La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este jueves un nuevo decreto de cancelación de personalidades jurídicas de otras 100 organizaciones civiles sin fines de lucro. El miércoles había cancelado igual número de asociaciones que, de acuerdo con los parlamentarios, incumplieron con la legislación que las regula.
El decreto legislativo se aprobó con 75 votos a favor de la bancada del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, ningún voto en contra y con la abstención de 16 parlamentarios de partidos pequeños.
Con estas cancelaciones ya suman 1.058 los organismos declarados ilegales desde diciembre de 2018. Sólo durante 2022, 859 organismos atravesaron la misma situación, según el conteo de CNN y la agencia Efe.
Antes de la aprobación del decreto, directivos parlamemtarios expresaron que Franya Urey —directora del Registro y Control de Instituciones Sin Fines de Lucro— remitió al presidente de la Asamblea Nacional, un informe que expresa el incumplimiento por parte de las organizaciones sancionadas, de sus funciones, según establece la ley reguladora de ONG, la ley de agentes extranjeros y la ley antilavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Según el informe de Gobernación, estos organismos no presentaron informes financieros detallados conforme a períodos fiscales con ingresos, egresos; no reportaron donaciones previas, su procedencia y beneficiarios y no actualizaron información sobre su junta directiva.
Los organismos clausurados, que están concentrados en el rendimiento de informes de cierre de sus instituciones, prefirieron no emitir comentarios
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) señaló en una declaración del 1 de junio que la cancelación masiva de organizaciones civiles se debería a que el gobierno "pretende desarticular a la sociedad nicaragüense y provocar la destrucción del tejido social con el afán de concentrar y fortalecer su dictadura".
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