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Inmigración

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Sotomayor emite una disidencia mordaz sobre una orden de la Corte Suprema que podría remodelar la inmigración legal

Por Ariane de Vogue

(CNN) — La jueza Sonia Sotomayor escribió una mordaz disidencia el viernes por la noche, fustigando al Gobierno por pedirle repetidamente a la Corte Suprema de manera urgente que permitiera la entrada en vigencia de políticas controvertidas y acusó a sus colegas conservadores en la Corte de estar demasiado ansiosos de ponerse del lado de la administración Trump en tales solicitudes.

La jueza escribió que otorgar solicitudes de emergencia a menudo revierte “el proceso normal de apelación” mientras “pone un pulgar en la balanza a favor de la parte que ganó”. Dirigiéndose a sus colegas conservadores, la jueza dijo que “lo más preocupante, el comportamiento reciente de la Corte” ha beneficiado a “un litigante sobre todos los demás”.

La disidencia de Sotomayor se dio en respuesta a la decisión de la Corte, de 5 contra 4 votos, que otorgó la solicitud del Gobierno de permitir que su controvertida regla de “carga pública” entre en vigencia en todos los estados del país. La regla hace que sea más difícil para los inmigrantes obtener un estatus legal si usan beneficios públicos como cupones de alimentos y cupones de vivienda. Aunque los otros tres jueces liberales en la Corte Suprema también discreparon, guardaron silencio y no se unieron a la decisión de Sotomayor.

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“Pidiendo una emergencia tras otra, el Gobierno ha buscado recientemente estancias en un número de casos sin precedentes”, dijo Sotomayor. “Es difícil decir qué es más preocupante”, dijo, señalando el caso en cuestión, “que el Gobierno buscara este alivio extraordinario aparentemente como algo normal, o que la Corte lo otorgara”. Señaló que en el caso en cuestión, la orden levantada de la corte inferior por la Corte Suprema fue estrecha y solo afectó a un estado.

Los comentarios de Sotomayor se producen cuando la Corte Suprema se encuentra en medio de un período de gran movimiento considerando temas como el aborto, los derechos LGBTQ, la Segunda Enmienda, la inmigración y el esfuerzo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para proteger sus registros financieros. Los jueces están retrasados en la emisión de opiniones, y los observadores de la Corte se han preguntado si la demora es causada en parte por la participación requerida del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, en los procedimientos de juicio político, o si los mismos jueces están fracturados en varios casos. Aunque Sotomayor escribió sola, su opinión sugiere que hay inquietudes tras bambalinas.

Por su parte, el Gobierno, apoyado por al menos dos jueces conservadores, ha argumentado en el pasado que las solicitudes de emergencia se han vuelto necesarias porque los tribunales inferiores emiten cada vez más órdenes judiciales preliminares que cubren a los estados que no fueron parte en la demanda original.

Por un lado, Sotomayor dice que el tribunal está bajando sus estándares al considerar las solicitudes de emergencia del Gobierno. Por otro lado, la administración Trump responde que tales solicitudes son necesarias porque los tribunales inferiores emiten opiniones preliminares demasiado amplias, bloqueando prematuramente sus políticas mientras se desarrolla el proceso de apelaciones.

La orden del viernes se produjo después de que el mes pasado la Corte Suprema, nuevamente dividida en 5-4, permitió que la regla de “carga pública” entrara en vigor en todo el país, excepto en Illinois, porque el estado se regía por una orden judicial separada.

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El gobierno Trump dio el siguiente paso para pedirle a la Corte que levantara la orden de Illinois. Esa solicitud fue concedida el viernes.

Ahora la regla de carga pública entrará en vigencia en todo el país mientras se desarrolla el proceso legal.

“Esta regla final protegerá a los contribuyentes estadounidenses que trabajan arduamente, salvaguardará los programas de bienestar para los estadounidenses verdaderamente necesitados, reducirá el déficit federal y restablecerá el principio legal fundamental de que los recién llegados a nuestra sociedad deben ser financieramente autosuficientes y no depender de la generosidad de los contribuyentes de Estados Unidos”, dijo la Casa Blanca en un comunicado el sábado.

Abordando más que el caso en cuestión, Sotomayor escribió sobre lo que llamó un “patrón ahora familiar”.

“El Gobierno busca ayuda de emergencia de este Tribunal”, pidiendo a los jueces que intervengan cuando los tribunales inferiores han declinado hacerlo, y luego el Tribunal “ha sido demasiado rápido para otorgar las solicitudes reflexivas del Gobierno”.

“No se equivoquen”, dijo Sotomayor, “este Tribunal es en parte el culpable del colapso en el proceso de apelación”.

Lamentó el hecho de que la Corte a veces haya negado solicitudes de emergencia similares de los condenados a muerte.

“El Tribunal a menudo permite ejecuciones, donde el riesgo de daños irreparables es la pérdida de vidas, para proceder, justificando muchas de esas decisiones sobre supuestas fallas para ‘presentar cualquier reclamo potencialmente meritorio de manera oportuna'”, dijo.

“Me temo que esta disparidad en el tratamiento erosiona el proceso de toma de decisiones justo y equilibrado que este Tribunal debe esforzarse por proteger”, dijo.

El profesor Steve Vladeck, colaborador de CNN que estudió el tema de las solicitudes de emergencia, señaló en un artículo reciente de Harvard Law Review que el procurador general Noel Francisco ha sido más agresivo al tratar de “hacer un corto circuito” el curso ordinario de los litigios de apelación que sus predecesores inmediatos.

En una entrevista, Vladeck señaló que Francisco no siempre ha prevalecido, “pero lo ha hecho con mucha más frecuencia que sus predecesores”.

“Esta es la 24ª vez que la administración Trump le pide a la Corte Suprema que suspenda una decisión de la corte inferior en menos de tres años en comparación con un total de ocho solicitudes durante los 16 años de George W. Bush y Obama”, dijo Vladeck.

“Como en este caso, los jueces a menudo han aceptado estas solicitudes incluso cuando el fallo de la corte inferior, como en el caso más reciente, solo tuvo un impacto local”, agregó.

Pero el Gobierno se ha quejado de que ha habido un aumento de las órdenes de los tribunales inferiores que bloquean las políticas de Trump en todo el país. A fines de enero, por ejemplo, cuando el Tribunal permitió que la regla de carga pública entrara en vigencia para todos los estados, excepto Illinois, el juez Neil Gorsuch junto con el juez Clarence Thomas votó en la mayoría y escribió por separado para criticar el hecho de que el tribunal inferior había emitido un mandato tan amplio que afecta a quienes no fueron demandantes en el caso.

Gorsuch criticó la “práctica cada vez más común” de los tribunales de primera instancia que emiten órdenes amplias que bloquean una política.

“La emisión rutinaria de mandatos universales es evidentemente inviable”, escribió Gorsuch.

En mayo pasado, el secretario de Justicia, William Barr, se quejó en un discurso ante el American Law Institute sobre los mandatos en todo el país, particularmente cómo han bloqueado su administración para terminar con DACA, un tema que se encuentra actualmente ante la Corte Suprema.

Dijo que los mandatos a nivel nacional han “frustrado la política presidencial durante la mayor parte del mandato del presidente sin un final a la vista”. Dijo que estamos “a más de la mitad del mandato del presidente, y que la administración no ha podido rescindir la iniciativa de inmigración de la última administración, incluso si piensa que se basa completamente en la discreción ejecutiva”.

Dijo que tales mandatos “han inyectado a los tribunales en el proceso político” e inspiraron “tácticas de litigio poco saludables”. Señaló que después de que los tribunales habían bloqueado la prohibición de viajar, la Corte Suprema finalmente permitió que la tercera versión entrara en vigencia.

“Limitar el poder judicial para resolver disputas concretas entre las partes, en lugar de llevar a cabo la supervisión general de las ramas políticas, asegura que los tribunales no usurpen sus funciones de formulación de políticas”, dijo Barr.