general, Francisco Barbosa, suspendió a comienzos de marzo las órdenes de captura contra unos 20 miembros del EMC, lo que facilitó una reunión de los líderes del EMC en los Llanos del Yarí, en donde acordaron la fecha para la instalación de la mesa de diálogo.
El grupo, conformado por 3.530 personas —2.180 combatientes y 1.350 auxiliadores—, mantiene un cese del fuego bilateral con el Gobierno colombiano desde principios de año.
El grupo EMC-FARC niega responsabilidad en muerte de 4 menores en Putumayo
El grupo disidente EMC-FARC negó tener responsabilidad en el ataque que provocó la muerte de cuatro menores en el departamento del Putumayo, un acto que este domingo el presidente Gustavo Petro calificó de “asesinato” y atribuyó al frente Carolina Ramírez del EMC.
Sin referirse directamente a la muerte de los menores, el EMC afirmó que los hechos por los que se los acusa “nunca” fueron verificados y señalaron que en Caquetá, Meta y Guaviare “no ha habido combates de ningún tipo, extorsiones o ajusticiamientos”.
La Defensoría del Pueblo de Colombia informó que los cuatro menores son miembros de la comunidad indígena murui y señaló que su muerte se habría producido luego de haber desertado de las filas de un grupo armado ilegal en el sector de El Estrecho, del municipio de Solano, en el departamento de Caquetá. Las víctimas, según la Defensoría, habrían sido reclutadas “forzosa e ilegalmente” en la zona rural de Leguízamo, Putumayo, por el Frente Carolina Ramírez de la disidencia, según la institución.
En un comunicado, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, instó al Estado a brindar “inmediatamente” protección, acompañamiento y asesoría a las cuatro familias en el departamento del Putumayo, quienes manifestaron que se sienten en riesgo por posibles represalias del grupo armado.
Petro dijo que la decisión de poner fin al cese del fuego se tomó “después de escuchar a delegados de las comunidades y del Consejo Extraordinario de Seguridad y debido a la grave violación del Derecho Internacional Humanitario por parte de esta organización al margen de la ley, sumado a otros hechos que generan incertidumbre y zozobra en la población”.
– Con información de Florencia Trucco y Reuters.