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Así se votó la "ley ómnibus" de Milei en Argentina: ¿Qué sigue ahora?
(CNN Español) -- La aprobación en general por la Cámara de Diputados de Argentina del polémico proyecto de Ley de Bases y Condiciones para la Libertad de los Argentinos tras tres días de debate, supuso varias modificaciones a la propuesta original del Gobierno de Javier Milei.
Pero el debate en la Cámara Baja no está concluido, ya que la iniciativa aún deberá aprobarse en una segunda votación, "en particular", como se conoce en la jerga parlamentaria, que implica la discusión y votación artículo por artículo.
¿Qué cambios recibió y cómo sigue su tratamiento?
El proyecto, conocido como “ley ómnibus” por el vasto número de leyes que impacta, se redujo de 664 a 386 artículos, y muchos de ellos, particularmente sensibles, fueron modificados para evitar el estancamiento de la propuesta. Capítulos enteros de las reformas que proponía Milei también fueron dejados fuera de la discusión, por ahora.
Este resultado era esperable debido los intensos debates y negociaciones.
Hace algunos días el ministro de Economía, Luis Caputo, había anunciado la eliminación del capítulo fiscal del proyecto para acelerar los procesos de aprobación. Caputo argumentó entonces que se trataba del área más conflictiva en el tratamiento en comisiones.
De esta manera, quedaron fuera los planteamientos que afectaban el sistema de retenciones (impuestos a las exportaciones), el mecanismo de ajuste de las jubilaciones, blanqueo de capitales y reversión de la eliminación del impuesto a las ganancias para los asalariados de mayores ingresos, entre otros.
Entre las propuestas más controvertidas que fueron recortadas o excluidas está la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo. Originalmente, el Gobierno quería contar con esa autorización hasta el 31 de diciembre de 2025, con la posibilidad de prorrogarse por dos años más, hasta el final del mandato de Milei.
Milei buscaba declarar la emergencia pública en once áreas: económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social.
El proyecto aprobado en votación general por los diputados reduce el plazo que habilita al Gobierno para asumir facultades legislativas y culminaría el 31 de diciembre de 2024, con posibilidad de prorroga por un año.
Además, la declaración de emergencia cae de 11 a 6 áreas: económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa.
Otro cambio considerable: la disminución de empresas públicas que la ley de bases se proponía privatizar: de las cerca de 40 planteadas inicialmente, se pasó a 26.
La petrolera YPF fue excluida del listado de compañías sujetas a privatización, y se determinó que otras tres sólo podrían serlo de forma parcial: Banco Nación, Nucleoeléctrica (generación de energía por centrales atómica) y Arsat (servicios satelitales). Además, el nuevo proyecto determina que, para avanzar en estas acciones, el Ejecutivo debe enviar un informe a la Comisión Bicameral del Congreso y “cumplir con los principios de transparencia, participación, colaboración, máxima publicidad y difusión”.
Mientras se espera por la votación en particular de los artículos, la mirada continúa puesta en lo que sucederá con el Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAÍS), que había sido introducido durante la presidencia de Alberto Fernández e incluyó un esquema de distribución entre el gobierno nacional y las provincias que tuvo el apoyo de los gobernadores. Los mandatarios provinciales quieren asegurarse de no perder ingresos procedentes de ese gravamen.
El texto aprobado este viernes suprimió la modificación propuesta originalmente en torno a las formas de distribución del gravamen.
El derecho a reunión y manifestación también estaba entre las modificaciones propuestas inicialmente por el Gobierno. Puntualmente buscaba una reformulación del artículo 194 del Código Penal.
El nuevo proyecto mantiene tal reformulación, pero deja de lado puntos sensibles como la definición de “reunión o manifestación” pretendida por el oficialismo y considerado por la oposición como contrario al derecho de reunión garantizado en la Constitución: “La congregación intencional y temporal de tres o más personas en un espacio público con el propósito del ejercicio de los derechos aludidos en la presente”, decía el artículo original dentro del proyecto del Ejecutivo.
En otro ámbito, quedó fuera uno más de los capítulos que mayor polémica había generado: la reforma del sistema electoral, que buscaba establecer la elección de diputados por circunscripciones uninominales, que cambiaba por completo la forma de representación legislativa. De esta manera, cada distrito quedaba dividido en circunscripciones en las cuales se elegía un único candidato titular y uno suplente, en lugar del actual sistema de representación proporcional con mayorías y minorías.
En el mismo sentido, se suprimieron los cambios en el régimen federal de pesca, en los fondos fiduciarios del sector energético y en el régimen de protección de bosques nativos, entre otros aspectos.
¿Qué falta para que se convierta en ley?
El martes comienza la votación en particular. Allí los diputados debatirán y votarán artículo por artículo, por lo que podrían esperarse nuevas modificaciones antes de que se convierta en ley, o incluso que se agreguen o eliminen nuevos artículos.
Una vez pasada esa instancia, el proyecto saldrá de la Cámara de Diputados, que en este caso actúa como cámara de origen, y pasará al Senado, que será la cámara revisora.
En la Cámara Alta, el proyecto debería ser tratado nuevamente en comisiones parlamentarias, pero los senadores pueden omitir esta instancia y llevarlo directamente al recinto, algo que requeriría un acuerdo político por ahora difícil de prever.
Allí los legisladores podrán optar por tres caminos. En primer lugar, pueden aprobar el proyecto tal cual lo reciban de Diputados, y posteriormente remitirlo al Poder Ejecutivo, que tiene la facultad de vetarlo total o parcialmente.
En segundo lugar, pueden rechazarlo. Esto no sería algo menor, ya que implica que el proyecto no puede volver a tratarse en el cuerpo legislativo en el actual período de sesiones.
Finalmente, pueden optar por modificarlo. Si se elige esta vía, el proyecto regresará a la cámara de origen, que deberá aprobar o rechazar cualquier modificación. Nuevamente, si se opta por el voto negativo, la ley no puede volver a tratarse hasta el próximo período legislativo.
Los diputados pueden insistir en la redacción original del proyecto, determinada antes de su envío al Senado, pero esta alternativa reviste un grado particular de complejidad, ya que dependerá de las mayorías que la votación alcance en la cámara revisora. En Diputados necesitará alcanzar la misma proporción de votos para lograr su propósito.
