Los estados con pena de muerte se pelean por los fármacos de inyección letal

Por Ross Levitt y Deborah Feyerick

(CNN) - Una denuncia civil federal en Texas afirma que los acusados podrían haber falsificado recetas, mentido a las farmacias e incluso haber quebrantado la ley, pero que no son narcotraficantes.

Son funcionarios del Departamento de justicia criminal de Texas, responsables de ejecutar a los presos condenados a muerte.

La denuncia, presentada en octubre, es un ejemplo de cuán lejos están dispuestos a llegar los estados con pena de muerte para adquirir los fármacos para las inyecciones letales.

Texas, que se negó a comentar el caso pendiente, se encuentra entre los 32 estados con pena de muerte que luchan por encontrar nuevos protocolos de fármacos después de que los fabricantes con sede en Europa prohibieron a las prisiones de los Estados Unidos usar sus fármacos en ejecuciones -entre ellas, Lundbeck, de origen danés, que fabrica pentobarbital.

"Los estados luchan por encontrar los fármacos", dice Richard Dieter, director ejecutivo del Centro de Información sobre la Pena de Muerte en Washington. "Ellos quieren llevar a cabo estas ejecuciones que tienen programadas, pero no tienen los fármacos y están cambiando y experimentando nuevos procedimientos nunca usados en la historia de las ejecuciones".

Los estados han sido forzados a probar nuevas combinaciones de fármacos o a buscar farmacéuticas que estén poco reguladas para que fabriquen variaciones de los fármacos prohibidos por las empresas más grandes. Según los documentos de la corte, la demanda en contra de Texas afirma que el departamento correccional del estado falsificó una receta de pentobarbital, incluso el nombre del paciente como "James Jones", el alcaide de la Unidad de Huntsville, "en donde tienen lugar las ejecuciones". Además, los fármacos debían de ser enviados al "Hospital de la unidad de Huntsville", que, según los documentos, "no existe desde 1983".

La demanda indicó que la farmacia no conocía el propósito de la orden y, cuando lo descubrió, canceló la orden antes de enviarla.

En una carta obtenida por CNN del 4 de octubre de este año, Woodlands Compounding Pharmacy, a la cual se le solicitó proveer fármacos a los funcionarios de Texas, dice que creyó que su "información iba a quedar "fuera del radar" por el Departamento de Justicia Criminal de Texas".

Los demandantes también alegan que el estado no preparó una orden de compra, en cambio se usó la tarjeta de crédito personal de un empleado para hacer la compra.

La farmacia solicita al Departamento de Justicia Criminal de Texas (TDCJ) que devuelva los fármacos que vendió al estado. No está claro si lo hicieron.

Maurie Levin, uno de los abogados que representa a los presos, dijo: "Nosotros creemos que la compra de pentobarbital a Woodlands Pharmacy por parte del Departamento de Justicia Criminal de Texas viola numerosas leyes del estado". La vasta mayoría de los fármacos compuestos únicamente puede ser preparada o vendida conforme a una receta médica. El Departamento de Justicia Criminal de Texas no obtuvo una prescripción médica por su compra de drogas compuestas. Hay excepciones en los requisitos, pero la compra del Departamento de Justicia Criminal de Texas no califica en ninguno de ellos".

En septiembre, Texas incluso pidió a otro estado, Virginia, el suministro de Nembutal, según documentos proporcionados a CNN por la abogada de Berkeley Law, Jen Moreno.

Los prisioneros condenados a muerte dicen que usar fármacos no probados es un "castigo cruel y fuera de lo común", y varios han presentado demandas federales para retrasar las ejecuciones hasta que los protocolos de los fármacos hayan sido estudiados.

Se asignó Ohio para la ejecución de Ron Phillips el jueves usando un cóctel de dos fármacos nunca antes usados en una ejecución. El Departamento de Rehabilitación y Corrección de Ohio dijo que fue "incapaz de obtener una cantidad suficiente de pentobarbital". En cambio, se ha fijado usar el sedante midazolama y el analgésico hidromorfona en una dosis letal.

El gobernador de Ohio John Kasich suspendió la ejecución de Phillips esta semana a la espera de la revisión de una posible donación de órganos a sus familiares.

Se estableció que en Missouri se utilizaría propofol, el infame fármaco del caso de Michael Jackson, en una ejecución el mes pasado, pero el gobernador la detuvo después de haber sido advertido que la Unión Europea podría detener todos los envíos del fármaco, lo cual llevaría a una escasez en los fines médicos.

Deborah Denno, una profesora de derecho en la Universidad de Fordham, dijo que una nueva combinación de fármacos, utilizada en la ejecución del prisionero de Florida William Happ el mes pasado, tardó 14 minutos en matarlo en lugar de los siete habituales.

"Hay un caos absoluto entre los estados", dijo Denno. "Así, cada pocos meses parece que vemos un estado diferente usando un tipo distinto de fármaco o fármacos".

Jim Petro, el ex fiscal general republicano por Ohio, presidió más de 19 ejecuciones pero ya no apoya la pena de muerte. "Un fiscal general está obligado a seguir la ley", dijo. "El deber es el deber".

Dieter dijo que el uso de fármacos no probados equivale a experimentar en seres humanos: "Las personas que cometieron estos crímenes son culpables, pero eso no mitiga nuestras obligaciones éticas".