(CNN Español) - Miles de indocumentados en EE.UU. tienen por ahora un motivo de preocupación menos en sus ya agitadas vidas de inmigrantes. Una iniciativa de legisladores republicanos encaminada a abolir las llamadas ciudades santuarios para aquellos que no tienen papeles fracasó este martes en el Senado.

La norma, que contaba con el respaldo, entre otros, de los aspirantes de origen hispano a la presidencia de EE.UU., el senador por Florida, Marco Rubio, y por Texas, Ted Cruz, tenía muy pocas posibilidades de convertirse en ley desde que la administración Obama prometió usar el recurso de veto si rebasaba el legislativo.

La propuesta ya había recibido la luz verde en una cámara baja dominada por los conservadores, pero se preveía que en el Senado la historia iba a ser otra. Para continuar con el procedimiento hasta llegar a una votación final del texto en la cámara alta, los republicanos necesitaban 60 votos a favor, una meta muy difícil de alcanzar al ser una iniciativa netamente conservadora, como quedó demostrado.

Al final, solo los únicos votos por el sí eran los de los  54 senadores republicanos.

Los patrocinadores de la ley siempre tienen la posibilidad de volver a presentarla.

En EE.UU. existen 2.146 jurisdicciones santuarios, según el texto discutido en el Senado, donde las fuerzas del orden locales se abstienen de hacer labores de agentes de inmigración.

A falta de una reforma del sistema inmigratorio que el Congreso se niega a considerar, el futuro de una buena parte de los más de 11 millones de inmigrantes ilegales que se calculan viven en EE.UU. depende en gran medida de estas localidades. 

La ley, denominada “Detengamos las Políticas de Santuario”, apuntaba –a través de medidas fiscales y del reordenamiento de las funciones de las fuerzas públicas— a acabar con estos reductos seguros y obligaba a las autoridades locales a entregar a los residentes no autorizados a las fuerzas federales para su deportación. La iniciativa incluso buscaba criminalizar el cruce de la frontera al imponer penas de hasta cinco años a un indocumentado que vuelva a entrar en el país tras haber sido condenado por un delito agravado.

"La ley —asegura la Casa Blanca en un comunicado distribuido este martes— básicamente convertiría a los departamentos de seguridad policial en funcionarios federales de inmigración”.

Según el Ejecutivo, obligar a las ciudades a utilizar a sus departamentos de policía para entregar a indocumentados a las autoridades federales desviaría recursos que ahora se dedican a perseguir a los indocumentados con crímenes serios a sus espaldas.

El tema de la seguridad también fue el argumento de los promotores de la iniciativa, quienes presentan el caso de Kate Steinle para apoyar sus argumentos. Steinle, de 32 años, murió en julio pasado en San Francisco tras ser alcanzada por un disparo del que la policía acusa a un inmigrante mexicano que estaba ilegalmente en el país después de haber sido deportado en cinco ocasiones.

El senador Cruz fustigó a la administración Obama, a quién acusó no hacer cumplir las leyes. “La jurisdicciones santuario no son solo una afrenta para la ley son también peligrosas”, aseguró.

En la otra perspectiva, el senador Demócrata por Nueva Jersey Robert Menéndez se quejó de que la oposición republicana en el Congreso tiende a demonizar a la comunidad indocumentada.

“Esto no es más que una ofensiva y antinmigrante ley que busca criminalizar a los inmigrantes”, manifestó.

El tema de la inmigración ocupa un lugar relevante en el actual ciclo electoral en EE.UU. tras los duros comentarios del aspirante republicano Donald Trump contra esa comunidad y los mexicanos en particular. La polémica propuesta había sido calificada la “Ley Donald Trump” por el líder Demócrata del Senado, Harry Reid, en honor al magnate.