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Corte Constitucional de Ecuador dispone desclasificar información sobre el secuestro y asesinato de un equipo periodístico en 2018
(CNN Español) -- La Corte Constitucional de Ecuador falló a favor de la demanda de desclasificación de información relacionada con el secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio, ocurrido en 2018 en la frontera entre Ecuador y Colombia.
La demanda de desclasificación fue interpuesta por las familias de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, miembros del equipo periodístico. Los tres fueron asesinados por el frente Oliver Sinisterra, un grupo disidente de las FARC, según el Gobierno del entonces presidente de Ecuador, Lenín Moreno, y las autoridades colombianas.
La Corte Constitucional, en la sentencia que se conoció el lunes, dispuso la desclasificación de ciertas actas, audios, transcripciones y la lista de asistentes a las sesiones del Consejo de Seguridad Pública y del Estado que analizaron la situación del equipo periodístico tras su secuestro.
Agrega que la actual ministra del Interior, Mónica Palencia, debe entregar esta información en un plazo de 30 días a los familiares de los tres miembros del equipo de El Comercio.
Finalmente, la Corte llamó la atención al Ministerio de Defensa, a la Antigua Secretaría de Seguridad y al Ministerio del Interior por no presentar en su momento la resolución que clasificó las actas de las sesiones del Consejo de Seguridad del Estado.
“Algo de luz”: la reacción de familiares, periodistas y gremios de Ecuador
Tras hacerse pública la sentencia de la Corte Constitucional, decenas de periodistas, algunos gremios de defensa del periodismo, familiares y amigos de las víctimas se pronunciaron a favor de la resolución.
“¡Al fin algo de luz en medio de tanta impunidad!”, escribió Susana Morán, periodista y miembro de la Fundación Periodistas Sin Cadenas.
La periodista Ana María Carvajal, excompañera del equipo asesinado del diario El Comercio e integrante del colectivo Nos faltan tres, espera que esta desclasificación arroje resultados.
“Nada nos devolverá a #PaúlJavierYEfraín, pero sin verdad, no hay justicia. Dos presidentes prometieron desclasificarlas e incumplieron su palabra. Ahora la Corte Constitucional lo manda”, expresó Carvajal.
“No es un favor, exigimos justicia en el caso #nosfaltan3. Queremos la verdad, queremos que los responsables paguen”, escribió Cristian Segarra, hijo de Efraín Segarra, uno de los tres miembros del equipo de El Comercio asesinado en 2018.
La presidenta del Consejo de Comunicación, Jeannine Cruz, calificó la sentencia de “valiosa”.
La organización no gubernamental Fundamedios pidió a las instituciones competentes el cumplimiento de lo dispuesto por la Corte.
“Hace un llamado a los organismos competentes a cumplir de manera inmediata y sin más dilaciones con la decisión de la Corte y a la Fiscalía de Ecuador para que dé los pasos necesarios que permitan pasar de una situación de impunidad al esclarecimiento pleno del caso, señalando a los responsables de este atroz crimen en territorio ecuatoriano”, precisó.
Desde julio de 2023, según registra el sitio oficial del medio, El Comercio, uno de los más emblemáticos de la capital ecuatoriana, suspendió la publicación de sus ediciones digitales y meses antes detuvo la impresión del periódico debido a una crítica situación financiera, algo que ha generado un conflicto laboral con varios miembros de su personal.
CNN está intentando obtener la reacción de los representantes de El Comercio sobre la sentencia de la Corte y conocer la situación del periódico. CNN también está a la espera de una respuesta por parte del Gobierno.
El secuestro de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra el 26 de marzo de 2018 causó conmoción en Ecuador. Los dos periodistas (Ortega y Rivas) y el conductor (Segarra) desaparecieron tras cruzar un retén militar en el sector de Mataje en la provincia de Esmeraldas, en el norte del país. El homicidio fue confirmado el 13 de abril de 2018 y la recuperación de los cuerpos se logró en junio de ese mismo año.
“Prevención insuficiente frente a la gravedad”, determinó la CIDH en 2019
En diciembre de 2019, un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que hubo descoordinación y falta de prevención frente al riesgo en la frontera colombo-ecuatoriana.
Determinó que las medidas adoptadas por Ecuador “fueron insuficientes” para enfrentar la situación de riesgo extraordinario generado por la presencia de grupos delincuenciales armados con caracter trasnacional.
La CIDH recomendó en su momento la desclasificación de información, lo que consideró indispensable para obtener información en poder de las Fuerzas Armadas.
Dos hombres fueron sentenciados a prisión en Colombia por este. Según dijo la Fiscalía de Colombia en 2021 uno de ellos, Gustavo Angulo Arboleda, fue condenado a 28 años por concierto para delinquir agravado y secuestro extorsivo agravado.
La otra condena, de 28 años y 8 meses de prisión, fue contra Jesús Vargas Cuajiboy en marzo de 2021 por cargos de secuestro extorsivo agravado, homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.
La Fiscalía ecuatoriana recordó el año pasado que desclasificar la información en este caso era importante para avanzar con las investigaciones y esclarecer los hechos.
