Irregularidades del gobierno de Argentina en registros de reuniones con Techint antes de la licitación del Gasoducto Néstor Kirchner

(CNN Español) –– El gobierno de Argentina mantuvo reuniones que violaron un decreto presidencial al no registrar que recibió en la Casa Rosada a un directivo del Grupo Techint, que luego de tres encuentros y una licitación se convirtió en el proveedor de los caños del gasoducto Presidente Néstor Kirchner, tal como revela una investigación de CNN.

Tenaris Siat S.A. fue la única empresa en hacer una oferta y, con ello, ganar la licitación de más de US$ 500 millones en mayo de 2022. El director institucional de Techint, David Uriburu, se reunió cuatro veces con los entonces jefe y vicejefe de gabinete, Juan Manzur y Jorge Neme, según el listado de ingresos a la Casa Rosada al que accedió CNN. Tres de esas reuniones se produjeron en los tres meses anteriores al lanzamiento de la licitación, mientras que la cuarta reunión fue seis días después de la adjudicación a favor de la misma empresa.

El Registro Único de Audiencias de Gestión de Intereses, una base de datos pública, no contiene esas reuniones, pese a que es obligatorio informarlas y un incumplimiento por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo contempla sanciones penales.

Neme confirmó la existencia de las reuniones y admitió el error de no haberlas registrado. El funcionario le dijo a CNN que las conversaciones fueron sobre la exportación de acero y “puede ser que hayamos hablado del gasoducto”.

Techint declinó hacer comentarios ante la consulta de CNN. Manzur no respondió mensajes ni llamadas sobre este tema.

“Nadie pone en cuestión lo estratégico de la obra que significa este gasoducto para los intereses nacionales. Ahora, eso no justifica un hecho de corrupción o un conflicto de intereses que aquí puede haberse dado”, afirmó Graciela Ocaña, diputada de la coalición opositora Juntos por el Cambio, al cuestionar la cercanía de las reuniones no registradas con la apertura de la licitación de los caños.

Por su parte, Neme rechazó la idea un posible hecho de corrupción o conflicto de intereses detrás del incumplimiento del decreto presidencial y la falta de registro de las reuniones.

El director de Poder Ciudadano, el capítulo argentino de Transparencia Internacional, Pablo Secchi, señaló que “no hay una ilegalidad en que se reúnan pero hay un incumplimiento del registro que exige que se publiciten las reuniones del Poder Ejecutivo y cualquiera que la solicite”. “Justamente la publicación de esa agenda sirve para controlar los conflictos de intereses”, concluyó.

Si bien esta investigación de CNN se concentró en las entradas de representantes de una empresa puntual en la Casa Rosada, aún no se ha determinado si la misma conducta de falta de registro se repitió con otros empresarios o funcionarios.

Las reuniones

Las reuniones de Uriburu con Manzur y Neme del 4 de octubre de 2021, 15 de diciembre de 2021, 11 de enero de 2022 y 10 de mayo de 2022 están documentadas en el listado de ingresos a la Casa Rosada, que obtuvo CNN a través de un pedido de acceso a la información pública, pero no aparecen en el Registro Único de Audiencias de Gestión de Intereses.

El decreto 1172/2003 obliga a los funcionarios del Poder Ejecutivo a registrar sus audiencias: con quiénes, dónde, cuándo, interés y motivo.

El abogado constitucionalista Christian Cao dice que el objetivo de esta normativa es “dar transparencia”.

El gobierno explica que quien lo incumpla “comete una falta grave”, cuya sanción, identifica Cao, está prevista en el Código Penal bajo la figura de “violación de los deberes de funcionario público”.

Neme admitió que la responsabilidad final es suya, aunque dijo que una “secretaria no completó el registro”. Agregó que con Uriburu habló del cupo de exportación de acero a Estados Unidos, algo que finalmente se aprobó nueve meses después de su última reunión en la Casa Rosada. Además, recordó: “Puede ser que también hayamos hablado del gasoducto”, sin brindar detalles.

“Es una obra de interés nacional y se supone que el vicejefe de gabinete puede hablar del gasoducto”, indicó.

El funcionario aseguró que todas las reuniones fueron solicitadas por Techint.

Ocaña considera que las reuniones no registradas que “coinciden con momentos claves de la licitación” constituyen un asunto que “merece ser investigado por la Justicia”.

La diputada ya había presentado una denuncia judicial sobre un supuesto direccionamiento de esta licitación en junio del año pasado cuando todavía no se conocía el dato de las reuniones no registradas. Dicho expediente fue archivado en 10 días.

La denuncia de Ocaña surgió tras un mensaje de WhatsApp que difundió el Ministerio de Desarrollo Productivo entre periodistas, en el que acusó de supuesto direccionamiento de la licitación al sector del gobierno a cargo de ella: “Fijaron las condiciones para darle la construcción de las cañerías del gasoducto a Techint" decía el texto sin firma de ningún funcionario en particular. Esto derivó en la renuncia del ministro de tal área, Matías Kulfas.

La empresa estatal Integración Energética Argentina (IEASA), dependiente de la Secretaría de Energía, fue la encargada de realizar la licitación. Con un comunicado rechazó la acusación de supuesto direccionamiento del pliego.

En un encuentro de empresarios, el CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, declaró que “no hubo ningún acto de corrupción” en la licitación de los caños o tubos, cuya adjudicataria fue una firma de su propio grupo, Tenaris Siat S.A., y no compitió con ninguna otra oferta.

“Podían cancelar la licitación y olvidarse para el gasoducto 2023 o darnos a nosotros. Y lo que hizo, con sentido común, fue darnos a nosotros”, señaló Rocca.

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Cronología

El 29 de diciembre de 2020, la Secretaría de Energía derogó la licitación para la construcción del gasoducto elaborada durante la presidencia de Mauricio Macri.

Menos de un mes después, el 25 de enero de 2021, Rocca visitó la Casa Rosada para mantener una reunión de casi dos horas con el presidente Alberto Fernández. Esta audiencia está en el Registro de Gestión de Intereses tal como establece la ley. Allí el gobierno describió que hubo un interés “particular” y el motivo fue “empresarios”.

El 4 de octubre de 2021 se produjo la primera reunión no registrada entre el entonces vicejefe de gabinete, Jorge Neme, y el director institucional de Techint, David Uriburu. Según el listado de ingresos a la Casa Rosada, dicho encuentro duró 70 minutos.

Dos días después, el mismo Neme recibió en la Casa Rosada a Agustín Gerez, gerente de IEASA. Desde la empresa estatal le dijeron a CNN que se “quería conocer el estado” de sus proyectos. Esta reunión tampoco aparece en el Registro.

El 15 de diciembre de 2021 se desarrolló la segunda reunión no registrada de Uriburu en la Casa Rosada. Esta vez, el entonces jefe de gabinete, Juan Manzur, autorizó la entrada a la sede de gobierno. Ese mismo día, dos horas y media más tarde, el secretario de Energía, Darío Martínez, se reunió con Neme. CNN intentó contactarse con Martínez, pero el exsecretario no respondió mensajes ni llamadas.

Ante la pregunta de si dialogó sobre el gasoducto con Martínez o con Gerez, Neme respondió que conversaron sobre “las represas chinas”, y al igual que sus respuestas sobre los encuentros con Uriburu agregó: “Pero puede ser que haya hablado en algún momento del gasoducto. No entiendo cuál es el problema”.

Casi un mes más tarde, el 11 de enero de 2022, la tercera reunión no registrada del director de asuntos institucionales de Techint se llevó a cabo, en este caso, con Neme.

Exactamente un mes después, el 11 de febrero, el gobierno firmó el decreto que concedió a IEASA la concesión durante 35 años para “construir, mantener, operar y prestar el servicio de transporte del gasoducto Néstor Kirchner”. Esto habilitó a la empresa estatal a elaborar las licitaciones y contrataciones relacionadas con dicha obra pública.

Pasaron menos de dos semanas cuando, el 24 de febrero IEASA publicó la licitación para la “adquisición de cañerías para el gasoducto Presidente Néstor Kirchner y Obras Complementarias”. El presupuesto oficial estimado: US$ 493.228.590. El objeto de la licitación: 582.000 caños de 36 pulgadas de diámetro y de distinto grosor, así como 74.500 de 30 pulgadas de diámetro.

El 31 de marzo finalizó el período para presentar ofertas. La única que participó en la licitación fue la de Tenaris Siat. Durante ese período hubo cinco consultas de distintos interesados que solicitaron prórrogas de entre 30 y 45 días para poder armar y presentar una oferta. A todos los pedidos de más tiempo, IEASA respondió negativamente.

Una de esas consultas tiene fecha del 14 de marzo de 2022: “Considerando la envergadura de los suministros implicados, teniendo en cuenta la información técnica-legal y económica financiera que conforma la oferta y los trámites técnicos-legales asociados, solicitamos a ustedes una ampliación de plazo para presentar la oferta de 45 días”.

El exsecretario de Energía durante el gobierno de Mauricio Macri, Javier Iguacel, describió como “normales” las reuniones de una empresa con el gobierno antes de una licitación. “No hay ningún problema si están registradas”, agregó. “(Esos encuentros) pueden usarse para bien o para mal, para un buen sentido sería conocer las posibilidades del mercado y elaborar un mejor pliego (licitación), que lo haga más competitivo”, dijo.

Según Ocaña, hubo falta de competencia: “Me parece que se ha limitado enormemente la posibilidad de ofertas”.

Desde IEASA alegan que los tiempos de la licitación se ajustaron a la ley, niegan cualquier acusación de supuesto direccionamiento de la licitación y argumentan que esto ya fue investigado y archivado por la Justicia.

Dos empresas chinas, una rusa, otra española y una de la India solicitaron una prórroga para poder presentar ofertas y competir pero el plazo no se prolongó, tal como consta en las consultas pertenecientes a la licitación.

Por su parte, el ingeniero especializado en temas energéticos y exsecretario del área Emilio Apud también coincidió en que el tiempo “ha sido poquísimo”. Apud señaló que “la mayoría de las empresas internacionales no pueden preparar un pliego en tan poco tiempo”.

Rocca aseguró en el encuentro de empresarios argentinos en junio de 2022 que “para poder realizar el gasoducto en un tiempo breve y llegar al invierno de 2023, los tiempos para recoger ofertas y conectar esto con la construcción han sido muy cortos. Ni los chinos ni nadie han podido llegar con una oferta consistente en el tiempo previsto”.

La oferta presentada por la empresa del Grupo Techint ascendió a 65.111.474.215 pesos argentinos, que a cotización del Banco Nación del 30 de marzo de 2022 equivalían a US$ 561.305.812,19.

El 4 de mayo de 2022 IEASA anunció la adjudicación en favor de Tenaris Siat. Seis días después, el 10 de mayo, se observa la última reunión en Casa Rosada a la que acudió el director institucional de Techint, según el listado de ingresos que obtuvo CNN. Este encuentro con Neme tampoco figura en el Registro de Audiencias de Gestión de Intereses.

El 3 de junio de 2022, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner protagonizó uno de los momentos públicos más tensos con el presidente Alberto Fernández. La vicepresidenta le reclamó al jefe de Estado mayor firmeza para evitar que Tenaris Siat financiara con dólares del Banco Central de Argentina la importación de la chapa laminada de los caños proveniente de Brasil. Fernández de Kirchner le pidió al presidente que “use la lapicera”, una expresión que significa tomar decisiones desde la autoridad institucional.

Esa misma noche, el Ministerio de Desarrollo Productivo distribuyó entre periodistas un mensaje de WhatsApp que decía: “La lapicera la tienen que usar los funcionarios de Cristina, que fijaron las condiciones para darle la construcción de las cañerías del gasoducto de Vaca Muerta a Techint (...) armaron un pliego de licitación a la medida de Techint”.

Al día siguiente, Alberto Fernández le pidió la renuncia a Kulfas. El ministro la presentó de inmediato.

Por su parte, IEASA respondió con un comunicado: “A la categoría de ‘funcionarios que no funcionan’, planteada en el año 2020 por la vicepresidenta, ahora se le agrega la de funcionarios del off que además de no saber, mienten y utilizan al periodismo para hacer operaciones políticas en contra de la vicepresidenta”.

El 6 de junio de 2022 los diputados Graciela Ocaña y Waldo Wolff presentaron una denuncia judicial para investigar el caso. Diez días después, la causa quedó archivada luego de varias declaraciones, según una resolución judicial a la que CNN tuvo acceso. El juez Daniel Rafecas expuso que la hipótesis delictiva de supuesto direccionamiento de la licitación quedó descartada.

Desde IEASA argumentaron que la investigación se archivó por el alto nivel técnico que gozó la licitación de los caños del gasoducto. Sin embargo, una fuente judicial con conocimiento del expediente explicó que Kulfas no sostuvo ante la Justicia lo mismo que difundió el Ministerio que él dirigía. El exfuncionario declaró que no tiene “elementos para hablar de direccionamiento” de la licitación.

Casi un año después, la misma fuente judicial le aseguró a CNN que el nuevo dato sobre las reuniones no registradas entre el gobierno y Techint es “interesante” y que no formó parte del expediente antes de que fuera archivado.

Techint es una empresa multinacional líder en Argentina en proyectos de construcción e ingeniería. En 2018 la firma quedó involucrada en la causa conocida como “Cuadernos de la corrupción”, que investiga el supuesto pago de coimas por parte de empresarios de la obra pública a funcionarios del gobierno entre 2003 y 2015. El director corporativo de Techint, Luis Betnaza, declaró ante la Justicia haber pagado coimas en 2008, mismo año en el que David Uriburu se reunió con el exsubsecretario del Ministerio de Planificación Federal Roberto Baratta, procesado en esta causa, pese a afirmar que la acusación en su contra forma parte de una “persecución infamante”.

El gasoducto Presidente Néstor Kirchner será inaugurado el domingo 9 de julio, Día de la Independencia de Argentina. Es una obra pública catalogada como “la más importante” de los últimos años. Busca asegurar el autoabastecimiento energético del país y podría transformarlo en un fuerte exportador de gas. En paralelo a su construcción no faltaron las tensiones políticas, la renuncia de un ministro, una denuncia judicial y ahora se le suma el interrogante de ¿para qué el gobierno se reunió con Techint antes y después de la licitación de los caños y no lo informó?