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Análisis

ANÁLISIS | Duque y el acuerdo de paz con las FARC: de sus discursos en el exterior a sus acciones en Colombia

Por Jennifer Montoya

(CNN Español) -- Durante cuatro años de gobierno, el presidente Iván Duque se ha mostrado en el exterior como un firme defensor del Acuerdo de Paz en Colombia, firmado en 2016 entre la ahora desmovilizada guerrilla de las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. Sin embargo, muchas de las acciones de Duque dentro del país habrían dado un mensaje diferente al que declara en escenarios internacionales. Aquí algunas de los más memorables que deja su “Paz con legalidad”, por cierto, denominación que constituyó uno de los primeros cambios que imprimió al pacto entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Las seis objeciones a la JEP

Fue considerado por la oposición como el primer golpe que Duque le dio al Acuerdo de Paz, o al menos el más frontal. Cuando llevaba seis meses en el cargo, el joven presidente recibió de manos del Congreso la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para Paz, ese órgano creado tras el acuerdo para administrar justicia transicional y juzgar los delitos cometidos durante el conflicto armado. El conducto regular era que Duque sancionara esa ley. Pero un mes después de recibir el documento, el presidente anunciaba en alocución en marzo de 2019 que iba a objetar seis de los 159 artículos que tenía la ley estatutaria. Los reparos de Duque se centraban en lo que él consideraba un falta de claridad en la obligación de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas, el recorte de las atribuciones del Alto Comisionado de Paz para verificar la lista de miembros de grupos armados que se sometían al proceso de paz y la renuncia del Estado a la acción penal por crímenes de guerra y lesa humanidad, entre otros puntos.

Después de dos meses de análisis, discusiones y muchos titulares, en mayo de 2019 la Corte Constitucional dejó sin piso los “peros” del presidente. Duque tuvo que sancionar sin cambios una ya retrasada ley estatutaria para que la JEP empezara a trabajar.

El polémico director del Centro de Memoria Histórica

El nombramiento del historiador Darío Acevedo como director del Centro Nacional de Memoria Histórica levantó muchas ampollas en las víctimas por cuenta de las posiciones de Acevedo acerca de cómo enmarcar los hechos de violencia en Colombia, algo que no cambió la decisión del presidente Duque en su designación.

Durante muchos años, los funcionarios estatales en Colombia no hablaban de conflicto armado. Bajo la presidencia de Álvaro Uribe, por ejemplo, para el mandatario “no existía tal fenómeno”. Todo se trataba de una “violencia generalizada de grupos armados ilegales”. Acevedo, quien debía continuar la tarea de reconstruir la memoria histórica del conflicto armado en Colombia, era visto por las organizaciones de víctimas y la Asociación Nacional de Historiadores como un “negacionistas” del conflicto.  Para Duque eso no parecía ser un problema, ya que, por encima de todos los pedidos, confirmó su nombramiento en febrero de 2019.

Después de eso, varias organizaciones de víctimas, incluyendo la de la masacre de Bojayá (ocurrida en 2002, en la que murieron alrededor de 120 personas), anunciaron el retiro de todo el material que habían entregado al Centro Nacional de Memoria Histórica. Acevedo defendió su nombramiento y hoja de vida, dijo que respetaría la labor del Centro de Memoria Histórica y dijo: "¿De cuándo a acá tener una opción política implica ser sesgado y de paso desconocer la trayectoria académica? Reitero, soy enemigo total de las verdades oficiales".

Presupuesto para la JEP

En medio de las audiencias por falsos positivos (las ejecuciones extrajudiciales cometidas por algunos miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia para aumentar el número de supuestos abatidos en el combate a la guerrilla), secuestros o desapariciones, la Jurisdicción Especial para la Paz ha tenido que lidiar con otro desafío: el bajo presupuesto que le asignaron para funcionar. Según la JEP, su financiamiento siempre ha estado por debajo del que requeriría para las misiones que le fueron otorgadas en el Acuerdo de Paz. Sin embargo, fue en 2020 cuando el presidente Duque entró en escena con más protagonismo para negarle a la JEP 30.000 millones de pesos (unos US$ 7.200 millones) adicionales que había solicitado para 2021.

Según la JEP, el apoyo de la comunidad internacional ha sido vital para seguir funcionando, pero no sólo en el ámbito económico. Los tuits, mensajes e indirectas del presidente Duque atacando a la JEP cesaron, según la misma Jurisdicción, cuando el fiscal de la Corte Penal Internacional decidió cerrar en 2021 el examen preliminar que tenía abierto desde hacía 17 años sobre presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad en Colombia durante el conflicto armado, con la condición de que se respetara y apoyara a la JEP.

Duque, quien en declaraciones públicas le había pedido a la JEP celeridad en la justicia, no se refirió de manera pública al presupuesto de ese órgano, aunque su partido, Centro Democrático, criticó en ese momento a la JEP y dijo que sus resultados han sido "deplorables". Duque, por su parte, después de que la CPI cerró la investigación contra Colombia, dijo que se comprometía a seguir apoyando a la JEP. En 2022 el presidente saliente elogió a la JEP ante la Corte Penal Internacional en febrero en La Haya, pero rechazó las reparaciones gestionadas desde esa entidad.

La agonía de las curules

El Acuerdo de Paz brinda participación política a aquellas regiones más afectadas por el conflicto armado. Para ello, entre otras, creaba 16 curules en la Cámara de Representantes para quienes representen a las víctimas que viven en territorios impactados por esa situación. Se lee fácil, pero hacer realidad este punto tomó cuatro años.

La creación de estas curules se estrelló con la oposición férrea del Centro Democrático, el partido de Duque y Álvaro Uribe, que suponía que quienes llegaran a esos puestos tendrían afinidad con los exguerrilleros, que también tenían curules. Esta oposición política se enredó con las mecánicas de votación en un proceso de conciliación entre Cámara y Senado en 2017, cuando Duque era senador. Y cuando se pensaba que esta representación de las zonas que sufrieron el conflicto estaba agonizando, llegó la Corte Constitucional y le dio respiración boca a boca al proceso.

El acto de reanimación que había hecho la Corte volvió a ser atacado por Duque como presidente, en 2021: el Departamento Administrativo de la Presidencia interpuso un recurso de nulidad ante la decisión de la Corte Constitucional. Horas después, Presidencia retiró ese recurso. Dos meses después, algunos titulares decían: “Curules de Paz deben promulgarse de inmediato: Duque” (el presidente hablaba desde Corea del Sur).

El entonces consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, dijo que retiró ese recurso por orden de Duque "y su respeto a la institucionalidad", acatando "la última instancia judicial".

Protección de los exguerrilleros

En el exterior, Duque ha resaltado una y otra vez el proceso de reincorporación de los exguerrilleros dentro del Acuerdo de Paz, como lo hizo en 2019 en la Asamblea General de la ONU y en abril de 2022 ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero durante sus cuatro años de gestión, el asesinato de excombatientes ha sido un enorme desafío a vencer y el punto por el que ha entrado en controversia con órganos como la Jurisdicción Especial para la Paz y la misma Corte Constitucional.

Una sentencia de la JEP de julio de 2020 ordenaba al Ejecutivo articular sus instituciones para dar una protección efectiva a quienes habían dejado lar armas. En  noviembre de ese año, estos asesinatos ya sumaban 249.

En 2021 la JEP también llamó la atención del Gobierno por atribuir dichos asesinatos sólo al narcotráfico o a rencillas con quienes no habían aceptado los acuerdos de paz y desmovilizarse. Para la JEP, había otros patrones, uno de ellos, el asesinato de excombatientes con cierto grado de liderazgo en la sustitución de cultivos ilícitos o campañas de acceso a la tierra. En ese momento el Gobierno respondió que "seguirá coordinando todas las entidades que adoptan medidas para la protección".

El acto final de Duque

Si su entrada a la presidencia estuvo marcada por las objeciones a la JEP, el inicio de su salida quedó sellada con la silla vacía que dejó en el teatro Gaitán de Bogotá. Allí, después de casi cuatro años de investigación y escuchar a más de 30.000 víctimas, la Comisión de la Verdad presentaba su informe final sobre el conflicto armado en Colombia. Mientras eso sucedía, Iván Duque estaba en Portugal, participando en la Cumbre de los Océanos.

En entrevista con Efe, el presidente Duque sólo atinó a decir que esperaba que no fuera “un informe de posverdad, porque la verdad no puede tener sesgos”. Para Duque, “la verdad de nuestra historia es clara: en Colombia hemos tenido unas fuerzas legales y del orden, que defienden la Constitución y la ley, y hemos tenido terrorismo, que ha pretendido acallar y silenciar la voz de un pueblo en democracia”.

Por acción o por omisión, el presidente Duque debilitó o retrasó en algunos aspectos la implementación del Acuerdo de Paz, pero cumplió con su promesa de campaña: no lo hizo trizas. La institucionalidad y la sociedad civil colombiana lograron blindar el Acuerdo. También la comunidad internacional, que más allá de los discursos presidenciales en el exterior, tenía los ojos bien puestos en lo que pasaba en el país.