(CNN) - La nueva prohibición de viajes del presidente de Estados Unidos Donald Trump está programada para que entre en efecto este jueves, pero varios jueces federales de todo el país decidirán su destino legal poco antes de la media noche.

El nuevo decreto de Trump prohíbe el ingreso al país durante 90 días para ciudadanos de seis países de mayoría musulmana y prohibe el ingreso a los refugiados por 120 días. Pero contrario a la prohibición original que firmó en enero, aquellos que tengan Green Cards o visas válidas están exentos de la prohibición.

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A pesar de esos cambios, varios estados y defensores de inmigración dicen que la nueva orden aún tiene vicios legales y por eso le han pedido a jueces federales que intervengan expidiendo restricciones temporales que bloqueen el decreto antes de este jueves.

Cortes en Maryland y Hawai aceptaron escuchar argumentos orales de ambas partes este miércoles y podrían tomar decisiones el mismo día.

A continuación algunas claves sobre el nuevo decreto de Trump:

¿Qué tan diferente es el nuevo decreto?

A pesar del hecho de que el alto consejero de política del presidente diga que la prohibición de viajes revisada tendría “en su mayoría diferencias técnicas menores” a la orden anteriormente bloqueada por las cortes, la posición del Departamento de Justicia está clara: el nuevo decreto es “substancialmente diferente”.

El Departamento de Justicia argumentó en documentos legales esta semana que quienes desafían el nuevo decreto no tienen base legal porque: las personas que tienen visa están protegidas y exentas de la prohibición de viajes; los únicos extranjeros que están excluidos no tienen derechos constitucionales para entrar a Estados Unidos, y el nuevo decreto contiene “robustas cláusulas de excepciones”, concediendo la entrada caso por caso para aquellos que no son considerados un riesgo de seguridad nacional.

Sin embargo, varios estados han instado a los jueces a ver que la nueva orden contiene una prohibición de 90 días para los viajeros de seis países de mayoría musulmana y una prohibición de 120 días para todos los refugiados, dos aspectos del decreto anterior que habían sido explícitamente suspendidos por las cortes federales.

“El decreto revisado es esencialmente vino viejo en una nueva botella”, dice Stephen Yale-Loehr, profesor de la Cornell Law School. “Asume que los viajeros de los seis países de mayoría musulmana y todos los refugiados son riesgos inherentes para la seguridad”.

En otras palabras, lo difícil del nuevo decreto podría depender de si un juez está de acuerdo —al menos para los limitados propósitos de una orden de restricción que bloquee temporalmente la implementación del decreto— con que los opositores han demostrado lo suficiente que se discrimina en base a la religión.

La última vez, al menos un juez federal en Virginia tomó nota de las declaraciones de campaña de Trump en las que pedía una “prohibición total para que los musulmanes entraran a Estados Unidos” y concluyó que el estado había producido “evidencia irrefutable” de que la prohibición de viajes “no estaba motivada por preocupaciones racionales de seguridad nacional”, sino por “prejuicios religiosos” contra los musulmanes.

El Departamento de Justicia no estuvo de acuerdo con la lectura del nuevo decreto.

“(El) texto y propósito (del nuevo decreto) son explícitamente neutrales de la religión y no concede ninguna preferencia por víctimas de persecución religiosa”, argumentaron los abogados del Departamento de Justicia en un documento en la corte este lunes.

¿Pueden aún los estados demandar?

Varios de los estados que están demandando el nuevo decreto dicen que afecta el turismo y afecta negativamente a los estudiantes extranjeros de universidades públicas.

El Departamento de Justicia dice que el argumento es “mera especulación”.

Por ejemplo, “Hawai no identifica a ninguna persona en particular que busque reclutar o tenga planes concretos de trasladarse a Hawai para unirse a una universidad o agencia estatal y mucho menos que tenga planes específicos para los próximos 90 días”, argumentaron los abogados del Departamento de Justicia en documentos legales. “Por el contrario, lo máximo que Hawai puede decir es que extranjeros no identificados podrían aspirar a hacer esto algún día".

Sin embargo, la Corte del Noveno Circuito de Apelaciones, que abordó esta cuestión al evaluar el primer decreto, no vio problema en que los estados pusieran esas demandas, al menos para las primeras etapas de litigación.

“La conexión necesaria puede ser vista en al menos dos pasos pasos lógicos: 1) el decreto les prohibe a los ciudadanos de siete países entrar a Washington y a Minnesota; 2) como resultado, algunas de esas personas no entrarán a las universidades estatales, algunos no se unirán a las facultades, a algunos se les prohibirá hacer investigaciones y a algunos no se les permitirá regresar si se van”, escribió la corte de apelaciones.

La pregunta es si en esta ocasión las cortes estarán de acuerdo, especialmente ya que los estudiantes o miembros de facultades con visas válidas están excluidos de la nueva prohibición de viajes.

¿Habrá confusión nuevamente en los aeropuertos?

Cuando el nuevo decreto presidencial fue firmado la semana pasada, funcionarios del gobierno les dijeron a los reporteros que este incluía un periodo de “introducción gradual” de 10 días para asegurarse de que aquellos que viajan “no están en peligro legal” y con la esperanza de evitar el “caos” que se vio en los aeropuertos luego de que la primera prohibición fuera firmada.

Pero ahora esos jueces tienen programadas audiencias para escuchar a los demandantes del nuevo decreto este miércoles —justo horas antes de que entre en efecto a las 12:01 de la noche de este  jueves— y en los aeropuertos los viajeros podrían experimentar confusión una vez más si cualquier juez bloquea el nuevo decreto, ya sea completamente o solo una parte de él.

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió inmediatamente a un requerimiento para comentar sobre este tema.

Pero grupos de derechos de los inmigrantes dicen que se están preparando y que tendrán abogados estacionados en los aeropuertos por si acaso los viajeros experimentan cualquier problema.