Por Ruben Navarrette, colaborador de CNN

Nota del editor: Ruben Navarrette es colaborador de CNN y columnista sindicado del grupo de escritores del Washington Post Síguelo en Twitter: @rubennavarrette. Las opiniones expresadas en este comentario son exclusivamente las del autor.

(CNN) –– Esta es la dura realidad acerca de la inmigración ilegal: los políticos pueden cambiar las políticas. Los jueces pueden dictar decisiones. Pero el problema no desaparecerá hasta que los estadounidenses cambien su comportamiento.

Los abogados litigantes tienen un dicho que es su favorito: “Cuando los datos están de tu lado, pones los datos sobre la mesa. Cuando la ley está de tu lado, pones la ley sobre la mesa. Cuando ni los datos ni la ley están de tu lado, ¡golpeas la mesa!”.

En noviembre, cuando el presidente Obama anunció que tomaría acciones ejecutivas para volver a priorizar la aplicación de las leyes de inmigración a fin de que algunos inmigrantes indocumentados pudieran obtener un retraso de tres años en sus procedimientos de deportación, al igual que un permiso laboral temporal, los críticos no tenían ni los datos ni la ley de su lado. Así que golpearon la mesa.

Los legisladores republicanos y comentaristas conservadores acusaron a Obama de estar impulsando una “amnistía ilegal” que amenazaba a la república.

Sin embargo, la mayoría de los catedráticos de derecho y expertos legales que dieron su opinión, incluso los conservadores, reconocieron que Obama estaba actuando dentro del poder de la presidencia. Los críticos no parecían tener una base legal dónde apoyarse.

Es decir, hasta esta semana. En Texas, un juez federal bloqueó temporalmente la acción ejecutiva de Obama y le abrió el camino a una demanda en contra de la administración, presentada por ese estado y otros 25.

El juez de distrito de Estados Unidos, Andrew Hanen, quien fue nombrado por George W. Bush y tiene un historial de asumir posiciones conservadoras en torno a temas de inmigración, aceptó el argumento de los demandantes en cuanto a que las acciones ejecutivas de Obama resultarían injustamente en “daños directos” a los estados.

Hanen afirmó que la acción ejecutiva de Obama podría dar lugar a “otorgarle beneficios múltiples que de otra forma serían inalcanzables" a los inmigrantes ilegales que califican para la acción diferida. Parte de ese grupo serían los padres indocumentados de hijos nacidos en Estados Unidos.

Sin embargo, la mayoría de los llamados “beneficios” —licencias de conducir, asistencia universitaria, atención médica— no provienen del gobierno federal sino de los estados, y quedan a discreción de ellos.

En total, el fallo de Hanen fue de más de 123 páginas. Aun así, evadió la pregunta central: si el presidente se había excedido en la autoridad que le otorga la Constitución. En cambio, el juez dictaminó que la administración no había cumplido con la Ley de Procedimiento Administrativo, la cual pide que haya un período más amplio de notificación y debate entre legisladores y el público antes de tomar acciones.

Imagine si hubiera habido un periodo de discusión antes de actuar contra la guerra al terrorismo. Los edificios estarían ardiendo y nosotros seguiríamos hablando.

La Casa Blanca ––si bien dijo que acataría la decisión del juez— también reiteró que el presidente se encontraba “dentro de su autoridad legal” para establecer prioridades de aplicación. El Departamento de Justicia apelará la decisión.

Este caso podría terminar ante la Corte Suprema, donde la mayoría de los jueces han favorecido la perspectiva de ampliar el poder ejecutivo.

La coalición de estados que presentó la demanda —liderada por Texas— está conformada por Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Luisiana, Maine, Michigan, Misisipí, Montana, Nebraska, Nevada, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Utah, Virginia Occidental y Wisconsin.

Tiene sentido que cuando hay alboroto, Texas esté en medio de él.

Yo viví ahí durante cinco años —hace más o menos una década— mientras escribía para el Dallas Morning News. Y huelo la hipocresía. Durante mi tiempo en el estado de la estrella solitaria, solía escuchar a personas que se quejaban respecto a los inmigrantes ilegales. Pero nunca los escuché decir una palabra acerca de los empleadores que los contratan para hacer trabajos que los tejanos no hacen, como impermeabilizar techos bajo un calor de 37ºC, o limpiar las ventanas de los rascacielos.

Las personas que se encargan de contratarlos siempre son la raíz del problema, pero —en un estado rojo como Texas— no puedes hacer que los republicanos lo admitan. Es más seguro para los políticos meterse con las personas que no votan, en lugar de arriesgarse a provocar a quienes no solo votan, sino también aportan dinero para las campañas.

A los estados que presentaron esta demanda les preocupa que, si Obama permite que algunos inmigrantes ilegales permanezcan en el país durante tres años, ellos tendrán que pagar la cuenta por los servicios provistos. ¿Dónde estuvo esta preocupación durante los años en los que estos estados se encontraban en el lado positivo del libro de contabilidad, al beneficiarse del trabajo de inmigrantes ilegales... tan así que se hicieron de la vista gorda ante los empleadores y negocios que lo utilizaban?

¿Cómo acabaron estos 26 estados con tantos inmigrantes ilegales? Los indocumentados no acudieron allí por el paisaje. Fueron allí porque alguien los estaba esperando para ofrecerles un trabajo. Nunca hablamos de eso, o hacemos algo al respecto. Y así, sin importar qué decidan los tribunales o qué decreten los políticos, el problema de la inmigración ilegal nunca desaparecerá.

Esa es la verdad que debe ser puesta sobre la mesa.