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Tribunal superior de Brasil respalda la protección especial para las comunidades indígenas, pero no establecerá un cronograma para la salida de forasteros

Por Marcia Reverdosa, Rodrigo Pedroso

(CNN) — La Corte Suprema de Brasil otorgó el miércoles una victoria parcial a las comunidades indígenas asediadas del país, que luchan contra un nuevo enemigo insidioso: el covid-19.

El tribunal confirmó una decisión judicial anterior que requería que el gobierno federal implementara medidas de seguridad para contener la propagación del coronavirus, que se ha extendido por muchas comunidades remotas con un efecto mortal.

«Fue una gran victoria», dijo Dinaman Tuxa, coordinadora ejecutiva de APIB, grupo indígena que presentó la demanda contra el gobierno junto con seis partidos políticos, calificando el fallo como una reparación histórica por las injusticias contra los indígenas incluso antes de la pandemia.

«Si no fuera por [la corte], esta demanda estaría todavía en los cajones del Ejecutivo y del Legislativo», afirmó.

Pero la principal demanda de los grupos indígenas fue rechazada: una fecha límite para que todos los forasteros, incluidos los mineros, los desarrolladores y los militares, abandonaran sus tierras.

Comunidades más afectadas

Las comunidades indígenas de Brasil han sido golpeadas por el covid-19. A principios de agosto, más de 22.000 indígenas habían sido diagnosticados con coronavirus y al menos 631 habían muerto a causa de él, según la APIB. Pero debido a las pruebas limitadas, el costo real podría ser mayor.

En una trágica coincidencia, un prominente líder indígena, el Jefe Aritana Yawalapiti del territorio del Alto Xingu, murió a causa del virus el día del fallo, según su sobrino Kaiulu Yawalapiti. «Mi corazón está hecho pedazos, sangrando», dijo Yawalapiti a CNN.

El jefe, de 71 años, ingresó en la UCI el 22 de julio tras sufrir graves problemas respiratorios. Su hijo, Tapi Yawalapiti, le comentó a CNN ese mismo día que el Alto Xingu carecía de suministros médicos, kits de prueba y asistencia médica para combatir la pandemia de covid-19.

“El covid-19 se propaga muy rápido, toda la comunidad está enferma, niños, jóvenes, ancianos. Estamos abandonados por el gobierno brasileño, no nos ayudan lo suficiente y parece que nos quieren diezmar”, dijo.

Dinaman Tuxa de APIB indicó que la muerte de Yawalapiti significó mucho más que la pérdida de una vida singular. «Los ancianos son los guardianes del conocimiento, los idiomas, las tradiciones, las festividades, los rituales», aseguró. «Estamos perdiendo mucho más que personas, estamos perdiendo nuestra cultura, nuestra nación».

Unos 800.000 indígenas viven en pueblos de todo Brasil. A medida que la pandemia se extiende, muchas de las comunidades han hecho eco de la queja de Yawalapiti sobre la negligencia del gobierno.

A medida que el coronavirus se diseminó por Brasil este año, el Ministerio de Salud del país y los gobiernos locales instalaron pabellones indígenas en hospitales de toda la Amazonía. En conjunto con el Ministerio de Defensa, también enviaron equipos médicos, suministros y personal a hospitales militares en áreas remotas como São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga y Valle Javari.

La camiseta amarilla de Brasil, símbolo de la extrema derecha 3:12

Pero algunas iniciativas clave para proteger a los indígenas brasileños se han visto obstaculizadas en los niveles más altos del gobierno.

El 8 de julio, el presidente Jair Bolsonaro vetó partes de un proyecto de ley de emergencia que habría asegurado el acceso al agua potable, la distribución gratuita de productos de higiene y la distribución de materiales de limpieza y desinfección a las comunidades indígenas, citando el costo. También vetó una propuesta que asegura fondos obligatorios de emergencia para la atención de salud de los pueblos indígenas y argumentó que legislar los gastos obligatorios no «da cuenta del respectivo impacto presupuestario y financiero, que sería inconstitucional».

Los vetos encajan en un patrón más amplio para el líder de derecha pro-empresarial, que tiene una relación históricamente antagónica con los indígenas brasileños. Muchos activistas de derechos han protestado por el aumento de la minería y la tala ilegal en sus tierras que sucedió al ascenso al poder de Bolsonaro.

El juez que redactó el fallo del 8 de julio que fue confirmado el miércoles por la Corte Suprema citó los comentarios de Bolsonaro en su decisión. «También vale la pena señalar que ha habido una gran resistencia del gobierno a la realización de los derechos de los pueblos indígenas», escribió el juez Luis Roberto Barroso, citando informes de los medios que citan el apoyo de Bolsonaro al desarrollo, incluidas las «reservas indígenas que hacen inviable la Amazonía».

Los pueblos indígenas de Brasil a menudo viven en comunidades que están lejos de los hospitales, en áreas que a menudo carecen de infraestructura básica. Quienes se trasladan a pueblos o ciudades pueden terminar en condiciones de vida precarias con pocos servicios públicos, lo que aumenta su vulnerabilidad a los problemas de salud.

Un estudio realizado en mayo y junio informó que los pueblos indígenas tienen cinco veces más probabilidades de contraer el coronavirus en comparación con la población blanca del país.

El estudio de la Universidad Federal de Pelotas encontró que la vulnerabilidad de los indígenas brasileños sigue siendo más alta que la de los brasileños blancos, incluso dentro del mismo nivel socioeconómico y con el mismo número de residentes en el hogar.

«La interpretación de estos análisis sugiere que los indígenas tenían un riesgo sustancialmente mayor que otros grupos étnicos», señaló el estudio.

En general, Brasil ocupa el segundo lugar después de Estados Unidos en términos de casos de coronavirus, según el rastreador de la Universidad Johns Hopkins. Hasta el sábado por la mañana, había reportado casi 3 millones de casos con muertes y casi 100.000 personas fallecidas.

Sin fecha límite para forasteros

Las nuevas medidas de seguridad ordenadas por la Corte Suprema incluyen la protección de comunidades aisladas y recientemente contactadas, el establecimiento de un comité de crisis que involucre a grupos indígenas y el suministro de asistencia sanitaria a territorios aún no reconocidos por el gobierno.

En respuesta, el Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos de Brasil le dijo a CNN que ya cumple con la decisión de la Corte Suprema al crear un grupo de trabajo el 22 de julio para desarrollar un plan para combatir el covid-19.

Pero la renuencia del tribunal a establecer un cronograma para la salida de los forasteros fue un revés para los litigantes.

En medio de la pandemia, los riesgos para la salud de las comunidades indígenas se han visto agravados por la presencia de forasteros, según sus líderes.

APIB buscó la expulsión de forasteros de los territorios de Yanomami, Karipuna, Uru-Eu-Wau-Wau, Kayapó, Tierras Indígenas Araribóia, Munduruku y Trincheira Bacajá. «Esos 7 territorios están sufriendo situaciones que amenazan su vida», indicó Eloy Terena, asesor legal de APIB.

«Se estima que más de 20.000 mineros ilegales se encuentran actualmente dentro de la tierra Yanomami», dijo Dario Kopenawa, líder de la asociación Hutukara, que representa a la comunidad en el territorio amazónico, hogar de 27.000 personas y conocida por sus ricos depósitos de oro.

Ese número fue cuestionado por el vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourao, quien lidera la campaña del gobierno para combatir la minería y la tala ilegal y quien dijo, a través de Twitter, que el número estaba más cerca de los 3.500 mineros ilegales.

Más recientemente, las misiones militares para distribuir suministros médicos han alarmado a los líderes indígenas, quienes dicen que la ayuda debe llegar a través del Ministerio de Salud, que ya tiene puestos de avanzada en tierras indígenas y donde los trabajadores de salud comprenden las preocupaciones indígenas.

«Estamos muy molestos con la forma en que se hizo», le comentó a CNN Júnior Hekurari, presidente del Consejo Distrital de Salud Indígena (Condisi) Yanomami e Ye’kuana.

La primera misión militar al Yanomani, entre el 29 de junio y el 5 de julio, involucró a casi 50 personas a bordo, incluidos más de 20 miembros del personal médico y 18 periodistas. «Se suponía que solo debían traer suministros y medicinas, no un comité completo con docenas de personas», expresó Hekurasi.

El Ministerio de Defensa dijo que todo el personal de la misión, destinado a proporcionar asistencia y suministros médicos, había sido examinado para detectar covid-19.

Otras dos misiones militares, a diferentes comunidades indígenas, se llevaron a cabo en las últimas semanas, y el Ejército informó que siguió los protocolos al asegurarse de que todos los participantes estuvieran en cuarentena durante 14 días antes de participar.

El miércoles, la mayoría de la Corte Suprema dijo que si bien la presencia de forasteros era ilegal, se negó a fijar un plazo. En cambio, ordenó al gobierno de Brasil que estableciera un «protocolo de acción» para su salida.

«Esto muestra la fuerza de la agroindustria, los mineros y los políticos», dijo Terena de APIB. «Estábamos muy preocupados, porque si la Corte Suprema no quería confrontar a esa gente, ¿quién lo haría?»

Sin embargo, los jueces reconocieron la fragilidad de las tierras indígenas. Su decisión destacó que los pueblos indígenas de Brasil, por razones históricas, culturales y sociales, son más vulnerables a las enfermedades infecciosas, con una tasa de mortalidad superior al promedio nacional.

Uno de los jueces, Luiz Fux, fue más allá y señaló que no era una exageración describir la situación como genocidio.

«Hablar de un genocidio en curso significa que los indígenas están muriendo y el Estado brasileño no puede seguir fingiendo que no está viendo esta tragedia».