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Estas son las personas que tendrían que trabajar para recibir prestaciones del gobierno, y las que no, en virtud del paquete sobre el techo de la deuda
(CNN) -- Los requisitos de trabajo en dos programas de la red de seguridad para los estadounidenses de bajos ingresos están a punto de cambiar bajo el paquete de compromiso de techo de la deuda negociado por el presidente Joe Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy.
La ampliación de los requisitos laborales era uno de los principales puntos de fricción del acuerdo, con los republicanos de la Cámara de Representantes exigiendo mandatos adicionales, muchos legisladores demócratas expresando sus preocupaciones y Biden abriendo la puerta a permitir algunas modificaciones de las normas actuales.
Al final, se incluyeron nuevas medidas en la legislación, aunque no son tan estrictas como las contenidas en el proyecto de ley sobre el techo de la deuda que los republicanos de la Cámara de Representantes aprobaron a finales de abril.
Los legisladores del Partido Republicano subrayan que los requisitos laborales ayudarán a acabar con la dependencia de la gente del Gobierno y a sacarla de la pobreza.
"Un trabajo proporciona estabilidad financiera, un aumento de los ingresos y, lo que es más importante, la oportunidad de alcanzar el sueño estadounidense", declaró esta semana en una llamada con periodistas la representante por Nueva York Elise Stefanik, la tercera republicana de mayor rango en la Cámara de Representantes.
Sin embargo, según Katherine Hempstead, asesora política de la Fundación Robert Wood Johnson, autora reciente de un informe de investigación sobre las consecuencias económicas y sanitarias de las obligaciones laborales, los estudios demuestran que los requisitos laborales no aumentan la participación en la población activa de los beneficiarios de la red de seguridad social.
Además, el papeleo adicional desincentiva la participación en los programas de asistencia pública y aumenta el costo de la administración de las prestaciones. Además, los mandatos no abordan los obstáculos al empleo a los que se enfrentan muchos beneficiarios que aún no trabajan.
A quién afecta y cómo el paquete de medidas sobre el techo de la deuda dependerá de varios factores, como la edad y el estado de residencia.
He aquí lo que cambia en cada programa:
Programa Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP)
Actual: los adultos sanos y sin personas a su cargo que tengan entre 18 y 49 años solo pueden recibir cupones de alimentos durante tres meses de cada tres años, a menos que trabajen o participen en otras actividades al menos 20 horas a la semana.
Nuevo: el número de personas sujetas al mandato se ampliará por fases, de modo que en 2025 se aplicará a quienes tengan entre 18 y 54 años.
Sin embargo, los veteranos y las personas sin hogar de todas las edades, así como los adultos menores de 25 años que hayan estado en hogares de acogida, quedarán exentos en virtud del proyecto de ley sobre el techo de la deuda.
Estas disposiciones expirarán en octubre de 2030.
La legislación también reduce el porcentaje de exenciones no utilizadas que los Estados pueden trasladar de un año a otro.
Según un análisis del Center on Budget and Policy Priorities, casi 750.000 adultos de entre 50 y 54 años podrían quedar sujetos al requisito ampliado de trabajo y correr el riesgo de perder su ayuda alimentaria. Casi la mitad de los nuevos beneficiarios son mujeres. Muchos de estos beneficiarios tienen ingresos muy bajos y padecen problemas de salud que podrían limitar su capacidad para trabajar.
Alrededor de 250.000 personas de entre 50 y 54 años perderían probablemente las prestaciones, lo que equivale a unos US$ 8 al día por persona, en virtud de las nuevas normas, según el análisis del centro de los datos de la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés).
La CBO estima que, en general, debido a las nuevas exenciones, unas 78.000 personas más se inscribirían en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, o SNAP, como se conocen formalmente los cupones de alimentos.
Pero los estados pueden tener dificultades para hacer un seguimiento de sus beneficiarios para determinar si cumplen los requisitos para las exenciones, señaló el centro.
Muchas personas que cumplen con las nuevas normas, ya sea porque ya trabajan o cumplen con los criterios de exención, podrían perder su asistencia debido a la burocracia, dijo Dottie Rosenbaum, directora de política federal SNAP del centro.
El anterior proyecto de ley del Partido Republicano sobre el límite de la deuda también habría exigido que las personas de 55 años trabajaran para recibir prestaciones.
Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF)
Actual: los Estados deben garantizar que un determinado porcentaje de los beneficiarios de la ayuda en efectivo del programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) participe en actividades específicas relacionadas con el trabajo: el 50% para todas las familias y el 90% para los hogares biparentales.
Solo algunas actividades, como el empleo, la formación, la ayuda a la búsqueda de empleo y los programas de servicios comunitarios, cumplen el mandato.
Alrededor de 540.000 familias que recibían asistencia en efectivo del TANF estaban sujetas a los requisitos de trabajo en 2021, según LaDonna Pavetti, investigadora principal del centro. Entre esas familias había unos 975.000 menores.
Los estados pueden reducir su tasa de participación laboral obligatoria reduciendo el número de familias que reciben pagos en efectivo. Muchos estados han podido acogerse a esta disposición.
Nuevo: la legislación endurece los requisitos de trabajo actuales, principalmente ajustando los créditos de tasa de participación laboral que los estados pueden recibir por reducir su número de casos. A partir de octubre de 2025, la fórmula comparará el recuento actual con el de 2015, en lugar de 2005.
Dado que el número de casos se redujo significativamente en la mayoría de los estados entre 2005 y 2015, estos estados tendrán que asegurarse de que una mayor proporción de las familias están trabajando para cumplir con el mandato, dijo Pavetti.
También prohibiría a los estados contabilizar a las personas que reciben menos de US$ 35 de ayuda mensual del TANF en su tasa de participación laboral, que, según los republicanos, los estados envían a quienes ya tienen empleo para ayudarles a cumplir el requisito.
Pero el paquete también incluye dos disposiciones útiles, dijo Pavetti. Exigirá a los estados que hagan un seguimiento de los beneficiarios de la asistencia en efectivo después de que abandonen el TANF y que informen sobre los porcentajes de los que tienen ingresos y de los que tienen empleo. Además, se implementará un programa piloto que juzgará hasta cinco estados en función de los ingresos y el empleo de los beneficiarios después de salir del TANF en lugar de en las tasas de participación laboral de los que todavía están en el programa.
El modo en que estos cambios afecten a los beneficiarios de la ayuda en efectivo del TANF dependerá en gran medida del estado en el que vivan, de la comparación del número de casos de su estado con el de 2015 y del modo en que los estados aborden cualquier déficit en sus tasas de participación laboral, explicó Pavetti.
Por ejemplo, algunos estados podrían optar por dar todos sus fondos de asistencia en efectivo a los menores que viven con tutores u otras personas que no son sus padres, ya que estos adultos no se cuentan en la tasa de participación laboral.
Otros estados pueden exigir que los padres trabajen para tener derecho a la ayuda en efectivo.
Pero los estadounidenses de bajos ingresos notarán el impacto.
"Las familias con más probabilidades de perder prestaciones son las más necesitadas", dijo Pavetti, citando a quienes no pueden trabajar por enfermedad, falta de vivienda u otras barreras.
El anterior proyecto de ley del Partido Republicano en la Cámara de Representantes habría exigido que la fórmula para los créditos comparara el recuento actual con el de 2022, lo que habría eliminado efectivamente el crédito en todos los estados, dijo Pavetti.
Medicaid
Actual: no hay requisito federal de trabajo.
El Gobierno de Trump concedió exenciones a varios estados para imponer dicho mandato a determinados afiliados. Los litigios detuvieron o frenaron la aplicación de la iniciativa por parte de los estados, y el Gobierno de Biden retiró posteriormente los permisos, aunque un juez federal de distrito permitió que la iniciativa siguiera adelante en Georgia.
Nuevo: no hay obligación federal de trabajar.
Los republicanos de la Cámara de Representantes querían obligar a determinados beneficiarios adultos de Medicaid a trabajar, realizar servicios comunitarios o participar en un programa de empleo durante al menos 80 horas al mes, o a obtener unos ingresos mensuales mínimos. Su anterior proyecto de ley preveía aplicar este mandato a las personas de entre 19 y 55 años, pero no a las embarazadas, a los padres de niños dependientes, a los incapacitados física o mentalmente para el empleo o a los inscritos en programas de educación o de abuso de sustancias, entre otros.
Según la CBO, esta disposición habría provocado que una media de 1,5 millones de adultos perdieran la financiación federal de su cobertura de Medicaid. Sin embargo, los estados se habrían hecho cargo de la totalidad de los gastos de unos 900.000 de ellos, lo que dejaría a unos 600.000 sin seguro.
