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Análisis | Lo que Texas hace (y lo que no hace) para desafiar un revés de la Corte Suprema
(CNN) -- El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo esta semana que continuará defendiendo la frontera de su estado a pesar de una orden votada por 5 a 4 en la Corte Suprema, que habilita a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos a derribar el alambre de púas que Texas instaló en trayectos de la frontera de Estados Unidos con México.
Al cuestionar la decisión del tribunal, el gobernador republicano criticó su falta de claridad cuando se puso del lado de la administración Biden, que quiere eliminar el alambre de púas mientras se desarrolla una impugnación legal a las acciones de Abbott.
"No hubo oraciones, párrafos o páginas de una opinión escrita por la Corte Suprema, por lo que nadie sabe en absoluto lo que están pensando; todo lo que sabemos es que querían enviarla de regreso al Quinto Circuito", dijo Abbott en Fox News, argumentando: "No hubo opinión sobre nada, sobre el alambre de púas, sobre lo que Texas está haciendo o algo por el estilo".
El tema del alambre de púas se está desarrollando como parte de un enfrentamiento más amplio en el que Abbott argumenta que al no actuar con más fuerza en la frontera, el gobierno federal ha violado su responsabilidad de proteger al estado de la "invasión".
¿Es este un gobernador que esencialmente ignora a la Corte Suprema? ¿Por qué el gobierno federal está a cargo de la política fronteriza en primer lugar? Le planteé esas preguntas al analista de la Corte Suprema de CNN, Stephen Vladeck, profesor de derecho en la Universidad de Texas en Austin. Nuestra conversación, realizada por correo electrónico, a continuación.
Abbott no ignora a la Corte Suprema
WOLF: ¿Cómo justifica Abbott ignorar a la Corte Suprema?
VLADECK: Es importante enfatizar que dos cosas diferentes son ciertas: primero, que Abbott no está "ignorando" a la Corte Suprema. Segundo, que sí está interfiriendo con la autoridad federal en un grado que no hemos visto por parte de funcionarios estatales desde los casos de desegregación de los años 1950 y 1960.
Con respecto al tribunal, todo lo que hicieron los jueces el lunes fue anular una orden judicial de un tribunal inferior, que a su vez prohibía a los funcionarios federales cortar o retirar de otro modo el alambre de púas que los funcionarios de Texas habían colocado a lo largo o cerca de la frontera entre Estados Unidos y México.
Nada en la orden no explicada del lunes impide que Abbott haga algo; simplemente implica que el gobierno federal no puede ser sancionado por los tribunales si toma medidas para eliminar esos obstáculos.
En cambio, el verdadero problema aquí es que Abbott está impidiendo deliberadamente la capacidad de los funcionarios federales para actuar en Eagle Pass y sus alrededores, de una manera que no es un desafío abierto a la Corte Suprema (todavía), pero que es inconsistente con la supremacía de la ley federal.
Es por eso que Abbott está tratando de invocar la afirmación de que la propia Constitución federal autoriza lo que está haciendo, porque si la Constitución no lo faculta para tomar estas medidas, entonces la "prevención" (la idea de que los estatutos federales y las políticas federales promulgadas de conformidad con esos estatutos anulan las leyes y políticas estatales contrarias) debería ser todo el juego aquí.
Abbott hace mal uso de la Constitución para declarar una "invasión"
WOLF: Abbott ha tratado de justificar sus acciones en la frontera declarando una "invasión" en Texas. Ese lenguaje ha sido utilizado por razones políticas por los legisladores republicanos. Pero también tiene importancia jurídica en la Constitución. ¿La Corte Suprema podría estar de acuerdo con él?
VLADECK: No. La disposición real en la que Abbott pretende basarse es parte del Artículo I, § 10, que limita los poderes de los estados. También prohíbe a los estados "participar en guerras" sin el consentimiento del Congreso "a menos que estén siendo invadidos".
El objetivo de esta disposición —adoptada en una época en la que teníamos un pequeño ejército federal, el Congreso normalmente estaba fuera de sesión y los viajes tomaban semanas— era permitir a los estados defenderse de los invasores extranjeros hasta que llegaran las autoridades federales.
Nunca se entendió, y nunca se ha entendido, que permitiera que los estados interfieran o anulen la aplicación de la ley federal, incluso si se tratara de una "invasión" (que, hay que decirlo, no lo es).
De lo contrario, los estados podrían usar su propia afirmación de haber sido "invadidos" como justificación para resistir cualquier ley y política federal que no les agradara —una versión moderna de los argumentos de "anulación" que no sobrevivieron a la Guerra Civil—.
Abbott tiene razón en una cosa
WOLF: ¿Abbott tiene razón en la falta de claridad del fallo del tribunal? La última vez que hablamos, fue sobre tu propia investigación sobre el expediente en la sombra y el problema de que el tribunal ejerza el poder sin decisiones por escrito.
VLADECK: Sí. Uno de los verdaderos problemas de que la Corte Suprema emita fallos tan importantes sin explicación, como escribo en "The Shadow Docket", es la falta de orientación que brinda a los funcionarios gubernamentales, a los tribunales inferiores y al público, sobre lo que está y no está permitido.
Desafortunadamente, el fallo del lunes es un ejemplo perfecto. Abbott, obviamente, está provocando una pelea sobre hasta dónde pueden llegar los estados para suplantar —no sólo complementar— la autoridad federal encargada de hacer cumplir la ley.
Hasta que la Corte Suprema responda de manera concluyente a esa pregunta, estaremos en este limbo, con la indecorosa perspectiva de un enfrentamiento físico entre funcionarios estatales y federales en Texas mientras esa pregunta quede sin respuesta.
¿Quién se supone que debe estar a cargo de la política inmigratoria?
WOLF: ¿Por qué la política inmigratoria está reservada para el gobierno federal?
VLADECK: No creo que sea del todo correcto decir que "la política de inmigración [está] reservada al gobierno federal". La Constitución otorga al gobierno federal el poder de regular la naturalización, lo que la Corte Suprema ha interpretado durante mucho tiempo en el sentido de que también incluye el poder de regular la inmigración y la seguridad fronteriza.
Pero la Constitución deja el alcance de la participación federal casi exclusivamente en manos del Congreso.
Así que parte del problema aquí es que, como ha sostenido repetidamente la Corte Suprema, el Congreso ha aprobado una serie de estatutos que en sí mismos dan al gobierno federal un papel dominante tanto en el establecimiento como en la implementación de la política de inmigración.
Y una vez que el Congreso ha legislado, esos estatutos –y su aplicación– tienen precedencia constitucional sobre cualquier política estatal contraria, sin importar cuánto prefiramos lo que hace un estado a lo que hace el gobierno federal.
Como escribió el juez Robert Jackson para la Corte Suprema en 1954, los tribunales "no pueden resolver conflictos de autoridad según nuestro criterio en cuanto a la sabiduría o necesidad de cualquiera de las políticas en conflicto. El pacto entre los estados que crean el Gobierno Federal los resuelve como una cuestión de supremacía. Por muy sabia o necesaria que sea la política [de un estado]... debe dar paso a la política federal contraria".
Si no nos gusta la política federal, la respuesta es cambiar esa política, no permitir a los estados que la anulen.
Greg Abbott
El Congreso sigue sin actuar. ¿Es esto su culpa?
WOLF: Hay un problema mayor con nuestra política de inmigración sellada con cinta adhesiva. El Congreso ha intentado durante décadas, sin éxito, aprobar una reforma migratoria integral, lo que ha permitido que la burocracia federal y los tribunales llenen los vacíos de leyes obsoletas. ¿Una nueva ley integral resolvería el problema de estos enfrentamientos entre los estados fronterizos y las administraciones demócratas?
VLADECK: No hay duda de que la incapacidad del Congreso para promulgar una reforma migratoria integral es parte del problema aquí, porque esa brecha ha dado a los presidentes (de ambos partidos) mucho más control sobre los contornos de la política de inmigración del que tendrían si el Congreso estuviera más involucrado.
Eso, a su vez, ha llevado a conflictos mucho más agudos entre los estados rojos y los presidentes demócratas y entre los estados azules y los presidentes republicanos.
Y el hecho de que los republicanos en el Congreso en este preciso momento estén dando marcha atrás en la reforma migratoria porque prefieren postularse para asuntos fronterizos que solucionarlos, dice mucho acerca de por qué el Congreso no ha resuelto estos asuntos y por qué los estados ahora están (erróneamente) tratando de resolverlo ellos mismos, o al menos intentar que parezca que lo están haciendo.
¿Hay una tendencia?
WOLF: Recuerdo el año pasado cuando los legisladores de Alabama inicialmente no cumplieron con una decisión de la Corte Suprema que exigía un segundo distrito electoral de mayoría negra. Los casos son diferentes en muchos aspectos, pero ¿existe alguna similitud en el espíritu de reacción contra el tribunal por parte de los funcionarios estatales republicanos? ¿Es este un fenómeno nuevo?
VLADECK: Como escribí para mi boletín de la Corte Suprema, no creo que sea correcto decir que Alabama "no cumplió" con el fallo de la corte en Allen contra Milligan; simplemente intentaron presentar un argumento que el juez [Brett] Kavanaugh había planteado, pero no abordado en el momento de la decisión del tribunal.
Al igual que Abbott y el fallo del lunes, no atribuyo ninguno de estos casos a un desafío directo al tribunal.
Dicho esto, los llamados que hemos visto esta semana por parte de funcionarios republicanos electos, tanto a nivel estatal como federal, para ignorar a la Corte Suprema (que también se basan en un malentendido de lo que hizo y no hizo la corte) son más que alarmantes —y evidencia de cómo la disminución de la credibilidad pública de la Corte Suprema tiene ramificaciones no sólo para los críticos de izquierda, sino también para los críticos de derecha—.
Dice mucho sobre dónde estamos el hecho de que ni siquiera esta Corte Suprema está lo suficientemente a la derecha para satisfacer a estos políticos, y dice mucho sobre los costos de la erosión de la confianza pública en la corte que atacarla desde la derecha esté volviéndose cada vez más popular.
De hecho, estamos viendo en tiempo real exactamente por qué es importante que la corte tenga un apoyo de amplio espectro: de modo que, cuando necesite intervenir de manera más agresiva en disputas como el conflicto actual entre el gobierno federal y Texas, no hay dudas serias de que pueda y deba resolverlos.
¿Cómo trataría el tribunal la promesa de Trump de deportaciones masivas?
WOLF: Creo que cualquier cosa que los gobernadores republicanos estén haciendo con respecto a la frontera debe verse en el contexto de cómo podría desarrollarse una segunda administración Trump. Él ha prometido, por ejemplo, deportaciones masivas y campamentos inspirados en la horriblemente llamada "Operación Espalda Mojada" de los años cincuenta. ¿Cómo cree que el tribunal podría considerar un intento de deportación tan masivo?
VLADECK: La realidad, para bien o para mal, es que históricamente la Corte Suprema ha mostrado una amplia deferencia hacia las políticas de inmigración del poder ejecutivo sin importar si esas políticas fueron establecidas por presidentes demócratas o republicanos.
En una segunda administración Trump, espero que los desafíos más serios sean cómo estas políticas infringen los derechos de los inmigrantes, a diferencia de los desafíos actuales a la administración Biden, que se enmarcan más en términos de federalismo y derechos de los estados.
Con ese fin, creo que el verdadero precedente que estas disputas actuales van a sentar, de una forma u otra, es si los estados realmente pueden tener lo que en realidad son sus propias políticas de inmigración, ya sea debido a una interpretación retorcida de los "realmente invadidos" del artículo I, § 10 de la Constitución federal, o porque el actual Tribunal Supremo va a limitar el alcance de la preferencia federal.
El fallo del tribunal de 2012 en el caso Arizona vs. Estados Unidos, en el que una mayoría de 5 a 3 se puso del lado del gobierno federal para bloquear la mayor parte de una ley de Arizona que intentaba crear una forma de política de inmigración estatal, cobra cada vez más importancia.
Pero si lo que está haciendo Texas lleva a los tribunales a dar a los estados más margen de maniobra para interferir con la política federal de inmigración, es difícil ver por qué los estados demócratas no seguirían esa hoja de ruta durante una segunda administración Trump.
Al final, el federalismo no es partidista, que es exactamente la razón por la que aquellos que simpatizan con lo que Texas está haciendo como cuestión de política deberían, sin embargo, estar más que un poco alarmados por lo que está haciendo como cuestión de principios constitucionales fundamentales del federalismo.
