Polémica por la nueva propuesta de ley que habilitaría a barcos extranjeros a pescar en aguas argentinas

(CNN Español) -- El presidente de Argentina, Javier Milei, ha recibido críticas de distintos sectores por sus múltiples iniciativas de reformas. El capítulo referido a las modificaciones a la ley de pesca, incluido en su proyecto de "ley ómnibus" ―formalmente denominada Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos―, no es la excepción. ¿Cuáles son los puntos más cuestionados? Gobernantes locales apuntan a los que quitan la prioridad a las empresas y trabajadores argentinos.

Si se aprueba este proyecto de ley, ya no será obligatoria la descarga en los puertos argentinos, ya que se derogaría el artículo 25 de la actual ley de pesca, que obliga a "desembarcar la producción de los buques pesqueros en muelles argentinos".

También se modificaría el artículo 26, que regula los permisos de pesca. Hasta ahora, los criterios para habilitar a los buques por plazos de 10 o 30 años tienen que ver con priorizar a quienes empleen mayor mano de obra argentina, a las naves construidas en el país y con menor antigüedad.

• ¿Argentina en venta? La polémica tras el decreto de Milei que elimina el límite para que los extranjeros compren tierras

La nueva propuesta es establecer un plazo único de 20 años y eliminar todos estos requisitos. "Para el otorgamiento de los permisos de pesca, la autoridad de aplicación solo podrá verificar los requisitos técnicos y de seguridad de los buques", dice. "Los permisos no podrán tener un tratamiento diferencial por el origen de los buques, su antigüedad o la mano de obra que empleen; ni por las características de las empresas titulares de los buques", agrega.

Otro cambio tiene que ver con la competencia en los cupos de captura, en los que vuelve a igualar a buques nacionales y extranjeros. La ley vigente estipula en su artículo 27 que las cuotas de captura se deben otorgar "por especies, por buque, zonas de pesca y tipo de flota". También que, para otorgar esos permisos, el Consejo Federal Pesquero deberá ver los antecedentes y priorizar la "cantidad de mano de obra nacional ocupada", las "inversiones efectivamente realizadas en el país", "el promedio de toneladas de captura legal de cada especie" y de "toneladas de productos pesqueros elaborados, a bordo o en tierra, de cada especie efectuado durante los últimos ocho años" por buque o por grupo de naves "si estos pertenecieran a la misma empresa o grupo empresario", y "la falta de antecedentes de sanciones aplicadas por infracción a las leyes, decretos o resoluciones regulatorias de la actividad pesquera".

La propuesta de la "ley ómnibus", en cambio, liberaría las licitaciones a cualquier buque extranjero, sin contemplar los antecedentes de las empresas. Propone que las cuotas de captura sean asignadas "a través de un sistema de licitaciones internacionales, adjudicándolas a quien aporte el mayor arancel para la captura determinada".

Este punto es particularmente controvertido, dada la disputa que existe de larga data con los numerosos pesqueros internacionales, principalmente chinos, españoles, taiwaneses y surcoreanos que trabajan casi sin controles en aguas internacionales, al límite de la zona económica exclusiva de Argentina, demarcada por la línea de las 200 millas náuticas, o 370 kilómetros, desde la costa.

Organizaciones como Greenpeace daban cuenta ya en 2021 de que esas flotas generaban "un resplandor tan grande como el que genera la Ciudad de Buenos Aires" en un área de aproximadamente 5.000 kilómetros cuadrados, en la que llegaron a contabilizar 470 barcos, mientras que en toda la zona económica exclusiva, que es más de un millón de kilómetros cuadrados, había en operación "aproximadamente 200 barcos".

Por último, la "ley ómnibus" eliminaría la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina, al derogar el artículo 40, que estipula que "las habilitaciones de capitanes y oficiales se reservan para los argentinos” y que “el 75% del personal de maestranza, marinería y operarios de planta a bordo de los buques pesqueros debe estar constituido por argentinos o extranjeros con más de 10 años de residencia permanente efectivamente acreditada en el país".

Críticas y diálogo

Los gobernadores de las provincias de la Patagonia ―de diferentes signos políticos― rápidamente rechazaron las modificaciones que propone el Ejecutivo. Ignacio Torres, de Chubut; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Gustavo Melella, de Tierra del Fuego; Claudio Vidal, de Santa Cruz, y Rolando Figueroa, de Neuquén, firmaron un comunicado conjunto donde, además de señalar los puntos antes mencionados, agregan que si se aprueban las modificaciones también habrá una "pérdida de la representatividad de las provincias en las decisiones pesqueras" porque estas las concentrará el Ejecutivo nacional. Añaden que todas estas medidas, sumadas a los nuevos derechos de exportación que alcanzarían a la pesca, "generarán un efecto destructivo en sobre todo el complejo pesquero".

El peronista Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, también criticó las modificaciones propuestas. "Rechazamos tanto la metodología como el contenido del proyecto de ley, ya que implica el remate de los recursos nacionales y pone en riesgo el trabajo local, la producción y las inversiones", escribió en su cuenta de la red social X.

También Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón, donde se encuentra Mar del Plata, la principal ciudad vacacional del país con un importante puerto, se mostró contrario a esta modificación. "La reforma planteada al Régimen Federal de Pesca desconoce la realidad económica y social del interior argentino, como es el caso de la región Mar del Plata", sostuvo en X el también exdiputado macrista.

Ante estos rechazos, el Ejecutivo recibió a parte de los críticos para tratar de acercar posiciones. Luego de una reunión con el gobernador de Chubut, el intendente de General Pueyrredón y el ministro de Defensa Luis Petri (todos de la coalición que lideró Macri), el ministro del Interior, Guillermo Francos, sostuvo: "Vamos a clarificar algunos puntos de la ley porque el espíritu es el mismo que tienen los gobiernos provinciales", señaló, y agregó que "la pesca es un sector importante para el país, con mucha mano de obra, y todos queremos proteger el trabajo, la pesca y la industria argentina".

Sin especificar cuáles serían los puntos concretos a "clarificar", porque en todo momento se evita hablar de cambios o modificaciones, el comunicado oficial de la reunión señala que Francos va a trabajar con los gobiernos provinciales y el Consejo Federal para "analizar bien todos los aspectos de la ley y proponer las clarificaciones necesarias para tener un proceso de pesca mucho más claro".

Francos había afirmado tras la reunión con los gobernadores que una de las consideraciones del gobierno era "proteger la pesca en las 200 millas". Y el gobernador chubutense interpretó que "está garantizada la soberanía en las 200 millas", ya que "la voluntad de la ley no es la de avanzar en el sentido de comprometer el trabajo nacional". Para cumplirlo, la redacción del proyecto de ley deberá modificarse, aunque todos los funcionarios eviten ser concretos al respecto.

Al día siguiente de aquella reunión, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, dijo: "Celebramos este tipo de diálogos", pero aclaró que "no se ha cambiado nada, simplemente se ha aclarado puntos que habían quedado poco claros, que habían generado un debate público".

¿Cedió el Ejecutivo y admitirá cambios a su proyecto? En esta instancia, los legisladores pueden introducir modificaciones y en los próximos días, mientras avanza el debate de todos los puntos de este extenso proyecto de ley, se sabrá quiénes plantean cambios para el sector pesquero argentino y cuáles son.