CNNEarrow-downclosecomment-02commentglobeplaylistsearchsocial-facebooksocial-googleplussocial-instagramsocial-linkedinsocial-mailsocial-moresocial-twittersocial-whatsapp-01social-whatsapptimestamptype-audiotype-gallery

Donald Trump

Donald Trump

Ciudadanía por nacimiento: Trump dice que solo EE.UU. la otorga y no es verdad

Por James Griffiths

(CNN) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió el martes revocar el derecho a la ciudadanía por nacimiento — el proceso mediante el cual los bebés nacidos en este país adquieren la nacionalidad automáticamente — mediante un decreto presidencial, y aseguró que la nación es la única en todo el mundo que garantiza ese derecho. 

Aunque Trump dice que sus asesores legales le aseguraron que su plan es posible, legisladores demócratas y republicanos inmediatamente cuestionaron los comentarios de Trump, realizados durante una entrevista con Axios en HBO (CNN y HBO comparten la misma empresa matriz, WarnerMedia).

Los comentarios de Trump fueron realizados durante una entrevista con Axios en HBO.

El líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Paul Ryan, dijo simplemente que “uno no puede poner fin a la ciudadanía por nacimiento con un decreto presidencial”.

Pero aunque gran parte del debate se concentró sobre la constitucionalidad de dicha medida, la otra aseveración del presidente — una que fácilmente se puede demostrar que es falsa — fue un poco ignorada.

De acuerdo con el CIA World Factbook, unas tres docenas de países alrededor del mundo reconocen actualmente el jus soli, el término en latín para “derecho de suelo”, comúnmente conocido en Estados Unidos como ciudadanía por nacimiento.

La mayor parte de estas naciones son, como Estados Unidos, parte del continente americano y tienen una historia de colonización e inmigración masiva desde Europa, entre ellos Canadá, Venezuela, Chile, Perú, México y Uruguay.

Varios países garantizan un jus soli casi sin condiciones, como Brasil, que garantiza el derecho a la ciudadanía a cualquiera nacido en el país, “incluso de padres extranjeros, siempre que ellos no estén al servicio de su país”.

Aunque la mayor parte de los países que otorgan el jus soli están en el continente americano, Pakistán y Lesotho también reconocen el derecho a la ciudadanía por nacimiento, pero el segundo también lo restringe a los hijos de diplomáticos extranjeros, como Brasil.

La India originalmente reconocía el jus soli, pero empezó a restringirlo en la década de los 80 antes de abolirlo definitivamente en 2004.

Si bien la ciudadanía por derecho de nacimiento no es tan poco común como afirma Trump, la mayoría de los países sí la restringen de alguna forma. En Australia, por ejemplo, un bebé nacido en el país puede obtener la ciudadanía si uno de sus padres es ciudadano o residente permanente, o si nace en el país y sus padres son extranjeros, pero pasa los primeros 10 años de su vida en Australia.

En Reino Unido, debido al largo historial del imperio británico y sus intentos para negar derechos a personas de sus antiguas colonias, el proceso es tan complicado que el Ministerio del Interior cuenta con una herramienta en línea que ayuda a los usuarios a revisar si califican para obtener la ciudadanía británica.

Derecho de sangre

El jus soli deriva del derecho anglosajón (common law), el sistema utilizado en la mayoría de países de habla inglesa y antiguas colonias británicas. En los sistemas de derecho civil, como son los de la mayoría de naciones europeas, el principio dominante es el de jus sanguinis, el “derecho de sangre”.

Muchos países también adoptan una combinación de jus soli y jus sanguinis, garantizando la ciudadanía a niños nacidos en el país y a aquellos nacidos de padres que son ciudadanos, pero viven en el extranjero.

En Estados Unidos, la ciudadanía se determina por la Enmienda 14 de la Constitución, que dice: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de Estados Unidos”.

A pesar de que Trump asegura que puede revocar este derecho con un decreto, esto es casi prácticamente imposible sin una reforma a la Constitución, el laborioso proceso por el que el Congreso de Estados Unidos y los estados del país pueden votar para cambiar la Constitución.