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Fiscalía de Ecuador investiga proyecto inmobiliario de la esposa del presidente Noboa, que afectaría un bosque; el Gobierno defiende el permiso que otorgó en 2023
(CNN Español) -- Un proyecto inmobiliario que promueve una empresa de la que es accionista Lavinia Valbonesi, la esposa del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha generado una ola de reacciones debido a la intención de construir un complejo de edificios en una zona de bosque considerada por ambientalistas como indispensable para el desarrollo ecológico y el cuidado de especies endémicas en la localidad de Olón, en la provincia de Santa Elena, en la costa ecuatoriana.
CNN confirmó —a través de la página oficial de la Superintendencia de Compañías de Ecuador— que Valbonesi consta como accionista en la empresa en cuestión, denominada Vinazin S.A.
Tanto el presidente como su esposa dieron la bienvenida a la investigación como un paso necesario para aclarar la situación, mientras la ministra de Ambiente afirmó que el proyecto no afecta un área protegida, ni impacta manglares o especies nativas.
Varios miembros de las comunidades de la zona, así como organizaciones y fundaciones de defensa del ambiente, han protestado durante esta semana contra la construcción del proyecto pues consideran que se ubica en una zona sensible para la naturaleza del lugar debido a la existencia de manglares y otras especies endémicas. Miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas fueron enviados al lugar para controlar a los comuneros.
“Este espacio ha sido por 23 años un bosque protector declarado por el Ministerio del Ambiente, fue impulsado por los mismos moradores y comuneros. Entonces, ese espacio ha servido con fines turísticos, económicos de la población, gastronómicos y de identidad. No solo es un esterillo que tiene manglar y otras especies, esto es un espacio de desfogue del agua que viene de la cordillera y desemboca en el mar”, indicó Andrea Fiallos, directora de la Fundación Iguana, a FM Mundo, radio afiliada a CNN. Esterillo Oloncito fue declarado bosque protector en 2001, durante la presidencia de Gustavo Noboa, padre del actual mandatario.
Por otra parte, varias organizaciones ambientalistas y sectores opositores al Gobierno han cuestionado que el Ministerio de Ambiente haya otorgado el registro ambiental para la construcción de la obra de forma rápida a inicios de diciembre, cuando Noboa llevaba pocos días de haber asumido el poder.
Por ejemplo, el asambleísta Jorge Peñafiel, del Movimiento Construye, considera que existe un “conflicto de interés” de la familia presidencial en este proyecto. Este jueves, durante la comparecencia de la ministra de Ambiente, Sade Fritschi, en la comisión de Biodiversidad de la Asamblea, Peñafiel le pidió explicaciones sobre la concesión de los permisos, pero no obtuvo una respuesta debido a que el presidente de la comisión no dio paso a su interrogante.
“Intentan atacarnos”: la reacción gubernamental luego de que la Fiscalía inició una investigación
La Fiscalía General del Estado confirmó a CNN que ha iniciado una investigación previa sobre este caso, sin dar mayores detalles sobre el delito que se estaría indagando.
“Como en todos los casos de los cuales tiene conocimiento la Fiscalía General, se ha abierto una investigación previa”, respondió a CNN el Departamento de Comunicación de la institución.
Mientras que Noboa se pronunció en su cuenta de X, antes Twitter, sobre la apertura de la investigación y consideró los señalamientos de presuntas irregularidades en este proyecto como ataques de grupos políticos.
“La decisión de Fiscalía de iniciar un proceso de investigación previa sobre el proyecto inmobiliario del que grupos políticos han tratado de aprovecharse les dará a los ecuatorianos la claridad que se merecen. Mientras intentan atacarnos, nosotros continuaremos nuestro trabajo en las obras que realmente le importan a los ecuatorianos”, enfatizó Noboa.
Su esposa se pronunció en su cuenta de Instagram con mensajes breves. “Esto es lo que los ecuatorianos necesitamos para aclarar esta situación. Esta y todas las investigaciones sobre este caso son bienvenidas”, precisó Valbonesi.
CNN contactó a una representante del equipo de Valbonesi, quien indicó que no hará más comentarios sobre el tema por el momento.
Mientras que Valentina Centeno, legisladora del movimiento oficialista ADN, dijo a la cadena local Teleamazonas que los señalamientos al proyecto de la familia del presidente se reducen a un tema político.
“Es un tema eminentemente político, estamos hablando de un proyecto privado, que cumple todos los procedimientos. Es un tema eminentemente político, de un ataque sistematizado en contra de la imagen del presidente de la República y es lamentable que esto tenga que escalar a la Asamblea Nacional”, señaló Centeno.
Ministra de Ambiente defiende autorización del proyecto
La ministra de Ambiente de Ecuador, Sade Fritschi, defendió la autorización otorgada para la construcción del “proyecto urbanístico Echo”, en un comunicado difundido en X. La ministra enfatiza que la zona “no corresponde a un área protegida”.
“Dicho proyecto intersecta con el bosque y vegetación protector natural Esterillo Oloncito en un 16%. De acuerdo con la normativa vigente desde 2017, se permitirá la implementación de actividades productivas, sostenibles y la ejecución de obras públicas o privadas en bosques protectores”, sostiene Fritschi.
Además, la ministra asegura que la zona ya habría sido intervenida previamente —sin precisar en el comunicado en qué operaciones previas—; y que en el espacio de desarrollo del proyecto “no existe presencia de manglar ni de especies endémicas”. Esta versión se contradice con la de los residentes de la zona, que aseguran que el manglar y los algarrobos corren peligro y han empezado a cortarse.
La ministra Fritschi indicó en su comunicado que el trámite para el proyecto comenzó en la gestión anterior. Esta afirmación fue rechazada por el exministro de Ambiente, José Dávalos, que en dos cartas enviadas a los periodistas, incluyendo a CNN, explicó que los trámites para la ejecución de este proyecto se realizaron en el Gobierno actual y explicó que se deben pasar varios procesos incluyendo una “consulta ambiental” para el desarrollo en zonas consideradas “bosques protectores”.
“Que se trata de un área protegida. No, es un Bosque y Vegetación Protector. La diferencia es sutil, ya en lo técnico implica un diferente grado de protección, sí, pero protección al fin. Esta protección exige rigurosidad en la obtención de los permisos, y esta se traduce en la necesidad de contar con este paso previo, un filtro adicional, que es el Informe de Viabilidad Ambiental”, precisó Dávalos.
El caso ha despertado un debate intenso en Ecuador de grupos ambientalistas, juristas, expertos en derecho ambiental, políticos, autoridades y detractores del Gobierno.
