(CNN Español) - Más de 300 exguerrilleros de las FARC han ingresado al proceso de selección para convertirse en escoltas. La Unidad Nacional de Protección (UNP) de Colombia informó este domingo en un comunicado que espera que sean unos 315 los exguerrilleros que se someterán a las pruebas físicas, psicológicas y técnicas.

El proceso de selección será realizado por instructores de la Unidad Nacional de Protección y durará entre 45 y 60 días.

Este proceso hace parte de los acuerdos de paz entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC, "quienes decidieron dejar las armas y reincorporarse a la vida civil, teniendo especial cuidado con llevarlos a cabo, mediante procedimientos y protocolos que garanticen la seguridad de la comunidad y el cumplimiento de las normas vigentes", afirma el comunicado.

LEE: Cuerpo mixto de 1.200 escoltas protegerá a miembros de las FARC tras su desarme y reincorporación a la vida civil

La UNP aclaró que los exguerrilleros que participan en este proceso cumplieron con la dejación de armas y no portan ningún tipo de armamento.

Según el comunicado de la UNP, el proceso de selección se realiza en el municipio de Facatativá e iniciará el próximo 13 de junio.

Pero la Alcaldía de Facatativá había anunciado en un comunicado, este domingo, previo al de la UNP, que las autoridades locales no sabían de la llegada de estos excombatientes ni del proceso que iban a hacer en este lugar.

De acuerdo con esa información, la Alcaldía le solicitó al Ministerio del Interior, a la Policía Nacional y al Ejército mayor información sobre las actividades, duración y condiciones de las actividades.

LEE: Pese a tropiezos y enredos, sigue el calendario de dejación de armas de FARC

La UNP, adscrita al Ministerio del Interior, publicó el comunicado horas después de la comunicación de Facatativá, aclarando que "la Policía Nacional, a través de la UNIPEP, ha garantizado el proceso de traslado e ingreso del personal a las instalaciones de la academia y actualmente ha dispuesto un servicio de seguridad y protección perimetral y de ingreso a las instalaciones que se mantendrá durante todo el proceso de selección".

El proceso ha causado polémica en Colombia, pues muchos critican que se vuelva a armar –legalmente– a excombatientes que acaban de dejar las armas. Los cuerpos de escoltas de la UNP serán mixtos, es decir, tanto exguerrilleros, como militares.

El Gobierno de Colombia firmó el pasado 23 de febrero seis decretos que permitirán, entre otras cosas, crear un cuerpo de 1.200 escoltas para proteger a los miembros de la guerrilla de las FARC, tras su desarme y reincorporación a la vida civil.

Ese decreto fue firmado por los ministros del Interior, de Hacienda y Crédito Público y de Defensa de Colombia y ordena la creación de un “Programa de Protección Especializada de Seguridad y Protección, en virtud del cual la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio del Interior y demás entidades (...) incluirán como población objeto de protección a los integrantes del nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC a la actividad política legal, sus actividades y sedes, a los antiguos integrantes de las FARC que se reincorporen a la vida civil, así como a las familias de todos los anteriores de acuerdo con el nivel de riesgo”.

Además, establece que los menores de edad que salgan de los campamentos de las FARC también deben ser objeto de protección por parte de las entidades del Gobierno.

Las medidas hacen parte del cumplimiento de lo pactado en el acuerdo final de paz, firmado el 24 de noviembre del 2016 entre ambas partes, que tiene todo un capítulo dedicado a las garantías de seguridad para los miembros de la guerrilla que dejen las armas.

MIRA: ¿Responderán las empresas por los actos de las FARC?

Los jefes negociadores de las FARC en La Habana exigieron esas garantías de seguridad para que no se repita la historia, aseguran, de la Unión Patriótica, el partido político que se creó en 1984 tras un acuerdo entre esa guerrilla y el Gobierno de entonces, del cual fueron asesinados unos 5.000 miembros en las décadas de 1980 y 1990 (incluidos dos candidatos presidenciales y más de 10 congresistas).

La justicia colombiana determinó que detrás del exterminio de esos líderes de izquierda estuvieron grupos paramilitares y agentes estatales. El presidente Juan Manuel Santos, en septiembre pasado, reconoció en un acto público la responsabilidad del Estado en esta masacre.

En una visita que CNN en Español realizó en diciembre pasado a un campamento de las FARC, en el suroccidente de Colombia -antes de que comenzaran su movilización hacia las zonas veredales donde comenzarán a entregar las armas a partir de este 1 marzo- varios guerrilleros confirmaron su deseo de pertenecer a ese cuerpo de escoltas cuando termine su proceso de reincorporación a la sociedad.

MIRA: Granda: Las FARC no somos organización de narcotraficantes

Según los decretos, los guerrilleros de las FARC que sean condenados por delitos de lesa humanidad no podrán hacer parte de ese cuerpo de escoltas. Y los esquemas de protección dependerán del nivel de riesgo, pero se enfocarán en la seguridad de los jefes de las FARC.

Otro de esos decretos establece también que cada uno de los miembros del cuerpo de escoltas, que será de naturaleza mixta, recibirá una remuneración mensual de 1.825.000 pesos colombianos (unos 623 dólares).

El director de la UNP, Diego Mora, ha desmentido en varias oportunidades que los nuevos escoltas vayan a ganar lo mismo que ganan los escoltas de la Unidad, cuyos sueldos pueden llegar hasta los 2,4 millones de pesos mensuales (unos 820 dólares).

Sin embargo, en la última semana tres sindicatos de escoltas se han mostrado preocupados por las “diferencias salariales” entre ellos y los que serán escoltas de los exguerrilleros y sus familias. Aseguran que muchos de ellos no están vinculados formalmente con el Estado, sino a través de contratos de prestación de servicios.

FARC guerrillas fall in during a review at their camp in the Transitional Standardization Zone in Pondores, La Guajira department, Colombia on April 3, 2017. The Colombian government reported that the FARC guerrillas provided a total list with the names of the 6,084 members of the rebel group who have gathered in 26 "standardization zones" across the country, where they are building accomodations that will house them until the end of the disarmament process, outlined in the peace agreement reached in November 2016. / AFP PHOTO / Joaquin Sarmiento (Photo credit should read JOAQUIN SARMIENTO/AFP/Getty Images)

(JOAQUIN SARMIENTO/AFP/Getty Images)

“Celebramos la incorporación de los acuerdos de paz y enviamos un saludo especial a quienes serán nuestros compañeros de trabajo en el futuro inmediato. Pero consideramos que sí existen diferencias salariales con respecto al personal que lleva años en la labor de seguridad al servicio del Estado colombiano, a comparación de los nuevos funcionarios que serán incorporados por personal de confianza de las Farc. Nuestra solicitud va encaminada a que el Gobierno resuelva estas inconformidades, que abra un espacio para que todos estemos en un tema de igualdad”, aseguró Yesid Barragán, presidente de ASEP, el sindicato de la UNP, en un comunicado leído a los medios de comunicación.