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El Consejo de la Unión Europea sanciona a la fiscal general de Guatemala Consuelo Porras y otros funcionarios por 'socavar la democracia'
(CNN Español) -- El Consejo de la Unión Europea sancionó a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, y a otros cuatro funcionarios por llevar a cabo "acciones que socavan la democracia, el Estado de Derecho o la transferencia pacífica del poder en Guatemala", según un comunicado.
Además de Porras, en el listado de los señalados, difundido por la oficina de la Unión Europea en Guatemala, están el juez Fredy Orellana, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, José Rafael Curruchiche, y dos miembros más del Ministerio Público guatemalteco: el secretario general, Ángel Arnoldo Pineda, y la fiscal Leonor Morales.
Los sancionados estarán sujetos a una congelación de activos y no podrán entrar o transitar por territorios de la Unión Europea, mientras que las empresas y personas particulares de la UE tendrán prohibido poner fondos a su disposición, se explicó en el comunicado.
CNN ha intentado comunicarse con los señalados sin éxito hasta el momento.
El Ministerio Público rechazó este viernes los señalamientos del Consejo Europeo y los calificó de "espurios, maliciosos y antidemocráticos", según un comunicado.
"Estos ataques sistemáticos buscan intimidar y coaccionar a funcionarios del Ministerio Público y suponen una grave amenaza contra el régimen de legalidad y la democracia en Guatemala, con un claro interés de obstaculizar la justicia y detener investigaciones en curso para beneficiar a determinados actores", se agregó en la nota de prensa, sin hacer alusión directa a ninguna persona.
Hasta este viernes, ni el juez Orellana ni el Organismo Judicial de Guatemala se habían pronunciado sobre las sanciones anunciadas por el Consejo Europeo.
Porras y Curruchiche han sido previamente sancionados por Estados Unidos por presuntamente estar involucrados en actos de corrupción, mientras que Orellana también ha sido sancionado por Washington por supuestamente minar los procesos democráticos y sus instituciones al autorizar "cargos penales infundados y con motivación política contra periodistas que ejercían su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca".
Los tres funcionarios jugaron un papel clave durante la última campaña presidencial, al investigar presuntos delitos cometidos por el ahora presidente Bernardo Arévalo para la formación de su partido, Semilla, los cuales fueron calificados por el mismo Arévalo y por organismos internacionales como un intento de "golpe de Estado" liderado desde el Ministerio Público.
En su comunicado de este viernes, el Ministerio Público dijo que "continuará fuerte y firme en sus investigaciones a fin de garantizar el estricto cumplimiento de la ley y averiguación de la verdad".
