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Los críticos del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lo han acusado de tendencias autoritarias.
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes la octava prórroga del régimen de excepción, vigente desde finales de marzo en respuesta a un repunte de violencia que en un solo día dejó 62 muertos.
A petición del ejecutivo, los diputados aprobaron, con 67 de los 84 votos posibles, la continuidad de esta medida que suspende garantías constitucionales como el derecho a la defensa y que extiende de 72 horas a 15 días la detención provisional. El régimen, además, permite a las autoridades la intervención de las telecomunicaciones sin necesidad de que sea autorizado por un juez.
Desde el comienzo del régimen de excepción hasta este martes, las autoridades reportaban la captura de más de 57.000 personas.
“Nuestro país ha pasado de ser uno de los más peligrosos del mundo a convertirse en un modelo de combate contra la criminalidad y el terrorismo”, sostuvo Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, en una rueda de prensa.
Mientras el Ejecutivo solicitaba a los diputados la octava prórroga, al menos nueve organizaciones de sociedad civil presentaron un informe ante el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura para pedir, entre otros puntos, la suspensión del estado de excepción porque, según el estudio, ha permitido violaciones a derechos humanos, así como detenciones que consideran ilegales o arbitrarias.
El gobierno, por su parte, dice que no habrá marcha atrás porque las medidas adoptadas en materia de seguridad, entre ellas el régimen de excepción, han permitido tener durante este año 238 días sin homicidios. “Los ‘expertos’ decían que era imposible… Pero, gracias a Dios, lo estamos logrando”, aseguró Nayib Bukele, presidente de El Salvador, en su cuenta de Twitter este miércoles.
El gobierno dijo que continuará solicitando nuevas prórrogas mientras falten miembros de pandillas por capturar.
