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En Jalisco el aborto todavía es un delito, aunque ya no se castigue con cárcel
(CNN Español) -- Una resolución judicial para que Jalisco derogue de su Código Penal el delito de aborto espera a la puerta del Congreso estatal para ser atendida. Se trata de un asunto que ha sido declarado inconstitucional, por lo que ninguna mujer puede ser penalizada por abortar, pero que es importante para que autoridades y funcionarios médicos garanticen el derecho a la salud, resaltan legisladores y activistas.
El pasado 25 de abril, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito otorgó un amparo que declaró inconstitucionales los artículos que penalizan el aborto en el Código Penal de Jalisco y ordenó al Congreso estatal derogarlos.
La diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Jalisco, Claudia Murguía Torres (PAN), dijo a CNN que los partidos no han alcanzado los consensos políticos para derogar los artículos 228 y 229 del Código Penal, que establecen sanción de cuatro meses a seis años de prisión por abortar.
“No ha habido el acuerdo político para discutirlo (la derogación), porque evidentemente existe todavía una estigmatización y un impedimento más moral que de otra índole que ha impedido el acuerdo y consenso para que se agende y se discuta”, dijo.
Colectivos y partidos de oposición en Jalisco a favor de la despenalización del aborto señalan que esta derogación no avanza porque, además de dicho “impedimento moral”, hay legisladores que se oponen por cuestiones políticas y electorales.
“El tema genera muchas aristas morales… se pone a prueba los ideales, percepción que tienes del derecho a concebir, de la vida, pero yo apelo a que los legisladores actuemos en consecuencia a nuestra responsabilidad, no a partir de nuestros privilegios o principios o ideales”, enfatizó Murguía Torres.
La fracción parlamentaria del partido Hagamos (local) presentó en 2021 una iniciativa ante el Congreso estatal para armonizar el Código Penal de Jalisco al federal, y así despenalizar así el aborto en este estado.
“Hemos tenido la obligación de resolver este asunto desde hace mucho tiempo y la mayoría de las fracciones parlamentarias, lo digo también con toda seriedad, con toda sobriedad, están en contra. Solamente los grupos parlamentarios de Futuro (también local) y Hagamos hemos sido congruentes”, dijo a CNN la diputada de Hagamos Mara Robles, también académica y activista por los derechos de la mujer.
Las diputadas consultadas coinciden en señalar que algunos partidos temen “provocar” al electorado conservador jalisciense votando por despenalizar el aborto.
“Nosotras no somos abortistas, nosotras respetamos las creencias, las religiones de todas las personas, nosotras no somos mataniños ni satánicas, nosotras solo cumplimos la ley y además vemos la interrupción legal del embarazo como un problema de salud pública y como un asunto de autonomía de las mujeres”, agregó.
Los colectivos feministas que han luchado por la despenalización del aborto opinan que es indispensable modificar la ley para acompañar otras disposiciones, como obligar a las autoridades a brindar servicios de salud pública con procedimientos seguros para la mujer.
“En los hechos lo que quieren es que durante todo el período electoral (hacia los comicios del 2 de junio), el Congreso del estado continúe de oficialía de partes del Ejecutivo y prácticamente de museo de cera. Estoy en contra de eso porque lo que está en juego son vidas de niñas y de mujeres que merecen ejercer su derecho a la salud”, agregó Robles, de Hagamos.
Delito no penado
Murguía Torres, del PAN, advirtió sin embargo que en Jalisco, como en el resto del país, el aborto ya no se castiga con cárcel desde que, en septiembre de 2021, la SCJN determinó que criminalizar el aborto de manera absoluta es inconstitucional, obligando a todo juez federal y local a apegarse a este criterio.
“No hay un solo juez que pueda imponer las penas que todavía establece el Código Penal porque existe una resolución de la Corte que lo declara inconstitucional”, abundó Murguía Torres.
A este criterio se suma el amparo concedido del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, que falló a favor de los colectivos que promovieron esta acción, entre ellos Centro de Acompañamiento, Desarrollo e Investigación Feminista; Centro de la Diversidad y los Derechos Sexuales, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo y el Colectivo Latinoamericano Emma Goldman.
Murguía Torres dijo que esta semana llegó al Congreso el resolutivo del juzgado, pero falta el detalle para conocer el alcance de la sentencia.
“Mientras no nos llegue el engrose y tengamos la notificación de la instrucción precisa, no hay más nada que hacer”, agregó la diputada.
“Ha sido tema de debate y de análisis, por lo menos en esta legislatura, los últimos dos años, y yo espero que se pueda llegar, más allá que por una instrucción, a acuerdos para que pueda darse la discusión en el Pleno”, puntualizó.
En México, las entidades federativas que permiten el aborto legal por decisión de la mujer hasta las 12 semanas son: la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Coahuila, Colima, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo, Aguascalientes y Sinaloa hasta las 13 semanas. El resto de las entidades, incluido Jalisco, aún tienen pendiente modificar sus códigos penales.
En medio del debate por despenalizar el aborto, existen excepciones en los códigos penales de los estados.
En el caso de Jalisco, una mujer tiene derecho a solicitar la interrupción legal del embarazo, sin importar las semanas de gestación, en los siguientes supuestos: violación; cuando el embarazo representa un daño grave a la salud de la madre y cuando el embarazo represente peligro de muerte para ella.
Caso de niña indígena desafía legislación
En abril, se hizo público el caso de una niña de 12 años originaria de una comunidad indígena de Jalisco, quien fue víctima de violación y en el tercer trimestre de embarazo solicitó la interrupción de la gestación a la Secretaría de Salud del estado.
La institución dijo que no contaba con el personal especializado que requería el caso, por la edad de la gestante y las semanas de gestación, y decidió enviarla a la Ciudad de México, donde finalmente se interrumpió el embarazo.
La organización ciudadana Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México acompañó el caso y señaló públicamente que cuenta con indicios para suponer que la Secretaría de Salud deliberadamente retrasó la atención a la menor y luego la envió a otra entidad federativa para deslindarse de su obligación de realizar el procedimiento.
La institución negó el tipo de señalamientos y afirmó que el único objetivo era que la menor tuviera la atención adecuada.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco investiga de oficio si la Secretaría y otras instituciones involucradas en el caso negaron el derecho humano de la menor.
