(CNN Español) – Lo ocurrido en Tumeremo pone sobre la mesa la actuación de bandas delictivas vinculadas a la minería en una región donde el gobierno entrega concesiones a empresas trasnacionales para la explotación minera.

No todos se atreven a declarar frente a las cámaras, ¿Qué les lleva a tomar la decisión de declarar de espaldas?,  ¿Cuál es el temor que sienten?, ¿A qué le temen ?, ¿A quién?.

"Aquí se le teme es al "Topo". ¿A quién más se le teme? – pregunta la madre de uno de los desaparecidos el 4 de marzo cuando iba a trabajar a la mina.

Prefiere ocultar su identidad. Pese al temor que siente denuncia que "'El Topo' es un hombre que no solo es responsable de lo ocurrido hace 10 días", agrega que en Tumeremo "hay muchos muertos, mucha gente enterrada que a la familia le da miedo denunciar".

El miedo está presente entre los familiares de los desaparecidos en Tumeremo.

Tal es el caso de Carolina Yépez, madre de una joven asesinada hace ya un año en circunstancias no esclarecidas, en una zona donde operan mafias.

En esta oportunidad deja a un lado su dolor para confesarnos sentirse desesperada como otras madres, otros padres, pero no guarda mucha esperanza porque afirma que ahí todo se queda así.

El diputado del bloque opositor, Américo de Grazia, quien desde el primer día alzó su voz para denunciar la extraña desaparición de varios mineros, aseguró que historias como estas, son parte del drama que viven los pueblos del sur.

A su juicio  “este es solamente un capítulo, este es el capítulo de Tumeremo pero esto mismo pasa en el Dorado, esto mismo pasa en las Claritas. Esto mismo pasa en cada uno de los pueblos mineros”.

En estos sectores donde la minería se ejerce  ilegalmente, la violencia es rutina, tal como se evidenció en el caso Tumeremo.

Las Claritas

Visitamos Las Claritas para conocer la realidad tras este negocio lucrativo y peligroso.

Los lugareños dicen que una palabra de más podría ser causa de muerte en un pueblo donde todo gira en base a una suerte de "ley" impuesta por las armas.

Todos deben pagar comisión a las mafias para trabajar. Nos cuentan que se trata de 10 por ciento de lo que encuentren.

¿Hay mafias, sindicatos que controlan? ¿Quién manda aquí? ¿No se puede hablar del tema?

Le preguntamos a un habitante de Ciudad Dorada. Con un rotundo “No”, respondió José Mota, el transportista para mineros  “No, negativo. Eso no se puede hablar aquí”, nos dijo.

Seguimos el recorrido.

Por un camino de tierra, en un trayecto de unos 15 minutos, los mineros pueden acceder a los yacimientos que no solo son los más importantes de Venezuela sino también de Latinoamérica, todo esto forma parte del llamado “proyecto las Cristinas” ubicado  en el sector El Portón, el cual visitamos en un intento por acceder a esta zona minera.

Sin embargo, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) no nos otorgó el permiso para poder ingresar a las instalaciones, que además fueron otorgadas en concesión a la empresa canadiense Golden Reserve. No fue impedido el paso de quienes practican la minería ilegal.

A unos kilómetros visitamos la mina "El Albino", donde Los mineros se someten a largas jornadas de trabajo. Entre el barro y el riesgo de perder la vida en un deslizamiento, excavan hasta dar con el oro que la suerte y la naturaleza les brinden.

Le preguntamos a uno de ellos, Jhonatan Moreno ¿Cómo es un día bueno?

Puede agarrar una grama, dos gramas, depende.

Y un día malo? – Ocho puntos, siete puntos. Depende

El valor de un gramo de oro o grama supera a dos meses y medio de salario mínimo. Jhonatan Ron, vendedor de oro explica la suerte de este trabajo “la mina es así, vienes con las manos vacías o coges un poquito de oro”.

En contraste con otras zonas del país, en este pueblo no hay escasez de productos de consumo básico, ni filas para obtenerlos, aunque los precios son más elevados debido a la economía del oro. Por ejemplo una botella de agua cuesta 9 veces más que en Caracas, la capital. Por eso muchos, como José Mota, se preguntan ¿Qué pasará cuando lleguen las trasnacionales?

“Ustedes se imaginan que todas esas personas que están allá las saque la compañía o las saque el gobierno? ¿Para dónde vamos a tener que ir?", cuestiona.

Carlos Chancellor, alcalde del  Municipio Sifontes, también se mostró preocupado por el destino de estas personas.

“Allí tenemos la presencia de no menos de 20.000 habitantes y de los cuales 10.000 están en esas concesiones”.

“¿Qué van a hacer con esos venezolanos y esas venezolanas que están allí? ¿Cuál es el plan de reconversión para ellos?"

De momento, desde el gobierno prometen poner orden en la zona, así lo dijo el diputado oficialista, Víctor Clark quien asegura que "el presidente Nicolás Maduro asumió como una prioridad de Estado que la actividad minera deje de ser ese escenario de muerte, ese escenario de tráfico de droga, de anarquía”.

Una realidad que el gobierno ha dicho quiere revertir para favorecer la explotación fundamentalmente de oro y diamantes de forma estratégica en la zona.