(CNN) - Aunque la aprobación de un nuevo muro fronterizo aún está en pendiente, el gobierno de Donald Trump ha dado pasos sutiles para apoderarse de una tierra para construirlo, incluso reiniciando un litigio contra terratenientes que ha estado inactivo durante años, según un nuevo reporte de senadores demócratas.

Casi dos tercios de la frontera entre Estados Unidos y México corren a través de tierras privadas o que son propiedad del Estado, lo que significa que el gobierno federal necesita comprarlas, apoderarse de ellas o buscar permiso para usar esta tierra con el fin de construir el muro fronterizo. Basado en esfuerzos de hace una década para construir vallas fronterizas, es probable que el proceso le cueste al gobierno millones de dólares y pueda durar años en un litigio complejo.

Y al parecer el gobierno se está preparando para ello.

Los demócratas del comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado realizaron un reporte sobre derechos de expropiación y un muro fronterizo este lunes, citando la falta de claridad del gobierno sobre lo que se requeriría para construir el muro que propone el presidente Donald Trump.

El comité señala indicios de que el gobierno está preparándose para una nueva ronda de estas peleas, mientras el Congreso sigue debatiendo si le da dinero al Departamento de Seguridad Nacional para construir nuevas barreras en la frontera sur.

En julio, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, emitió un aviso relacionado con un proyecto para apuntalar las vallas existentes en el Valle del Río Grande, que también presagia que hay más por venir.

“Usando fondos existentes para actividades preparatorias, la CBP (y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU.) comenzarán muy pronto las actividades públicas de investigación de bienes raíces para los requisitos del muro fronterizo (del Valle del Río Grande) en el presupuesto del año fiscal 2018”, dice el aviso, citando una investigación sobre los registros de la propiedad en los juzgados.

Cuando se le preguntó sobre la nota, Carlos Díaz, portavoz del CBP, dijo que la investigación incluye actividades de muestreo de los suelos y le señaló a CNN el testimonio en el Congreso del liderazgo de la CBP que habló en general sobre los esfuerzos de priorización en la frontera del sudoeste, incluso incluyendo el aprovechamiento “de la experiencia en adquisiciones federales".

El grupo hizo entrevistas con residentes de la frontera que personalmente han experimentado casos de expropiación. Uno de ellos, Noel Benavides, le dijo al comité que los procedimientos de expropiación de su tierra se iniciaron en 2008, pero se mantuvieron latentes durante años, hasta febrero.

Una revisión de archivos de la corte muestra que en los primeros días del gobierno de Barack Obama, todos los plazos en ese caso fueron suspendidos, a petición de ambas partes. Durante ocho años, la única acción en el caso fueron los reportes sobre el estado y cambios de abogado, hasta principios de este año. En marzo y abril, el gobierno archivó quejas enmendadas y los procedimientos sobre la tierra empezaron de nuevo.

El reporte también señala los requerimientos presupuestarios del gobierno para el próximo año, en los que se buscan 12 abogados adicionales por 2 millones de dólares en el Departamento de Justicia para manejar los casos de administración de tierras.

El equipo señala que el gobierno hasta ahora no ha podido responder a las preguntas de los demócratas sobre cuántos casos de dominio eminente cree que necesitará para el muro fronterizo del presidente.

El requerimiento presupuestal para año fiscal de 2018 busca 1.600 millones de dólares para 120 kilómetros de barrera fronteriza.

“El comité fue informado de que el gobierno no puede proporcionarle al comité costos o requisitos definitivos de bienes inmuebles, no le puede decir al comité a cuántos ciudadanos estadounidenses le serán confiscadas sus tierras, y no tiene un plazo para completar los esfuerzos de adquisición de tierras necesarios para construir el muro que ha ordenado el presidente Trump”, dice el reporte.

En el pasado, los casos de tierras relacionados con la valla fronteriza fueron costosos y largos.

Una investigación hecha por CNN a principios de este año encontró que para la construcción de más de 1.000 kilómetros de vaya se gastaron más de 78 millones de dólares en unas 600 parcelas, y se espera que otros 25 millones de dólares sean pagados en litigaciones sin resolver. Decenas de casos aún permanecen sin resolver en los tribunales federales hasta hoy, incluso una década después.

La investigación del comité encontró que para unos 339 kilómetros se requerirían 600 extensiones de propiedad y 330 demandas de expropiación.

- Curt Devine de CNN contribuyó con este reporte.