El entonces presidente de El Salvador, Mauricio Funes, habla con periodistas extranjeros durante una reunión, previa a las elecciones presidenciales de 2014, en San Salvador, El Salvador, el 31 de enero de 2014.

(CNN Español) – Un tribunal de justicia de El Salvador ordenó este jueves que el expresidente Mauricio Funes (2009-2014) enfrente un juicio por casos especiales de lavado de dinero y activos.

La Fiscalía de El Salvador acusa a Funes de recibir una avioneta Beechcraft King Air 90, de una empresa guatemalteca, a cambio de favorecerla con la adjudicación de un contrato de construcción por más de US$ 8 millones. Según la acusación, Funes utilizó la aeronave entre marzo de 2013 y octubre de 2014 en diferentes viajes a Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Estados Unidos.

Funes reaccionó de inmediato a través de su cuenta de Twitter: “Estos de la Fiscalía no van a parar hasta verme preso, aunque tengan que recurrir a pruebas falsas o bien a testigos criteriados (beneficiados) que dicen lo que sea para incriminarme a cambio de beneficios procesales”.

En julio de 2021, Funes dijo en un tuit que viajó en la aeronave mencionada, aunque aseguró que eso no lo convertía en el propietario.

El expresidente vive en Nicaragua desde septiembre de 2016 bajo la figura de asilo político. En julio de 2019, el Gobierno de Daniel Ortega le otorgó la nacionalidad nicaragüense.

El expresidente no se ha presentado a ninguna diligencia y tampoco ha nombrado un defensor, por lo que ha sido declarado prófugo por la justicia. La audiencia en su contra fue posible tras las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa en noviembre de 2022 para que los procesos judiciales no se detuvieran cuando los acusados no estén presentes y con el fin de evitar la impunidad.

El exmandatario salvadoreño enfrenta varios procesos penales en su contra en diferentes tribunales de San Salvador y por los que ya se han girado órdenes de captura. Todos los casos están vinculados con el presunto uso de fondos públicos para destinos diferentes a los establecidos por la ley. El expresidente salvadoreño se ha declarado inocente y sostiene que los casos tienen motivaciones políticas.