Nota del editor: Roberto Izurieta es director de Proyectos Latinoamericanos en la Universidad George Washington. Ha trabajado en campañas políticas en varios países de América Latina y España y ha sido asesor de los presidentes Alejandro Toledo de Perú, Vicente Fox de México y Álvaro Colom de Guatemala. Izurieta también es analista de temas políticos en CNN en Español. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas del autor.

(CNN Español) - La corrupción en la política y los gobiernos es el tema de la Cumbre de Lima. Es sin duda un tema que demanda justicia, reclamo y mucho interés de parte del público. Los escándalos de Odebrecht han hecho público, sin tapujos, lo que muchos nos temíamos y muchos comentaban. Marcelo Odebrecht antes de ir a la cárcel lo dijo amenazantemente: “El 5% o menos de lo que Odebrecht era responsable... ya se descubrió. [...]Ustedes tienen que descubrir el 95% que no fue de Odebrecht”.

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En ese marco, esta semana fue detenido el expresidente de Brasil Lula da Silva. Si bien el caso específico sobre él me parece débil (un apartamento que él dice no es de él, ni lo ha usado); Lula cae preso en realidad porque luego de los escándalos de Odebrecht y (no olvidemos) Petrobras, se descubren unas tramas delictivas que sobrepasan cualquier nivel de tolerancia política que alguien pueda digerir. En otras palabras, es una suerte de sanidad nacional para que esto no quede impune (al menos parte de esos crímenes). Muchos faltan, y quizás otros que estén acusados no lo deberían estar: que lo determine el sistema de justicia.


Los activistas del Movimiento Verde protestan frente a las oficinas corporativas de Odebrecht en Santo Domingo, exigiendo que la empresa sea expulsada del país y que se cancelen sus contratos. 21 de junio de 2017. (Crédito: ERIKA SANTELICES/AFP/Getty Images)

No me queda duda de que si bien la opinión pública (en la cual me incluyo) puede y debe opinar, solo un sistema de justicia independiente y profesional puede determinar la culpabilidad de todo delito. Pero esto está muy lejos de ser realidad en América Latina. Como lo dije en el mismo caso de la destitución de Pedro Pablo Kuczynski (y sobre todo su campaña): es muy común la corrupción también del sistema de justicia, la politización de la justicia o la judicialización de la política (cuando es el sistema de justicia el que interfiere, mediante acciones legales, determinando quiénes pueden o no pueden participar en la política y en las elecciones).

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El caso del exvicepresidente de Ecuador Jorge Glass es para la opinión pública mucho más claro. No solo se entregó plata de Odebrecht para la “campaña de vidrio” (en referencia al apellido del vicepresidente y la anterior campaña presidencial), sino que se demostró que su tío recibió montos de dinero imposibles de justificar y que la relación entre tío y sobrino iba más allá de saludos de Navidad (como quiso hacer creer en su momento Jorge Glass).

Y hablando de parientes, esta semana en Ecuador cae preso por casos de corrupción el hasta hace poco ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, quién, cuando era candidato a la presidencia, realizó una campaña basada en la lucha contra la corrupción y decía que “había que cortarles las manos a los políticos corruptos”.

Con casos como estos, ¿cómo se puede creer en algún político? Y aquí viene mi argumento. Más allá de decir lo correcto (y repetirlo): que lo único que acabará con la corrupción es un sistema de justicia independiente y profesional; considero que los agentes de opinión y los ciudadanos también debemos hacer un esfuerzo para pasar del drama de un arresto a remitirnos a los hechos.

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Trabajé en la campaña presidencial de Álvaro Colom en Guatemala y cuando se dio su arresto hace pocos meses, pasé horas tratando de buscar de qué se le acusa. Llegué antes al testimonio del caso Odebrecht, Guatemala. El caso Odebrecht es parte central de la caída de la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti y posteriormente del presidente Otto Pérez Molina, donde claramente listan los distintos pagos a varios funcionarios durante el gobierno de Pérez Molina.

Paralelamente, en dicho artículo leí algo que para el periodista de Prensa Libre parecía irrelevante, pero para mí central: cuando le preguntaron al relator de Odebrecht sobre cuánta plata dio al Gobierno de Álvaro Colom, testifica: “El gobierno de Colom no cobró sobornos". Pero Álvaro Colom termina preso, según la imputación y lo que expone La FECI (Fiscalía Especial contra la Impunidad) principalmente porque: “Alvaro Colom, como Presidente Constitucional de la República es el garante de administrar la Hacienda Pública”. Por eso, cuando veo con disgusto la corrupción en la política, llego a la conclusión del título de este artículo: “No son todos los que están, ni están todos los que son".