(CNN Español) - La región de América Latina es una de las más peligrosas del mundo. Así se desprende del último informe del think tank sobre Latinoamérica Igarapé Institute sobre la seguridad ciudadana. La tasa de homicidios en la región es de 21,5 por cada 100.000 personas, muy por encima de la tasa global, que se sitúa en 7 por cada 100.000. 

Uno de cada cuatro asesinatos en el mundo en 2016 se produjeron en América Latina, en concreto en cuatro países: Brasil, México, Venezuela y Colombia, explica el informe publicado este mes.

Según datos de 2016 de Igarapé Institute, 43 de las 50 ciudades con mayor tasa de homicidio en el mundo están situadas en América Latina. La más peligrosa es San Salvador (El Salvador), con una tasa de 136,7 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Le siguen Acapulco de Juarez (Mexico) con 108,1 asesinatos por cada 100.000 personas en 2016 y San Pedro Sula (Honduras), donde la tasa se sitúa en 104,3 muertes por cada 100.000 habitantes.

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Por países, los datos son igualmente negativos para la región: 17 de los 20 países con mayor tasa de asesinatos en todo el mundo en 2017 son latinoamericanos: la lista la lidera El Salvador, con una tasa de 60 muertos por cada 100.000 habitantes. Le siguen Jamaica (tasa de 56), Venezuela (tasa de 53,7) y Honduras (42,8 muertos por cada 100.000 personas).

Igarapé Institute, que además de datos propios también recopila de otras fuentes oficiales, muestra en su informe que en 2012 América Latina acogía al 8% de la población mundial pero, a la vez, sufría el 33% de los homicidios en todo el mundo.

Otro dato preocupante: entre el año 2000 y 2016, más de 2,5 millones de latinoamericanos han muerto de forma violenta, la mayoría de ellos por homicidios intencionales, según el mismo reporte.

Toto ello hace que la tasa de homicidios no tenga visos de descender. De hecho, y según esta fuente, en 2030 se espera que llegue a ser de casi 40 asesinatos por cada 100.000 habitantes, muy por encima del resto del mundo.

El think tank llama además la atención sobre la edad de los asesinados: la mitad de ellos tienen entre 15 y 29 años, lo que "representa un coste humano tremendo y una considerable bajada de productividad", indica el informe.

No solo esto: las encuestas de victimización indican que la violencia contra las mujeres y los niños "es generalizada" en la región, según cita el informe. Según este reporte, cuando en las encuestas se pide a los ciudadanos describir las formas más dañinas de violencia, el 65% menciona la violencia contra las mujeres y el 63% se refiere a los niños. Los datos son superiores a las menciones a la violencia callejera (59%) y el crimen organizado y la violencia de las pandillas (ambos 51%).

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Estas mismas encuestas dan otro dato significativo sobre la violencia en la región: en 2016, el informe dice que el 36% de los latinoamericanos aseguraron haber sido víctima de algún tipo de crimen.

Aumento de los crímenes en América Latina

Todos estos datos llevan a Igarapé Institute a una conclusión: "Muchos países latinoamericanos, estados y ciudades se enfrentan a una crisis de seguridad pública que es crónica", escribió el think tank en su informe. Según el documento, "hay señales de aumento de homicidios y restricción de libertades" en toda la región, lo que está teniendo como consecuencia el "agotamiento de la población" y está "socavando el progreso económico".

"Hay pocas prioridades más urgentes que restaurar y fortalecer la la seguridad de los ciudadanos de toda la región", aseguró la empresa.

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Sobre cómo acabar con el crimen, Igarapé Institut menciona como más eficaces aquellas estrategias que resultan de una "combinación de recursos financieros e institucionales de todos los niveles".

Por ejemplo, el informe menciona como ejemplo de éxito el 'Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes' de Colombia, que "muestra cómo las intervenciones policiales centradas, la vigilancia del delito en tiempo real y la prevención pueden ayudar a prevenir y contener crimen local".

En este sentido, la empresa invita a las autoridades a tener una visión clara de cuál es su objetivo cuando diseñan políticas contra el crimen y "establecer prioridades", así como invertir en medidas de prevención, enfatizar en dar oportunidades laborales a grupos de riesgo, reforzar la cohesión social o invertir en tecnologías de seguridad pública pero que sean evaluadas para medir su rendimiento, entre otros.